Villa Esperanza: la búsqueda por legalizar un barrio de Soacha

La última vez que Luceida Rodríguez pudo ver fue el 4 de julio de 2022. Desde entonces perdió la visión. Ese día el caudal de la quebrada Tibanica arrastró parte de su casa y lo poco que quedó en pie lo invadió la espuma contaminante. Ella y los siete integrantes de su familia recuperaron dos camas, algo de ropa y dos cobijas. Al día siguiente caminaron 800 metros montaña arriba y en un anillo rural, que rodea al barrio Villa Esperanza El Barreno (Soacha) levantaron un nuevo hogar. No hay luz, ni agua y menos gas. Llevan un mes viviendo en pobreza extrema.

Como esta familia, en un espacio de unos 300 metros cuadrados, viven otras siete. Han construido sus viviendas con madera, latas y cualquier objeto que sirva para repeler el frío de la madrugada y el fétido olor de la quebrada. Dicen que no tienen a dónde ir. Buena parte son desplazados y la única oportunidad fue asentarse en un barrio que busca ser legalizado. Saben que, de lograrlo, les tocará pagar impuestos. Aunque no tienen para paredes de concreto, quieren contribuir. “Todo sea para vivir mejor”.

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Hace un mes la Alcaldía de Bogotá y el DANE publicaron la Encuesta Multipropósito Bogotá y Cundinamarca 2021. La medición se hace cada dos años para identificar el crecimiento de la población y sus condiciones. En esta ocasión la encuesta tenía 961 preguntas y se aplicó a personas de 19 localidades, 21 municipios, y siete centros poblados y rurales. En Soacha, cuando se les preguntó a 258.953 habitantes si se consideraban pobres, 98.526 dijeron sí. La misma encuesta preguntó sobre el material de las paredes y el piso de las casas: 1.732 dijeron que eran madera, cartón y otros desechos. Otras 2.392 dijeron que el piso era de tierra.

Ni a Luceida ni a los vecinos de las otras 360 viviendas de Villa Esperanza El Barreno los tuvieron en cuenta para el censo, por lo que los datos de pobreza extrema podrían ser mayores. Ellos viven en un valle acechado por una montaña que se podría venir abajo. Todos los días piensan en cuándo les cambiará la vida. Aseguran que acudir a las autoridades es contraproducente, porque la respuesta es que deben irse de allí. Pero ellos se resisten a dejar el terreno en el que desde 1993 luchan por una vivienda digna. Hoy están entre el desespero, el hambre y la esperanza de ver “si con la legalidad sí nos sonríe el destino”, dicen.

Villa Esperanza

Si algo no pierden Luceida y su esposo William Sánchez es la confianza en sí mismos. Hace casi dos décadas se conocieron en un hogar de paso para desplazados y otras personas que están en busca de una oportunidad. “El destino nos unió y ahora soy los ojos de esa mujer”, dice Sánchez, quien cuenta que hace 12 años llegaron a Villa Esperanza, porque su suegra reside allí y les dijo que al lado podían “armar una casa”. En un predio de siete metros cuadrados, con latas y madera, armaron el hogar de ocho personas, casi todos hijos del primer matrimonio de Luceida.

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En los últimos dos años, ella empezó a sufrir un intenso estrés que le subía la tensión, por las precarias condiciones en las que vivían. Asegura Luceida que su salud decayó y empezó a perder la vista. “Un día dejé de ver por un ojo, fui al médico y me dijo que me iba a quedar ciega. Para el otro ojo tenía que usar gafas con mucho aumento. La vista se apagó el 4 de julio, cuando perdimos la casa”, dice.

Insiste en que el estrés la dejó en ese estado, pero médicamente no está probado, pues no hubo diagnóstico detallado. Le dijeron que podía operarse, pero valía $30 millones. “Si no tenemos ni casa... de dónde para la operación. Queremos que la vea un médico y que le digan si tiene oportunidad de volver a ver”, dice William, mientras en una caneca de metal mete un par de palos y sobre un improvisado fogón pone una olla para hacer tinto. Son las 8:30 a.m. y será el desayuno de todos.

Al lado de los Rodríguez Sánchez vive Adriana Buitrago, con su esposo y ocho hijos. No son desplazados, pero nunca tuvieron vivienda, entonces han estado entre Bogotá y Soacha, buscando dónde pernoctar. Hace 10 años llegaron a Villa Esperanza y echaron raíces. Su historia es diferente a la de sus vecinos, pero igual de dramática. Estaban ubicados en la parte posterior del barrio y una noche, en medio de intensa lluvia, una enorme roca por poco los mata. Lo mismo ha vivido Blanca Rodríguez, quien tiene dos hijos. En un intento por reubicarse, terminaron en la parte alta de la montaña y como están más cerca del cielo, esperan que sus plegarias sean escuchadas. “Queremos que legalicen el barrio. Tendremos que pagar, pero no importa. Lo que necesitamos son mejores condiciones para vivir, pero acá mismo”, dice Adriana.

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En busca de la legalidad

Los primeros pobladores de Villa Esperanza llegaron en 1993, casi todos huyendo de la guerra. Desde entonces han librado una batalla por la legalización del sector. Por ahora solo tienen personería jurídica, por eso los servicios públicos son escasos: menos de la mitad tiene agua. El acueducto llegó hasta la entrada del barrio y de ahí los residentes metieron tubería.

Según José Vidol Capera, líder de la comunidad desde 2001, en su propósito por legalizar el barrio han encontrado puertas cerradas y la sentencia de que están en zona de riesgo y deben desalojar. “Dicen que la montaña de al lado se puede ir abajo. Por eso, la zona en peligro la desalojamos. Que vengan y vean cómo vivimos, para que nos ayuden a legalizar. Esto no nos lo tomamos ayer. La mayoría pagamos los lotes hace años y son nuestros”, dice Capera.

Respecto a esto, la Encuesta Multipropósito señala que por lo menos 30.838 viviendas de Soacha, de 135.687 censadas, no tienen escrituras. Si bien no significa que todas sean invasiones, la cifra sí demostraría que los compradores de esos terrenos adquiridos legalmente no tienen derechos sobre estos solamente por falta de documentos. El líder reconoce que hay por lo menos 100 viviendas ilegales, pero trabaja con la comunidad para evitar que el barrio se siga expandiendo, y, por el contrario, quienes están allí tengan la seguridad de que una avalancha de tierra no les caerá encima. “Pedimos agua potable y tubería de aguas negras, si no el agua se seguirá filtrando y ahí sí hay peligro. Sabemos que hay que pagar y estamos dispuestos”, agrega.

Oficialmente no hay un censo sobre ocupaciones ilegales en Soacha, porque, así como Villa Esperanza, otros sectores de la Comuna 4 de Cazucá han sido identificados. Las autoridades de emergencias dicen conocer algunas poblaciones cuando reportan riesgo. De lo contrario, son sitios invisibles ante la ley. Por lo pronto queda esperar que la institución los escuche y busquen una solución. La legalidad les cambiaría la vida.

La última vez que Luceida Rodríguez pudo ver fue el 4 de julio de 2022. Desde entonces perdió la visión. Ese día el caudal de la quebrada Tibanica arrastró parte de su casa y lo poco que quedó en pie lo invadió la espuma contaminante. Ella y los siete integrantes de su familia recuperaron dos camas, algo de ropa y dos cobijas. Al día siguiente caminaron 800 metros montaña arriba y en un anillo rural, que rodea al barrio Villa Esperanza El Barreno (Soacha) levantaron un nuevo hogar. No hay luz, ni agua y menos gas. Llevan un mes viviendo en pobreza extrema.

Como esta familia, en un espacio de unos 300 metros cuadrados, viven otras siete. Han construido sus viviendas con madera, latas y cualquier objeto que sirva para repeler el frío de la madrugada y el fétido olor de la quebrada. Dicen que no tienen a dónde ir. Buena parte son desplazados y la única oportunidad fue asentarse en un barrio que busca ser legalizado. Saben que, de lograrlo, les tocará pagar impuestos. Aunque no tienen para paredes de concreto, quieren contribuir. “Todo sea para vivir mejor”.

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Hace un mes la Alcaldía de Bogotá y el DANE publicaron la Encuesta Multipropósito Bogotá y Cundinamarca 2021. La medición se hace cada dos años para identificar el crecimiento de la población y sus condiciones. En esta ocasión la encuesta tenía 961 preguntas y se aplicó a personas de 19 localidades, 21 municipios, y siete centros poblados y rurales. En Soacha, cuando se les preguntó a 258.953 habitantes si se consideraban pobres, 98.526 dijeron sí. La misma encuesta preguntó sobre el material de las paredes y el piso de las casas: 1.732 dijeron que eran madera, cartón y otros desechos. Otras 2.392 dijeron que el piso era de tierra.

Ni a Luceida ni a los vecinos de las otras 360 viviendas de Villa Esperanza El Barreno los tuvieron en cuenta para el censo, por lo que los datos de pobreza extrema podrían ser mayores. Ellos viven en un valle acechado por una montaña que se podría venir abajo. Todos los días piensan en cuándo les cambiará la vida. Aseguran que acudir a las autoridades es contraproducente, porque la respuesta es que deben irse de allí. Pero ellos se resisten a dejar el terreno en el que desde 1993 luchan por una vivienda digna. Hoy están entre el desespero, el hambre y la esperanza de ver “si con la legalidad sí nos sonríe el destino”, dicen.

Villa Esperanza

Si algo no pierden Luceida y su esposo William Sánchez es la confianza en sí mismos. Hace casi dos décadas se conocieron en un hogar de paso para desplazados y otras personas que están en busca de una oportunidad. “El destino nos unió y ahora soy los ojos de esa mujer”, dice Sánchez, quien cuenta que hace 12 años llegaron a Villa Esperanza, porque su suegra reside allí y les dijo que al lado podían “armar una casa”. En un predio de siete metros cuadrados, con latas y madera, armaron el hogar de ocho personas, casi todos hijos del primer matrimonio de Luceida.

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En los últimos dos años, ella empezó a sufrir un intenso estrés que le subía la tensión, por las precarias condiciones en las que vivían. Asegura Luceida que su salud decayó y empezó a perder la vista. “Un día dejé de ver por un ojo, fui al médico y me dijo que me iba a quedar ciega. Para el otro ojo tenía que usar gafas con mucho aumento. La vista se apagó el 4 de julio, cuando perdimos la casa”, dice.

Insiste en que el estrés la dejó en ese estado, pero médicamente no está probado, pues no hubo diagnóstico detallado. Le dijeron que podía operarse, pero valía $30 millones. “Si no tenemos ni casa... de dónde para la operación. Queremos que la vea un médico y que le digan si tiene oportunidad de volver a ver”, dice William, mientras en una caneca de metal mete un par de palos y sobre un improvisado fogón pone una olla para hacer tinto. Son las 8:30 a.m. y será el desayuno de todos.

Al lado de los Rodríguez Sánchez vive Adriana Buitrago, con su esposo y ocho hijos. No son desplazados, pero nunca tuvieron vivienda, entonces han estado entre Bogotá y Soacha, buscando dónde pernoctar. Hace 10 años llegaron a Villa Esperanza y echaron raíces. Su historia es diferente a la de sus vecinos, pero igual de dramática. Estaban ubicados en la parte posterior del barrio y una noche, en medio de intensa lluvia, una enorme roca por poco los mata. Lo mismo ha vivido Blanca Rodríguez, quien tiene dos hijos. En un intento por reubicarse, terminaron en la parte alta de la montaña y como están más cerca del cielo, esperan que sus plegarias sean escuchadas. “Queremos que legalicen el barrio. Tendremos que pagar, pero no importa. Lo que necesitamos son mejores condiciones para vivir, pero acá mismo”, dice Adriana.

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En busca de la legalidad

Los primeros pobladores de Villa Esperanza llegaron en 1993, casi todos huyendo de la guerra. Desde entonces han librado una batalla por la legalización del sector. Por ahora solo tienen personería jurídica, por eso los servicios públicos son escasos: menos de la mitad tiene agua. El acueducto llegó hasta la entrada del barrio y de ahí los residentes metieron tubería.

Según José Vidol Capera, líder de la comunidad desde 2001, en su propósito por legalizar el barrio han encontrado puertas cerradas y la sentencia de que están en zona de riesgo y deben desalojar. “Dicen que la montaña de al lado se puede ir abajo. Por eso, la zona en peligro la desalojamos. Que vengan y vean cómo vivimos, para que nos ayuden a legalizar. Esto no nos lo tomamos ayer. La mayoría pagamos los lotes hace años y son nuestros”, dice Capera.

Respecto a esto, la Encuesta Multipropósito señala que por lo menos 30.838 viviendas de Soacha, de 135.687 censadas, no tienen escrituras. Si bien no significa que todas sean invasiones, la cifra sí demostraría que los compradores de esos terrenos adquiridos legalmente no tienen derechos sobre estos solamente por falta de documentos. El líder reconoce que hay por lo menos 100 viviendas ilegales, pero trabaja con la comunidad para evitar que el barrio se siga expandiendo, y, por el contrario, quienes están allí tengan la seguridad de que una avalancha de tierra no les caerá encima. “Pedimos agua potable y tubería de aguas negras, si no el agua se seguirá filtrando y ahí sí hay peligro. Sabemos que hay que pagar y estamos dispuestos”, agrega.

Oficialmente no hay un censo sobre ocupaciones ilegales en Soacha, porque, así como Villa Esperanza, otros sectores de la Comuna 4 de Cazucá han sido identificados. Las autoridades de emergencias dicen conocer algunas poblaciones cuando reportan riesgo. De lo contrario, son sitios invisibles ante la ley. Por lo pronto queda esperar que la institución los escuche y busquen una solución. La legalidad les cambiaría la vida.