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En las mañanas en el parque Nacional, el sol se filtra por el humo de la leña quemada y un olor a azufre inunda la carrera séptima. Dos niños de cinco y siete años juegan descalzos en el parqueadero de las bicicletas Tembici del Distrito, ubicadas a pocos metros del grafiteado monumento en homenaje al expresidente liberal Rafael Uribe Uribe, cerca de los árboles en los que una mujer de la comunidad trató de quitarse la vida la noche del 31 de diciembre.
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La pequeña ciudadela donde han vivido cerca de 500 indígenas desde octubre del 2023, y en una primera oportunidad entre septiembre de 2021 y mayo de 2022, se despierta entre el ruido de la séptima y los pasos de los vecinos de los barrios Perseverancia, La Merced y El Paraíso.
El humo, que ya hace parte del paisaje en las mañanas, augura que varias familias desayunarán. “Si desayunan, no almuerzan. Vuelven a probar bocado hasta la cena”, dice Fabio Arias Estevez, gobernador de la Asociación de Cabildos Indígenas de Colombia, al recorrer los “pasillos” de este barrio indígena, que lleva más de diez meses en la capital tras ser desplazado por el ELN de Bagadó, Chocó.
Al verlo pasar, una mujer mayor le anuncia a Arias, en lengua emberá, que esa tarde algunas familias solo comerán un plátano hervido en una olla sobre leña. Las carpas en el día se calientan por el sol, si no llueve. Por la noche, el frío es el enemigo.
“En el último conteo de la guardia, tenemos a 476 personas que siguen pernoctando en el parque. El 70 % son niños y adolescentes. Contamos a doce bebés que vinieron al mundo en Bogotá, algunos en el parque, otros en los albergues temporales de La Rioja (centro de Bogotá) o La Florida (Funza), en los que estuvimos antes de decidir asentarnos en el parque porque allá eran peores las condiciones que aquí afuera”, añadió Estevez.
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Apenas 27 optaron por retornar a sus pueblos de origen del 20 al 27 de diciembre, sin saber lo que lo iban a encontrar allá. “Tenemos más de 90 mujeres. Por cada carpa, hay entre dos y tres familias. Muchos duermen directamente en la tierra o sobre plásticos. Cerca de 16 personas presentan síntomas o algún malestar”, comenta el líder indígena.
El agua con la que cocinan viene en su mayoría de los baños públicos del parque, que están abiertos de 7:00 a.m. a 3:00 p.m., por lo que algunos miembros hacen sus necesidades cerca al canal de aguas que atraviesa el parque y lavan la ropa que se seca en cada rincón de la zona.
Cerca del 70 % presenta alguna deficiencia alimentaria o quebranto de salud. La situación se agravó por el clima frío de los últimos meses del año.
“Hay asociaciones y vecinos que donan comida, pero es muy escasa. Otras personas recurren a vender artesanías o dulces para conseguir alimentos para sus familias”, añade Fabio.
Deterioro de la salud mental
Pese a estar ubicado cerca al centro de la capital, ser un símbolo de la revolución liberal de los años 30, estar rodeado de universidades y ser la puerta del centro internacional, el parque Nacional hoy es una huella y un recordatorio de las deudas históricas del país.
Alipio Vitucay, líder indígena, cuenta que fue uno de los que auxilió a una mujer que intentó quitarse la vida, colgándose en un árbol que colinda con la séptima, la noche del 31.
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En los siguientes días otras dos personas lo intentaron en los árboles de la parte de atrás, yendo hacia la Torre del Reloj. Según le dijeron a Alipio, “estaban aburridos de vivir en plásticos. Ellos me dicen, ‘en mi territorio no teníamos que vivir así, nosotros ya pensamos en morirnos de una vez’”.
Jairo Montañez es líder coordinador de autoridades indígenas en Bacatá y líder de derechos humanos. Ha estado presente en los dos períodos de asentamiento que se han vivido en el parque. Añade que la atención a la población se ha centrado en darles algo material y “momentáneo para subsistir”.
“Hay atención fisiológica, no podemos negar que la Secretaría de Salud lleva su registro, hay una ambulancia 24 horas al día, pero eso no subsana los efectos de vivir en el parque. La realidad actual es desoladora”, contó.
No es una problemática nueva. En el 2013, 2014 y 2021, en el Chocó y Risaralda, tuvieron un aumento del índice de suicidios en poblaciones indígenas. “Todo esto producto del conflicto armado”, añade Montañez.
A diario una funcionaria de la Secretaría de Salud realiza un censo, carpa por carpa, para identificar si llegan nuevas personas y recopilar los datos para atender a los ciudadanos o niños más afectados. La Secretaría de Gobierno hace rondas en el parque.
“La seguridad es por cuenta de nosotros, ya nos han robado algunas ollas en las noches”, dijo Estevez.
Jairo añade que “la situación que llevan viviendo por tres meses en el parque Nacional, sin ningún tipo de atención real, más allá del desgaste que están ocasionando las instituciones, no ha atendido el problema psicológico; ante eso, efectivamente no estamos haciendo nada porque seguimos con un alto número de población víctima del conflicto disfuncional que sigue siendo revictimizado”.
En cuanto a los niños, ninguno tiene algún plan de educación, programas de inclusión ni tratamientos de salud mental.
“Se la pasan de aquí allá, jugando, mientras se pierden nuestras costumbres y la oportunidad de educarse, que es una de las peticiones que también extendemos al Gobierno”, añade Fabio.
Las soluciones a este conflicto social e histórico, encuentran su mayor digresión al buscar alternativas. Lo más justo pareciera ser que la comunidad pudiese retornar en paz a sus territorios. Pero a pesar de que en los últimos meses retornaron 500 indígenas que estaban en el parque Tercer Milenio y, en 2022 más de 1.200 salieron del parque Nacional, después de subsistir allí ocho meses, los grupos desplazados siguen eligiendo Bogotá como destino central del éxodo.
Pese a que la responsabilidad es de carácter nacional, la situación exige una coordinación interinstitucional para garantizar que las poblaciones permanezcan en condiciones de vida.
“Un gobierno como el de Claudia López estableció siempre puntos para sacar a la población fuera de Bogotá, para no hacerse responsable de una situación. Mandaron a Funza, Soacha, viéndolos como un problema. Este distanciamiento fue un mecanismo de segregación porque muchos terminaron volviendo al parque”, dice Jairo.
Por su parte, la Secretaría de Salud le hizo un llamado el Gobierno Nacional para que “reconozca la emergencia humanitaria que afecta a esta población. Además, que desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) se tomen decisiones de fondo para que este grupo étnico pueda retornar a su territorio de origen y garantizar los derechos, especialmente de niños y mujeres”.
Fabio Estevez dice que espera una reunión o diálogo con el nuevo alcalde Carlos Fernando Galán; sin embargo, el año nuevo y la transición de administración han dificultado que se adelante dicho encuentro, del cual espera concertar las bases para un nuevo albergue mientras se dialogan los puntos de concertación con el Gobierno.
“Las condiciones de seguridad no les permitieron restablecerse a muchos de los que retornaron, y continuar su vida en los territorios. No se trata solo de retornar a las personas porque la prevalencia que se está viendo en el momento, es que solamente se garantiza el retorno, no hay posibilidad de reubicación dentro de Bogotá”, agregó Jairo Montañez.
Y recalcó que la garantía de los derechos humanos también es algo que se les escapó al Distrito y al Gobierno, “no solamente a las poblaciones indígenas, sino a las víctimas del conflicto armado. ¿Cómo es posible que Bogotá no tenga un plan de reubicación?”, pregunta Jairo.
Finalmente, entre el llanto de los niños, el frío y el hambre, transcurren las noches en el parque Nacional, una vez monumento de libertad, ahora una cruda postal que desnuda las deudas del país con las comunidades y que ahora tendrá que poner en sus listas de prioridades el nuevo alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán.
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