Victoria por la identidad trans

“Los seres humanos no nacen para siempre el día que sus madres los alumbran: la vida los obliga a parirse a sí mismos una y otra vez, a modelarse, a transformarse, a interrogarse (a veces sin respuesta), a preguntarse para qué diablos han llegado a la tierra y qué deben hacer en ella”. Así se refirió Gabriel García Márquez sobre la identidad humana. Sus palabras fueron retomadas por el ministro de Justicia, Yesid Reyes, como un reconocimiento a la diferencia, a los derechos de las personas transgénero en el país.

En la Notaría 65 de Bogotá, la viceministra de Justicia, Ana María Ramos, leyó las palabras de Reyes mientras se materializaba una promesa de la Constitución del 91, que por décadas fue inexistente para los trans: que cada persona pueda desarrollar su vida de acuerdo a su propia construcción de identidad. Ayer, junto a Ramos estaban las primeras diez personas trans, que cambiaron el componente sexo de su documento, sin más trámites que una declaración juramentada. Ni más ni menos, según el decreto 1227 de 2015, que firmó recientemente el Gobierno.

De esta forma, pueden tener una cédula de ciudadanía que refleje su identidad sexual. “Un paso más para reconocer una sociedad igualitaria (...)”, celebró Reyes y aseguró: “Durante un largo periodo, quizá demasiado, el Estado no ha garantizado materialmente los derechos de la población transgénero. Es más, en ocasiones se han creado barreras para que el sistema jurídico pueda reconocer formalmente el género al que pertenecen, de acuerdo con su definición de identidad sexual. Una de esas barreras, era tener que acudir a una vía judicial para ajustar el componente sexo de su registro civil”.

Esta exigencia judicial, que podía demorar más de tres años, resultaba indigna, porque las personas trans debían someterse a pruebas invasivas: un certificado médico de una intervención quirúrgica de cambio de sexo o un dictamen psiquiátrico de disforia de género (un trastorno mental). Dos requisitos que implicaban que las personas trans debían declararse anormales y enfermas para acceder a este derecho, reconocido por la Corte Constitucional (sentencias T-099 y T-063 de 2015) y por la jurisprudencia internacional.

“A mí me obligaron a sacar libreta militar y ponerme corbata para la foto. Fue humillante. Mi universidad insistía en usar el género masculino para referirse a mí y eso me generó tal aislamiento que decidí dejar de estudiar”, dijo Laura Weinstein, Directora del Grupo de Acción y Apoyo a Personas Transgénero (GAAT), quien hace muy poco quiso cambiar algunos dólares para viajar, pasó su cédula y cuando el vendedor vio que el sexo masculino no correspondía a su apariencia, llamó a la Policía. Weinstein tuvo que esperar casi una hora hasta que la requisaron y revisaron.

“La mayor barrera que teníamos por cuenta de no poder cambiar el componente sexo en la cédula, era el acceso laboral. Cuando he presentado mi documento y aparecía sexo femenino, inmediatamente se activaba la discriminación”, asegura Camilo Losada, de la organización trans Hombres en Desorden.

“Este decreto es apenas el comienzo en la lucha por la inclusión social de las personas trans por parte del Estado, ya que temas como el trato diferencial en el Sistema de Salud, la definición de la situación militar, y el acceso a nivel laboral y educativo aún siguen siendo sólo un sueño para muchas personas trans en Colombia”, aseguró Andrew Aguacía, hombre transgénero, miembro de la organización Hombres en Desorden.

Otros vacíos jurídicos no resueltos con este decreto, como la situación jurídica de los hijos de quienes decidan hacer la modificación en su documento de identidad o el trato diferencial en el sistema carcelario, son algunos temas que espera la comunidad LGBTI que el Congreso resuelva con la aprobación de una ley de identidad de género.

Por lo pronto, el reciente decreto que firmó el Gobierno pone al país a la vanguardia jurídica del mundo en cuanto a la protección de los derechos de las personas trans a cambiar jurídicamente su sexo. Suecia fue el primer país que reglamentó este estado civil cuando promulgó una ley en abril de 1972. Desde entonces, muchos países han caminado en esa dirección.

En América Latina, Argentina fue el primer país en dar ejemplo, con la ley 26.743 de 2012, que consagró la posibilidad de rectificar los datos registrales, siempre que la persona fuera mayor de edad o que lo hiciera a través de sus representantes legales en caso de no serlo. Esto, sin exigir alguna intervención quirúrgica de reasignación total o parcial de sexo, ni la acreditación de terapias hormonales u otro tratamiento psicológico o médico.

Ayer, por primera vez, cinco mujeres y cinco hombres trans pudieron modificar su sexo con un trámite ágil y expedito. Ayer, por primera vez, (parafraseando al ministro Reyes) un notario expidió una escritura pública para modificar el género en documentos de identidad. Ayer, como pocas veces, las normas trascendieron el papel para garantizar derechos de la población transgénero en el país.

“Los seres humanos no nacen para siempre el día que sus madres los alumbran: la vida los obliga a parirse a sí mismos una y otra vez, a modelarse, a transformarse, a interrogarse (a veces sin respuesta), a preguntarse para qué diablos han llegado a la tierra y qué deben hacer en ella”. Así se refirió Gabriel García Márquez sobre la identidad humana. Sus palabras fueron retomadas por el ministro de Justicia, Yesid Reyes, como un reconocimiento a la diferencia, a los derechos de las personas transgénero en el país.

En la Notaría 65 de Bogotá, la viceministra de Justicia, Ana María Ramos, leyó las palabras de Reyes mientras se materializaba una promesa de la Constitución del 91, que por décadas fue inexistente para los trans: que cada persona pueda desarrollar su vida de acuerdo a su propia construcción de identidad. Ayer, junto a Ramos estaban las primeras diez personas trans, que cambiaron el componente sexo de su documento, sin más trámites que una declaración juramentada. Ni más ni menos, según el decreto 1227 de 2015, que firmó recientemente el Gobierno.

De esta forma, pueden tener una cédula de ciudadanía que refleje su identidad sexual. “Un paso más para reconocer una sociedad igualitaria (...)”, celebró Reyes y aseguró: “Durante un largo periodo, quizá demasiado, el Estado no ha garantizado materialmente los derechos de la población transgénero. Es más, en ocasiones se han creado barreras para que el sistema jurídico pueda reconocer formalmente el género al que pertenecen, de acuerdo con su definición de identidad sexual. Una de esas barreras, era tener que acudir a una vía judicial para ajustar el componente sexo de su registro civil”.

Esta exigencia judicial, que podía demorar más de tres años, resultaba indigna, porque las personas trans debían someterse a pruebas invasivas: un certificado médico de una intervención quirúrgica de cambio de sexo o un dictamen psiquiátrico de disforia de género (un trastorno mental). Dos requisitos que implicaban que las personas trans debían declararse anormales y enfermas para acceder a este derecho, reconocido por la Corte Constitucional (sentencias T-099 y T-063 de 2015) y por la jurisprudencia internacional.

“A mí me obligaron a sacar libreta militar y ponerme corbata para la foto. Fue humillante. Mi universidad insistía en usar el género masculino para referirse a mí y eso me generó tal aislamiento que decidí dejar de estudiar”, dijo Laura Weinstein, Directora del Grupo de Acción y Apoyo a Personas Transgénero (GAAT), quien hace muy poco quiso cambiar algunos dólares para viajar, pasó su cédula y cuando el vendedor vio que el sexo masculino no correspondía a su apariencia, llamó a la Policía. Weinstein tuvo que esperar casi una hora hasta que la requisaron y revisaron.

“La mayor barrera que teníamos por cuenta de no poder cambiar el componente sexo en la cédula, era el acceso laboral. Cuando he presentado mi documento y aparecía sexo femenino, inmediatamente se activaba la discriminación”, asegura Camilo Losada, de la organización trans Hombres en Desorden.

“Este decreto es apenas el comienzo en la lucha por la inclusión social de las personas trans por parte del Estado, ya que temas como el trato diferencial en el Sistema de Salud, la definición de la situación militar, y el acceso a nivel laboral y educativo aún siguen siendo sólo un sueño para muchas personas trans en Colombia”, aseguró Andrew Aguacía, hombre transgénero, miembro de la organización Hombres en Desorden.

Otros vacíos jurídicos no resueltos con este decreto, como la situación jurídica de los hijos de quienes decidan hacer la modificación en su documento de identidad o el trato diferencial en el sistema carcelario, son algunos temas que espera la comunidad LGBTI que el Congreso resuelva con la aprobación de una ley de identidad de género.

Por lo pronto, el reciente decreto que firmó el Gobierno pone al país a la vanguardia jurídica del mundo en cuanto a la protección de los derechos de las personas trans a cambiar jurídicamente su sexo. Suecia fue el primer país que reglamentó este estado civil cuando promulgó una ley en abril de 1972. Desde entonces, muchos países han caminado en esa dirección.

En América Latina, Argentina fue el primer país en dar ejemplo, con la ley 26.743 de 2012, que consagró la posibilidad de rectificar los datos registrales, siempre que la persona fuera mayor de edad o que lo hiciera a través de sus representantes legales en caso de no serlo. Esto, sin exigir alguna intervención quirúrgica de reasignación total o parcial de sexo, ni la acreditación de terapias hormonales u otro tratamiento psicológico o médico.

Ayer, por primera vez, cinco mujeres y cinco hombres trans pudieron modificar su sexo con un trámite ágil y expedito. Ayer, por primera vez, (parafraseando al ministro Reyes) un notario expidió una escritura pública para modificar el género en documentos de identidad. Ayer, como pocas veces, las normas trascendieron el papel para garantizar derechos de la población transgénero en el país.