Vivienda y demografía de la pobreza en Bogotá: lo difícil que es tener casa propia

Más del 35% de la población de Bogotá, tal como ha informado el DANE, se encuentra en “pobreza monetaria”. En Usme, ese nivel es superior al 57%, y localidades como Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar superan el 54%. Municipios vecinos como Fusagasugá, Soacha, El Rosal y Madrid albergan sectores de su población con niveles inconcebibles de precariedad, en lo que se llama técnicamente el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM).

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Estas cifras son frías, como todas las cifras que describen el sufrimiento de los grupos humanos y de las comunidades. Lo dicho arriba quiere decir, simplemente, que millones de colombianos y colombianas que viven en Bogotá y sus municipios circundantes, pasan hambre, no tienen una vivienda digna, no pueden beber agua, ni cocinar, ni bañar a sus hijos, no tienen acceso a la educación, a la salud, a la vivienda...

Esa es la sociedad que somos. Una sociedad terriblemente desigual y deshumanizada. Y decimos deshumanizada, porque con frecuencia nos basta con darle a estos fenómenos humanos, -al sufrimiento y a la pobreza, por ejemplo-, unos nombres técnicos y unos rangos matemáticos, y ya podemos convivir con ellos, ya podemos tolerarlos año tras año. Nos habituamos a vivir teniendo en frente el sufrimiento de miles de familias con sus niños.

Y cuando eso sucede, cuando el Estado ha fallado, es cuando deben surgir las organizaciones sociales, de apoyo, de alivio, de ayuda real y efectiva. La única fuerza capaz de reversar esto, cuando el Estado ha fallado, es la solidaridad. La única fuerza capaz de dibujar en el futuro un porvenir para una comunidad y de hecho, para la humanidad entera, es la solidaridad. La solidaridad es la savia vital del comportamiento civil y ciudadano.

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En este empeño está la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá, como organización civil y como constructor de civilidad. Y su trabajo pasa, muchos días, por tratar de pensar, justamente, más allá de las cifras frías y los guarismos. Por eso la SMOB cree que es vital señalarles a las autoridades, a las instituciones y a la ciudadanía, dos elementos claves en materia demográfica.

El primero, que como lo ha dicho reiteradamente el DANE y plataformas de análisis de información como DATACIVILIDAD, la población colombiana va a dejar de crecer. Y el segundo, que es notorio y continuo el éxodo de habitantes de Bogotá a municipios cercanos, buscando una vida menos costosa y apremiante.

Más información: La extinción de las familias numerosas en Bogotá

Ante estas realidades, cabe preguntarse cómo es que el gobierno distrital, ciertos gremios y muchas firmas urbanizadoras, siguen pensando que es necesario, posible y sostenible ambientalmente, construir decenas de miles de nuevas viviendas en las áreas rurales y semirurales que rodean a Bogotá.

Es cierto que familias de altos ingresos han conseguido dejar Bogotá y asentarse en condominios y urbanizaciones desarrolladas en municipios cercanos, pero son un porcentaje menor de la población y su capacidad de compra tiene un límite. Así, el “mercado” de estas nuevas viviendas sería un mercado de vivienda VIS o VIP, necesariamente.

Los estudios desarrollados en la SMOB nos muestran que esto es irreal. Que, con los menguados ingresos de miles y miles de familias, un porcentaje enorme de ellas jamás podría adquirir vivienda nueva. O bien, le tomaría décadas ahorrar para conseguir siquiera la cuota inicial.

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Es innegable que el hogar medio bogotano se está contrayendo, cada vez los hogares tienden a estar conformados por un número menor de personas. Esto plantea desafíos enormes, no solo en materia de la política de vivienda y administración del suelo urbano, sino en materia social y cultural, pues el antiguo y rico influjo de las familias grandes, parece estarse perdiendo para siempre, como si estuviéramos condenados a la soledad y el aislamiento.

En materia económica, junto con esta dinámica demográfica, la última Encuesta Multipropósito del DANE señala que el 61 % de los hogares bogotanos, tiene el equivalente a menos de 4 salarios mínimos de ingresos totales, lo que, analizando los precios actuales de la vivienda, los descarta como compradores de vivienda nueva en el corto plazo. Sin duda, hay que volver a pensar detenidamente este asunto.

Más del 35% de la población de Bogotá, tal como ha informado el DANE, se encuentra en “pobreza monetaria”. En Usme, ese nivel es superior al 57%, y localidades como Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar superan el 54%. Municipios vecinos como Fusagasugá, Soacha, El Rosal y Madrid albergan sectores de su población con niveles inconcebibles de precariedad, en lo que se llama técnicamente el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM).

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Estas cifras son frías, como todas las cifras que describen el sufrimiento de los grupos humanos y de las comunidades. Lo dicho arriba quiere decir, simplemente, que millones de colombianos y colombianas que viven en Bogotá y sus municipios circundantes, pasan hambre, no tienen una vivienda digna, no pueden beber agua, ni cocinar, ni bañar a sus hijos, no tienen acceso a la educación, a la salud, a la vivienda...

Esa es la sociedad que somos. Una sociedad terriblemente desigual y deshumanizada. Y decimos deshumanizada, porque con frecuencia nos basta con darle a estos fenómenos humanos, -al sufrimiento y a la pobreza, por ejemplo-, unos nombres técnicos y unos rangos matemáticos, y ya podemos convivir con ellos, ya podemos tolerarlos año tras año. Nos habituamos a vivir teniendo en frente el sufrimiento de miles de familias con sus niños.

Y cuando eso sucede, cuando el Estado ha fallado, es cuando deben surgir las organizaciones sociales, de apoyo, de alivio, de ayuda real y efectiva. La única fuerza capaz de reversar esto, cuando el Estado ha fallado, es la solidaridad. La única fuerza capaz de dibujar en el futuro un porvenir para una comunidad y de hecho, para la humanidad entera, es la solidaridad. La solidaridad es la savia vital del comportamiento civil y ciudadano.

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El primero, que como lo ha dicho reiteradamente el DANE y plataformas de análisis de información como DATACIVILIDAD, la población colombiana va a dejar de crecer. Y el segundo, que es notorio y continuo el éxodo de habitantes de Bogotá a municipios cercanos, buscando una vida menos costosa y apremiante.

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Ante estas realidades, cabe preguntarse cómo es que el gobierno distrital, ciertos gremios y muchas firmas urbanizadoras, siguen pensando que es necesario, posible y sostenible ambientalmente, construir decenas de miles de nuevas viviendas en las áreas rurales y semirurales que rodean a Bogotá.

Es cierto que familias de altos ingresos han conseguido dejar Bogotá y asentarse en condominios y urbanizaciones desarrolladas en municipios cercanos, pero son un porcentaje menor de la población y su capacidad de compra tiene un límite. Así, el “mercado” de estas nuevas viviendas sería un mercado de vivienda VIS o VIP, necesariamente.

Los estudios desarrollados en la SMOB nos muestran que esto es irreal. Que, con los menguados ingresos de miles y miles de familias, un porcentaje enorme de ellas jamás podría adquirir vivienda nueva. O bien, le tomaría décadas ahorrar para conseguir siquiera la cuota inicial.

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Es innegable que el hogar medio bogotano se está contrayendo, cada vez los hogares tienden a estar conformados por un número menor de personas. Esto plantea desafíos enormes, no solo en materia de la política de vivienda y administración del suelo urbano, sino en materia social y cultural, pues el antiguo y rico influjo de las familias grandes, parece estarse perdiendo para siempre, como si estuviéramos condenados a la soledad y el aislamiento.

En materia económica, junto con esta dinámica demográfica, la última Encuesta Multipropósito del DANE señala que el 61 % de los hogares bogotanos, tiene el equivalente a menos de 4 salarios mínimos de ingresos totales, lo que, analizando los precios actuales de la vivienda, los descarta como compradores de vivienda nueva en el corto plazo. Sin duda, hay que volver a pensar detenidamente este asunto.