“¿Violencias en el hogar? Diríjase al encargado de la tienda”: secretaria de la Mujer de Bogotá

El más reciente caso de feminicidio en Bogotá fue doblemente atroz: asesinada una joven madre y su hija de 4 años, presuntamente por el padrastro de la niña. ¿Cuáles eran los antecedentes del hombre de quien se sospecha que cometió los dos crímenes?

Este caso puso de nuevo los ojos de la sociedad sobre una de las formas más extremas de ataque que pueden sufrir las mujeres: el feminicidio. En Bogotá no hay antecedentes del sindicado, pero supimos por la Fiscalía que tiene un proceso abierto, por violencia, en Tolima.

Cuando sucede un caso como este en Bogotá, ¿qué papel tiene la Secretaría de la Mujer: ejerce una especie de veeduría ciudadana externa o puede participar del lado de las víctimas en la investigación y el juicio?

Brindamos acompañamiento a las víctimas y a sus familiares en casos de feminicidio y en todo tipo de violencias por género. Al comienzo les damos apoyo psicosocial y orientación jurídica, así como estamos en la representación jurídica, es decir, les aportamos abogados pro bono que se encargan de los casos. Muchos bogotanos no saben que la Secretaría tiene cerca de 50 abogadas especializadas en derecho penal, civil y de familia, una especie de consultorio jurídico.

En este como en muchos otros casos los antecedentes violentos de los asesinos y de los abusadores de mujeres y niños son conocidos por el entorno en que viven. ¿Es posible prever y evitar que lleguen a perpetrar el delito por avisos de los vecinos?

El primer impulso es denunciar, pero no siempre es una decisión fácil. Las familias, los vecinos o los círculos de amistad pueden actuar. Las violencias contra las mujeres y el feminicidio son prevenibles si el Estado y la sociedad actúan a tiempo, pero hay que incrementar la conciencia social, reconocer los comportamientos violentos y denunciarlos. Sumando todo, comunidad activa y oferta institucional, muchos casos se podrían evitar.

Pero, ¿suele ocurrir o no? Ustedes, por ejemplo, tienen avisos tempranos frecuentes sobre un posible ataque o los vecinos prefieren “¿no meterse en rancho ajeno”?

Suceden las dos situaciones. Por eso, la Secretaría decidió fortalecer las relaciones y la alianza con el Instituto de Medicina Legal, entidad que identifica casos valorados de riesgo grave o extremo y de peligro de feminicidio. Medicina Legal evalúa en cuál nivel de riesgo se encuentra la víctima e intercambia la información con nosotras. Sin embargo, es claro que la ciudadanía podría ser mucho más activa en el reporte de los casos que puede conocer en su calle o en el barrio.

Muchas víctimas de violencia física o sexual no denuncian, ya no solo por temor al agresor, sino por la ineficacia del sistema estatal y por la doble victimización que sufren en estaciones de Policía, comisarías de familia y fiscalías. ¿Esto continúa sucediendo pese al rechazo social y mediático que generan esas conductas?

Los estereotipos que hacen ver como naturales y que justifican la discriminación a las mujeres y las violencias contra ellas están arraigados en todas las estructuras tanto de la sociedad como del Estado, incluidas las autoridades responsables de la administración de justicia. Aún encontramos barreras asociadas con la falta de credibilidad de los testimonios de las víctimas, su culpabilización y revictimización en las instancias administrativas y judiciales, entre otros obstáculos que limitan su derecho a acceder a la justicia. La Corte Constitucional se ha pronunciado al respecto instando a que los operadores de justicia sean formados en enfoque de género y en derechos humanos de las mujeres.

¿Se ha avanzado en esta materia o el llamado de la Corte no ha sido atendido?

Hemos mejorado, pero falta gran trecho.

En términos estadísticos, ¿de enero a marzo –cuando comenzó la alcaldía de Claudia López– y después de marzo –cuando empezó la cuarentena obligatoria–, ¿se dispararon los ataques a las mujeres en sus viviendas por el confinamiento como se temía?

Al inicio de la cuarentena las llamadas a la Línea Púrpura (línea de atención a las mujeres que atienden mujeres) aumentaron un 230 %. La mayoría sobre temas de violencia y otras por consultas sobre COVID-19. Pasado el primer mes de confinamiento bajó el número, pero aún hoy tenemos un nivel de más del 100 % sobre las que recibíamos antes del aislamiento. Al día hemos atendido entre la Línea Púrpura y las 60 líneas de las Casas de Igualdad de Oportunidades más de 16 mil llamadas por violencia psicológica en el 48 % de los casos; física, en el 25 %, y en el 20 % por violencia económica o patrimonial.

La que usted denomina “violencia económica o patrimonial”, ¿cómo se ejecuta? Y, ¿por qué la mujer amenazada no reacciona en defensa de lo que también le pertenece ante la ley a ella y a sus hijos?

La violencia económica tiene muchas fases: al principio no parece que lo fuera, por ejemplo, como cuando se le retiene o revisa el celular a su víctima o cuando la obliga a entregarle el sueldo para que lo maneje el victimario. Muchos piensan que estos actos no constituyen violencia, pero lo es. Parte de las tareas que tenemos que desarrollar es la de señalar, identificar y divulgar cómo gestos que parecen cotidianos son, en realidad, violentos y un anticipo de mayor violencia probablemente física, pero también económica, como amenazar con dejarla sin sustento o sin el patrimonio que se haya adquirido. La identificación, divulgación y valoración correcta, sin minimizar los diferentes tipos de violencia tanto de la comunidad como de las propias autoridades, es muy importante.

En ese campo, la alcaldía de López declaró una especie de alerta roja cuando se inició la cuarentena. ¿Cómo enfrenta la Secretaría esta época y con cuáles resultados?

Con la llegada de la cuarentena previmos, por información que llegaba de otros países como Francia y por las cifras que teníamos de años anteriores del Día de la Madre (en 2019 se incrementó en un 30 %), que el confinamiento social aumentaba las violencias contra las mujeres. Ampliamos y adaptamos nuestra oferta de servicios: triplicamos la atención de la Línea Púrpura (01 8000 112137); pasamos, en eficiencia de atención, del 30 % al inicio de la cuarentena al 85 % en la respuesta inmediata. Y buscamos el apoyo de Fenalco y la Policía Metropolitana para crear la estrategia Espacios Seguros, con la que logramos tener más de 700 lugares en Bogotá, en las tiendas D1, Justo&Bueno, Ara, Farmatodo, Tostao y estaciones propias de Terpel. Las mujeres pueden acudir a estos lugares para pedir ayuda y llamar a la Policía o solicitar el contacto con nosotras en la Secretaría de la Mujer. También se sumaron Smart Taxi, Sodexo y BYD, y nos donaron servicio de transporte (que administramos nosotras) para que las mujeres puedan salir de su casa directo a las comisarías de Familia o a la Fiscalía a denunciar. Esta oferta de servicios resuelve barreras difíciles de sortear en la cotidianidad y realmente sirven para que las víctimas puedan romper los círculos de la violencia en que muchas se encuentran atrapadas.

Qué interesante. ¿Cómo actúan las empresas privadas y cuál es el papel de los llamados Espacios Seguros?

Esta estrategia es producción criolla. Surgió porque, en España, lanzaron una similar que llamaron Mascarilla 19: una mujer llegaba a algún sitio público y simplemente decía “Mascarilla 19”. Y se activaban las alarmas, porque era un santo y seña para pedir auxilio. Nos pareció que aquí no era fácil buscar una frase de la que todas se acordaran. Entonces, como estábamos en cuarentena, las mujeres solo estaban saliendo de casa para ir al mercado y a la droguería. Por eso buscamos aliarnos con las tiendas de alimentos. Empezamos con D1, con Justo&Bueno y con Farmatodo, pero después se fueron sumando las otras empresas. Las víctimas, incluso, no tienen que estar enteradas. Simplemente entran al supermercado y se encuentran con un aviso que dice “¿Violencias en el hogar? Diríjase al encargado de la tienda”. Ha funcionado muy bien, porque es una operación sencilla y sin protocolos adicionales a los que ya existen. Si la víctima pide llamar a la Policía, llegan los uniformados del cuadrante a un lugar más seguro para todos. Si no, llegamos nosotras.

¿Cuántos casos se han conocido por esta ruta?

Unos 16 en dos meses y hemos enviado otros casos a autoridades fuera de Bogotá.

También hay redes de apoyo y refugios para las víctimas que denuncian y están en riesgo de ser asesinadas o de volver a ser atacadas. ¿La frecuencia de uso de redes y refugios ha aumentado y en cuánto porcentaje en el último trimestre?

Las mujeres protegidas en las Casas Refugio del Distrito llegan a ellas por una medida de protección emitida por las comisarías de familia o los jueces de control de garantías. En el marco del confinamiento aumentaron las solicitudes de acogida. En marzo pasado fueron acogidas 40 mujeres y sus núcleos familiares, y en abril, 74 más con sus familias. En el Plan de Desarrollo dejamos prevista la ampliación del número de Casas Refugio y la atención rural.

¿Cómo funcionan las Casas de Refugio y qué actividades se desarrollan en ellas, además de servir de vivienda temporal de las víctimas? ¿Hay abogados, terapistas, psicólogos, médicos, etc.?

Las Casas Refugio distritales ofrecen atención integral a las mujeres y a sus sistemas familiares. Además de los servicios básicos de alimentación, vivienda, vestuario, enfermería y transporte, desarrollamos acciones para que ellas accedan a oportunidades de educación y trabajo que les permitan romper el ciclo de la violencia, promover su desarrollo personal y contribuir a prepararlas para su egreso. Y una vez sale de la Casa Refugio, la Secretaría de la Mujer realiza un seguimiento de seis meses para conocer su situación de riesgo y brindar acompañamiento social y jurídico.

Con relación al territorio nacional y teniendo en cuenta la concentración de población en la capital, ¿Bogotá es más o menos misógina que otros municipios?

De acuerdo con la Encuesta Bienal de Cultura 2017, en Bogotá el 55 % de las personas encuestadas estuvieron de acuerdo con la siguiente frase: “La mujer que se deja maltratar por su pareja es porque le gusta”; el 43 % consideró cierto que “una mujer que se viste con minifalda o ropa muy ajustada induce a que le falten el respeto en la calle”. Hemos avanzado en reconocer las violencias contra las mujeres y la discriminación, pero aún debemos transformar imaginarios que las aceptan y justifican. Por eso, una de las metas del Plan de Desarrollo en el nuevo contrato social, que pretende construir esta guía, es reducir el porcentaje de aceptación social a las violencias contra las mujeres.

La semana pasada, un editorial de El Espectador tituló: “Aun con mayores penas, a las mujeres las siguen matando”. ¿Está de acuerdo con el aumento de las condenas para los violadores como solución para disminuir estos casos que afectan a mujeres y niños?

Siempre he creído que la cadena perpetua no es la solución. Hay al menos tres razones por las que no estoy de acuerdo con esta medida: primera, porque se ha demostrado que el aumento en penas no previene la violencia contra mujeres y niños. Lo que realmente disuade, es la certeza de que habrá sanción; segunda, porque las penas en Colombia (hasta de 60 años) ya eran altas, lo que en la práctica es una cadena perpetua para algunos agresores; por último, porque la cadena perpetua implica un profundo cambio constitucional: no se trata solo de agregarle un parrafito a un artículo, sino que modifica los cimientos de nuestra Constitución. A nivel distrital, todos nuestros esfuerzos están volcados en reducir la impunidad.

Ese editorial alude a la ley Rosa Elvira Cely aprobada hace cinco años en medio del horror por la crueldad extrema en que ella fue asesinada pero, según informes oficiales, de nada ha servido para reducir la impunidad judicial ¿Qué comentarios le merece este resultado?

En los últimos 5 años, los asesinatos de mujeres, en Bogotá, han disminuido. Antes de afirmar que se trata de feminicidios, debemos esperar la tipificación de cada caso en Fiscalía. Las cifras de Medicina Legal muestran que pasamos de 119 asesinatos de mujeres en 2015, a 94, en 2019, una disminución del 21%. Avanzamos, pero la cifra debería ser cero casos. En la ciudad, este año, la Dirección Seccional de la Fiscalía ha reportado 7 casos de feminicidio esclarecidos.

¿Qué es, cómo funciona y para qué es el Sistema Distrital de Cuidado?

Es un conjunto de servicios para reconocer, redistribuir y reducir el trabajo de cuidado que hoy está sobre los hombros de las mujeres de manera desproporcionada. ¿Cuáles son las labores de cuidado?: lavar, cocinar, mantener limpio el hogar diariamente, cuidar a los niños, a los adultos mayores y a las personas con discapacidad que requieren la ayuda de un tercero para movilizarse o para cubrir sus necesidades básicas. Esta labor se encuentra hoy, casi exclusivamente, bajo la responsabilidad de las mujeres, con el agravante de que no es remunerado, lo que genera no solo injusticia económica, sino muchas veces una doble jornada: cuando las mujeres tienen un trabajo remunerado, está en esas tareas en promedio nueve horas y media al día. Y después dedica cuatro horas más a las labores del cuidado.

¿Qué proponen, entonces, ustedes sobre este denominado trabajo del cuidado?

Primero, que sea reconocido y remunerado. Segundo, que sea redistribuido, no solo en el interior del hogar, sino también en el sector público, privado y comunal. Tercero, que se reduzca con oferta de servicios distritales y privados como guarderías y jardines infantiles, centros de atención al adulto mayor que tenga necesidad de cuidados, centros para personas con discapacidad y otros más sencillos, pero que disminuyen las tareas en casa, como las lavanderías públicas, en donde cualquier miembro de la familia pueda lavar la ropa de su núcleo usando máquinas de lavado y secado. En Bogotá no hay lavanderías públicas, y es un servicio elemental que puede ayudar a darles respiro a las mujeres.

Además del asesinato de la madre y de su pequeña hija en Bogotá, la semana pasada también se tuvo noticia de los asesinatos de dos jóvenes mujeres en otros municipios ¿Existe una especie de mapa de violencia contra las mujeres en Colombia o en Bogotá sobre estos casos y sobre los lugares en donde se concentran los misóginos?

Según Medicina Legal, en Bogotá, en las localidades de Kennedy, Bosa, Suba y Ciudad Bolívar se presenta el 50% de los casos de violencia intrafamiliar. Estas son, además, las zonas que más reportan llamadas a la Línea Púrpura lo cual demuestra que, allí, se tiene una concentración de violencia de género. Relacionar la ubicación de los agresores con probables motivaciones para que actúen de manera violenta, no es fácil pero se trata de temas que tenemos que empezar a entender mejor. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal, el 50% de los casos de violencia de pareja tuvieron como detonantes la intolerancia y el machismo. Y en otro 25%, celos, desconfianza e infidelidad. Ya tenemos una Casa de Justicia con ruta integral de atención para las mujeres que opera en Ciudad Bolívar y estaremos en seis localidades más.

¿La enquistada violencia contra las mujeres y su tradicional desigualdad pueden disminuirse eficientemente? Muchos sectores prometen, pocos lo logran…

En el Plan de Desarrollo de Bogotá, los 15 sectores de la administración cuentan con metas y presupuestos específicos para disminuir la desigualdad que enfrentan las mujeres en la ciudad, lo cual le dará consistencia transversal a los propósitos de esta Secretaría. Logramos instalar en la política pública nuestro Sistema Distrital de Cuidado para reconocer, reducir y redistribuir esas labores con el fin de que se elimine la desigualdad histórica de las mujeres en este campo, que es causa y consecuencia de la violencia contra ellas. Hemos mantenido y fortalecido el servicio de representación jurídica gratuita para las víctimas y hemos innovado estrategias como la de los Espacios Seguros. Pero, además, activamos el Comité Distrital de Violencias de Género en el Consejo de Seguridad. Somos conscientes de la necesidad de fortalecer la autonomía económica de las mujeres. Esto va de la mano con la reactivación económica de la ciudad y el enfoque de género en todas las decisiones que tome el Distrito. La agenda de las mujeres dejará de ser una agenda asociada a las violencias cuando la cancha se equilibre.

El más reciente caso de feminicidio en Bogotá fue doblemente atroz: asesinada una joven madre y su hija de 4 años, presuntamente por el padrastro de la niña. ¿Cuáles eran los antecedentes del hombre de quien se sospecha que cometió los dos crímenes?

Este caso puso de nuevo los ojos de la sociedad sobre una de las formas más extremas de ataque que pueden sufrir las mujeres: el feminicidio. En Bogotá no hay antecedentes del sindicado, pero supimos por la Fiscalía que tiene un proceso abierto, por violencia, en Tolima.

Cuando sucede un caso como este en Bogotá, ¿qué papel tiene la Secretaría de la Mujer: ejerce una especie de veeduría ciudadana externa o puede participar del lado de las víctimas en la investigación y el juicio?

Brindamos acompañamiento a las víctimas y a sus familiares en casos de feminicidio y en todo tipo de violencias por género. Al comienzo les damos apoyo psicosocial y orientación jurídica, así como estamos en la representación jurídica, es decir, les aportamos abogados pro bono que se encargan de los casos. Muchos bogotanos no saben que la Secretaría tiene cerca de 50 abogadas especializadas en derecho penal, civil y de familia, una especie de consultorio jurídico.

En este como en muchos otros casos los antecedentes violentos de los asesinos y de los abusadores de mujeres y niños son conocidos por el entorno en que viven. ¿Es posible prever y evitar que lleguen a perpetrar el delito por avisos de los vecinos?

El primer impulso es denunciar, pero no siempre es una decisión fácil. Las familias, los vecinos o los círculos de amistad pueden actuar. Las violencias contra las mujeres y el feminicidio son prevenibles si el Estado y la sociedad actúan a tiempo, pero hay que incrementar la conciencia social, reconocer los comportamientos violentos y denunciarlos. Sumando todo, comunidad activa y oferta institucional, muchos casos se podrían evitar.

Pero, ¿suele ocurrir o no? Ustedes, por ejemplo, tienen avisos tempranos frecuentes sobre un posible ataque o los vecinos prefieren “¿no meterse en rancho ajeno”?

Suceden las dos situaciones. Por eso, la Secretaría decidió fortalecer las relaciones y la alianza con el Instituto de Medicina Legal, entidad que identifica casos valorados de riesgo grave o extremo y de peligro de feminicidio. Medicina Legal evalúa en cuál nivel de riesgo se encuentra la víctima e intercambia la información con nosotras. Sin embargo, es claro que la ciudadanía podría ser mucho más activa en el reporte de los casos que puede conocer en su calle o en el barrio.

Muchas víctimas de violencia física o sexual no denuncian, ya no solo por temor al agresor, sino por la ineficacia del sistema estatal y por la doble victimización que sufren en estaciones de Policía, comisarías de familia y fiscalías. ¿Esto continúa sucediendo pese al rechazo social y mediático que generan esas conductas?

Los estereotipos que hacen ver como naturales y que justifican la discriminación a las mujeres y las violencias contra ellas están arraigados en todas las estructuras tanto de la sociedad como del Estado, incluidas las autoridades responsables de la administración de justicia. Aún encontramos barreras asociadas con la falta de credibilidad de los testimonios de las víctimas, su culpabilización y revictimización en las instancias administrativas y judiciales, entre otros obstáculos que limitan su derecho a acceder a la justicia. La Corte Constitucional se ha pronunciado al respecto instando a que los operadores de justicia sean formados en enfoque de género y en derechos humanos de las mujeres.

¿Se ha avanzado en esta materia o el llamado de la Corte no ha sido atendido?

Hemos mejorado, pero falta gran trecho.

En términos estadísticos, ¿de enero a marzo –cuando comenzó la alcaldía de Claudia López– y después de marzo –cuando empezó la cuarentena obligatoria–, ¿se dispararon los ataques a las mujeres en sus viviendas por el confinamiento como se temía?

Al inicio de la cuarentena las llamadas a la Línea Púrpura (línea de atención a las mujeres que atienden mujeres) aumentaron un 230 %. La mayoría sobre temas de violencia y otras por consultas sobre COVID-19. Pasado el primer mes de confinamiento bajó el número, pero aún hoy tenemos un nivel de más del 100 % sobre las que recibíamos antes del aislamiento. Al día hemos atendido entre la Línea Púrpura y las 60 líneas de las Casas de Igualdad de Oportunidades más de 16 mil llamadas por violencia psicológica en el 48 % de los casos; física, en el 25 %, y en el 20 % por violencia económica o patrimonial.

La que usted denomina “violencia económica o patrimonial”, ¿cómo se ejecuta? Y, ¿por qué la mujer amenazada no reacciona en defensa de lo que también le pertenece ante la ley a ella y a sus hijos?

La violencia económica tiene muchas fases: al principio no parece que lo fuera, por ejemplo, como cuando se le retiene o revisa el celular a su víctima o cuando la obliga a entregarle el sueldo para que lo maneje el victimario. Muchos piensan que estos actos no constituyen violencia, pero lo es. Parte de las tareas que tenemos que desarrollar es la de señalar, identificar y divulgar cómo gestos que parecen cotidianos son, en realidad, violentos y un anticipo de mayor violencia probablemente física, pero también económica, como amenazar con dejarla sin sustento o sin el patrimonio que se haya adquirido. La identificación, divulgación y valoración correcta, sin minimizar los diferentes tipos de violencia tanto de la comunidad como de las propias autoridades, es muy importante.

En ese campo, la alcaldía de López declaró una especie de alerta roja cuando se inició la cuarentena. ¿Cómo enfrenta la Secretaría esta época y con cuáles resultados?

Con la llegada de la cuarentena previmos, por información que llegaba de otros países como Francia y por las cifras que teníamos de años anteriores del Día de la Madre (en 2019 se incrementó en un 30 %), que el confinamiento social aumentaba las violencias contra las mujeres. Ampliamos y adaptamos nuestra oferta de servicios: triplicamos la atención de la Línea Púrpura (01 8000 112137); pasamos, en eficiencia de atención, del 30 % al inicio de la cuarentena al 85 % en la respuesta inmediata. Y buscamos el apoyo de Fenalco y la Policía Metropolitana para crear la estrategia Espacios Seguros, con la que logramos tener más de 700 lugares en Bogotá, en las tiendas D1, Justo&Bueno, Ara, Farmatodo, Tostao y estaciones propias de Terpel. Las mujeres pueden acudir a estos lugares para pedir ayuda y llamar a la Policía o solicitar el contacto con nosotras en la Secretaría de la Mujer. También se sumaron Smart Taxi, Sodexo y BYD, y nos donaron servicio de transporte (que administramos nosotras) para que las mujeres puedan salir de su casa directo a las comisarías de Familia o a la Fiscalía a denunciar. Esta oferta de servicios resuelve barreras difíciles de sortear en la cotidianidad y realmente sirven para que las víctimas puedan romper los círculos de la violencia en que muchas se encuentran atrapadas.

Qué interesante. ¿Cómo actúan las empresas privadas y cuál es el papel de los llamados Espacios Seguros?

Esta estrategia es producción criolla. Surgió porque, en España, lanzaron una similar que llamaron Mascarilla 19: una mujer llegaba a algún sitio público y simplemente decía “Mascarilla 19”. Y se activaban las alarmas, porque era un santo y seña para pedir auxilio. Nos pareció que aquí no era fácil buscar una frase de la que todas se acordaran. Entonces, como estábamos en cuarentena, las mujeres solo estaban saliendo de casa para ir al mercado y a la droguería. Por eso buscamos aliarnos con las tiendas de alimentos. Empezamos con D1, con Justo&Bueno y con Farmatodo, pero después se fueron sumando las otras empresas. Las víctimas, incluso, no tienen que estar enteradas. Simplemente entran al supermercado y se encuentran con un aviso que dice “¿Violencias en el hogar? Diríjase al encargado de la tienda”. Ha funcionado muy bien, porque es una operación sencilla y sin protocolos adicionales a los que ya existen. Si la víctima pide llamar a la Policía, llegan los uniformados del cuadrante a un lugar más seguro para todos. Si no, llegamos nosotras.

¿Cuántos casos se han conocido por esta ruta?

Unos 16 en dos meses y hemos enviado otros casos a autoridades fuera de Bogotá.

También hay redes de apoyo y refugios para las víctimas que denuncian y están en riesgo de ser asesinadas o de volver a ser atacadas. ¿La frecuencia de uso de redes y refugios ha aumentado y en cuánto porcentaje en el último trimestre?

Las mujeres protegidas en las Casas Refugio del Distrito llegan a ellas por una medida de protección emitida por las comisarías de familia o los jueces de control de garantías. En el marco del confinamiento aumentaron las solicitudes de acogida. En marzo pasado fueron acogidas 40 mujeres y sus núcleos familiares, y en abril, 74 más con sus familias. En el Plan de Desarrollo dejamos prevista la ampliación del número de Casas Refugio y la atención rural.

¿Cómo funcionan las Casas de Refugio y qué actividades se desarrollan en ellas, además de servir de vivienda temporal de las víctimas? ¿Hay abogados, terapistas, psicólogos, médicos, etc.?

Las Casas Refugio distritales ofrecen atención integral a las mujeres y a sus sistemas familiares. Además de los servicios básicos de alimentación, vivienda, vestuario, enfermería y transporte, desarrollamos acciones para que ellas accedan a oportunidades de educación y trabajo que les permitan romper el ciclo de la violencia, promover su desarrollo personal y contribuir a prepararlas para su egreso. Y una vez sale de la Casa Refugio, la Secretaría de la Mujer realiza un seguimiento de seis meses para conocer su situación de riesgo y brindar acompañamiento social y jurídico.

Con relación al territorio nacional y teniendo en cuenta la concentración de población en la capital, ¿Bogotá es más o menos misógina que otros municipios?

De acuerdo con la Encuesta Bienal de Cultura 2017, en Bogotá el 55 % de las personas encuestadas estuvieron de acuerdo con la siguiente frase: “La mujer que se deja maltratar por su pareja es porque le gusta”; el 43 % consideró cierto que “una mujer que se viste con minifalda o ropa muy ajustada induce a que le falten el respeto en la calle”. Hemos avanzado en reconocer las violencias contra las mujeres y la discriminación, pero aún debemos transformar imaginarios que las aceptan y justifican. Por eso, una de las metas del Plan de Desarrollo en el nuevo contrato social, que pretende construir esta guía, es reducir el porcentaje de aceptación social a las violencias contra las mujeres.

La semana pasada, un editorial de El Espectador tituló: “Aun con mayores penas, a las mujeres las siguen matando”. ¿Está de acuerdo con el aumento de las condenas para los violadores como solución para disminuir estos casos que afectan a mujeres y niños?

Siempre he creído que la cadena perpetua no es la solución. Hay al menos tres razones por las que no estoy de acuerdo con esta medida: primera, porque se ha demostrado que el aumento en penas no previene la violencia contra mujeres y niños. Lo que realmente disuade, es la certeza de que habrá sanción; segunda, porque las penas en Colombia (hasta de 60 años) ya eran altas, lo que en la práctica es una cadena perpetua para algunos agresores; por último, porque la cadena perpetua implica un profundo cambio constitucional: no se trata solo de agregarle un parrafito a un artículo, sino que modifica los cimientos de nuestra Constitución. A nivel distrital, todos nuestros esfuerzos están volcados en reducir la impunidad.

Ese editorial alude a la ley Rosa Elvira Cely aprobada hace cinco años en medio del horror por la crueldad extrema en que ella fue asesinada pero, según informes oficiales, de nada ha servido para reducir la impunidad judicial ¿Qué comentarios le merece este resultado?

En los últimos 5 años, los asesinatos de mujeres, en Bogotá, han disminuido. Antes de afirmar que se trata de feminicidios, debemos esperar la tipificación de cada caso en Fiscalía. Las cifras de Medicina Legal muestran que pasamos de 119 asesinatos de mujeres en 2015, a 94, en 2019, una disminución del 21%. Avanzamos, pero la cifra debería ser cero casos. En la ciudad, este año, la Dirección Seccional de la Fiscalía ha reportado 7 casos de feminicidio esclarecidos.

¿Qué es, cómo funciona y para qué es el Sistema Distrital de Cuidado?

Es un conjunto de servicios para reconocer, redistribuir y reducir el trabajo de cuidado que hoy está sobre los hombros de las mujeres de manera desproporcionada. ¿Cuáles son las labores de cuidado?: lavar, cocinar, mantener limpio el hogar diariamente, cuidar a los niños, a los adultos mayores y a las personas con discapacidad que requieren la ayuda de un tercero para movilizarse o para cubrir sus necesidades básicas. Esta labor se encuentra hoy, casi exclusivamente, bajo la responsabilidad de las mujeres, con el agravante de que no es remunerado, lo que genera no solo injusticia económica, sino muchas veces una doble jornada: cuando las mujeres tienen un trabajo remunerado, está en esas tareas en promedio nueve horas y media al día. Y después dedica cuatro horas más a las labores del cuidado.

¿Qué proponen, entonces, ustedes sobre este denominado trabajo del cuidado?

Primero, que sea reconocido y remunerado. Segundo, que sea redistribuido, no solo en el interior del hogar, sino también en el sector público, privado y comunal. Tercero, que se reduzca con oferta de servicios distritales y privados como guarderías y jardines infantiles, centros de atención al adulto mayor que tenga necesidad de cuidados, centros para personas con discapacidad y otros más sencillos, pero que disminuyen las tareas en casa, como las lavanderías públicas, en donde cualquier miembro de la familia pueda lavar la ropa de su núcleo usando máquinas de lavado y secado. En Bogotá no hay lavanderías públicas, y es un servicio elemental que puede ayudar a darles respiro a las mujeres.

Además del asesinato de la madre y de su pequeña hija en Bogotá, la semana pasada también se tuvo noticia de los asesinatos de dos jóvenes mujeres en otros municipios ¿Existe una especie de mapa de violencia contra las mujeres en Colombia o en Bogotá sobre estos casos y sobre los lugares en donde se concentran los misóginos?

Según Medicina Legal, en Bogotá, en las localidades de Kennedy, Bosa, Suba y Ciudad Bolívar se presenta el 50% de los casos de violencia intrafamiliar. Estas son, además, las zonas que más reportan llamadas a la Línea Púrpura lo cual demuestra que, allí, se tiene una concentración de violencia de género. Relacionar la ubicación de los agresores con probables motivaciones para que actúen de manera violenta, no es fácil pero se trata de temas que tenemos que empezar a entender mejor. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal, el 50% de los casos de violencia de pareja tuvieron como detonantes la intolerancia y el machismo. Y en otro 25%, celos, desconfianza e infidelidad. Ya tenemos una Casa de Justicia con ruta integral de atención para las mujeres que opera en Ciudad Bolívar y estaremos en seis localidades más.

¿La enquistada violencia contra las mujeres y su tradicional desigualdad pueden disminuirse eficientemente? Muchos sectores prometen, pocos lo logran…

En el Plan de Desarrollo de Bogotá, los 15 sectores de la administración cuentan con metas y presupuestos específicos para disminuir la desigualdad que enfrentan las mujeres en la ciudad, lo cual le dará consistencia transversal a los propósitos de esta Secretaría. Logramos instalar en la política pública nuestro Sistema Distrital de Cuidado para reconocer, reducir y redistribuir esas labores con el fin de que se elimine la desigualdad histórica de las mujeres en este campo, que es causa y consecuencia de la violencia contra ellas. Hemos mantenido y fortalecido el servicio de representación jurídica gratuita para las víctimas y hemos innovado estrategias como la de los Espacios Seguros. Pero, además, activamos el Comité Distrital de Violencias de Género en el Consejo de Seguridad. Somos conscientes de la necesidad de fortalecer la autonomía económica de las mujeres. Esto va de la mano con la reactivación económica de la ciudad y el enfoque de género en todas las decisiones que tome el Distrito. La agenda de las mujeres dejará de ser una agenda asociada a las violencias cuando la cancha se equilibre.