¿Vulneración de derechos humanos en Facatativá?
La gente denuncia lo que sería un patrón irregular de la Policía: capturar a jóvenes por el hecho de serlo y señalan que los han torturado. Gobernación de Cundinamarca dice no tener reportes.
Diego Ojeda
Facatativá se ha convertido en uno de los puntos cruciales de las manifestaciones enmarcadas en el paro nacional. Es, junto con Madrid, uno de los dos municipios de Cundinamarca que permanecen militarizados, pues la Presidencia de la República lo considera necesario para “la conservación y el restablecimiento del orden público”.
En la mañana del primero de junio, el panorama en el barrio Juan Pablo II era el resultado de la fuerte confrontación que vivió el día anterior la comunidad contra uniformados del Esmad. Era tal la cantidad de piedras en la vía, que estas crujían constantemente tras el paso de los neumáticos. Las ventanas de algunas casas estaban rotas e incluso la puerta de una panadería estaba negra, por el efecto de las llamas que intentaron consumirla.
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En sus alrededores había decenas de policías (algunos equipados con chalecos, cascos y escudos), mientras que en una esquina estaba un grupo de personas (abuelos, padres y madres de familia), como defendiendo su territorio. Un integrante del Ejército fue quien cruzó esa línea invisible y se acercó. Tan solo unos minutos de diálogo fueron suficientes para que los habitantes se dispersaran, pues habían llegado a un acuerdo para que los uniformados de la Policía se alejaran de sus predios.
Fue en ese momento que nos acercamos para conocer los detalles de lo que había ocurrido, pues en las redes sociales corría como pólvora la noticia de que miembros del Esmad se habían metido en un sector residencial y habían “gaseado” a sus habitantes. Uno de los vecinos nos llevó al interior de su hogar y en su patio nos mostró una teja rota por donde se había metido una granada de gas lacrimógeno. Asegura que esto puso en riesgo a su mamá, a su sobrina y a su hija de tres meses. Comenta que tuvieron que tomar el artefacto y arrojarlo en la alberca, para ahogarlo.
Historias similares tenían otros habitantes, quienes con indignación relataron cómo estos agentes dispararon contra sus hogares, rompieron sus ventanas y prácticamente “se les metieron al rancho”. Cuentan que sí, había cientos de manifestantes en el lugar, pero que fue la Policía la que inició la confrontación y poco a poco se introdujo en la zona residencial.
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Según lo denunciado por la comunidad, paralelamente en el municipio, en lugares donde no había confrontación, motorizados de la Policía estaban haciendo recorridos en los que capturaban a jóvenes (los cuales rondan los 20 años de edad) por el solo hecho de transitar por el espacio público. Así lo confirma el abogado de derechos humanos Yeison Cajamarca, quien ha adelantado esfuerzos para colaborar en la liberación de las más de 30 personas que fueron capturadas en los últimos tres días, a quienes no se les pudo comprobar una participación delictiva en el marco de las manifestaciones.
Lo anterior sugiere un patrón de comportamiento, en el que se captura a jóvenes por el solo hecho de serlo y por pura sospecha de su participación en la jornada de protesta, a quienes se les imputan cargos por obstrucción de vía, vandalismo y agresión contra funcionario público. A esto se suma un agravante, y son las torturas que, aseguran sus familiares, reciben en el comando de Policía. El Espectador pudo hablar con uno de los que estuvieron retenidos.
“Los policías me decían que si me movía, me iban a dar electrochoques, que me iban a cascar por vándalo. Yo les decía que era inocente. Me metieron en un cuarto, y allí nos humillaban, nos echaban agua y nos escupían”, comenta, y agrega que en el momento de su captura recibió un cachazo que le rompió la cabeza.
Según Cajamarca, aquí hay “una vulneración absoluta de derechos fundamentales como el de la movilización, el libre tránsito, a la vida y a la integridad de la ciudadanía”. Además, asegura que en los procedimientos se ha vulnerado el derecho a la información y al debido proceso, algo que este medio pudo confirmar, pues en el comando de la Policía hablamos con parte de los familiares de los jóvenes, quienes prácticamente reportaron como desaparecidos a Johan Santiago Rodríguez, Andrés Sebastián Ríos, Ánderson Arias, al no recibir información de los mismos por la Policía. Hacia las seis de la tarde, el abogado comunicó que los jóvenes sí estaban allí y que ya habían sido puestos en libertad.
¿Qué dicen las autoridades?
En reiteradas ocasiones, El Espectador intentó hablar con el alcalde de Facatativá, Guillermo Aldana Dimas. No se obtuvo una respuesta, pues argumentó que estaba en una reunión con funcionarios de la Gobernación de Cundinamarca y líderes del paro (aunque los manifestantes en las calles aseguran que el paro no tiene líderes y que esas personas, con las que se habría llegado a un acuerdo, no los representaban).
Por su parte, el secretario de Gobierno de Cundinamarca, José Leonardo Rojas, asegura que el diálogo ha sido la herramienta más importante para buscar la concertación y evitar el bloqueo en las vías, y que la intervención del Esmad se ha dado solamente cuando se agotan este tipo de mecanismos. También asegura que se han adelantado consejos de seguridad en municipios como Madrid y Facatativá para articular la Fuerza Pública con la militar, tal y como lo establece el decreto presidencial.
Sobre las denuncias de abuso policial en el municipio, asegura que no tiene información, pero que tan pronto la tenga ordenará que se hagan las respectivas investigaciones. Del mismo modo, invitó a la ciudadanía a presentar formalmente sus denuncias ante la Fiscalía, la Defensoría, la Gobernación y la Secretaría de Gobierno.
En lo que la ciudadanía está de acuerdo es en que se generen espacios de diálogo, pues no hay otra forma de parar la violencia que se ha vivido en los últimos días, y es que según el hospital del municipio, se han registrado 21 personas heridas y un fallecido.
Facatativá se ha convertido en uno de los puntos cruciales de las manifestaciones enmarcadas en el paro nacional. Es, junto con Madrid, uno de los dos municipios de Cundinamarca que permanecen militarizados, pues la Presidencia de la República lo considera necesario para “la conservación y el restablecimiento del orden público”.
En la mañana del primero de junio, el panorama en el barrio Juan Pablo II era el resultado de la fuerte confrontación que vivió el día anterior la comunidad contra uniformados del Esmad. Era tal la cantidad de piedras en la vía, que estas crujían constantemente tras el paso de los neumáticos. Las ventanas de algunas casas estaban rotas e incluso la puerta de una panadería estaba negra, por el efecto de las llamas que intentaron consumirla.
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En sus alrededores había decenas de policías (algunos equipados con chalecos, cascos y escudos), mientras que en una esquina estaba un grupo de personas (abuelos, padres y madres de familia), como defendiendo su territorio. Un integrante del Ejército fue quien cruzó esa línea invisible y se acercó. Tan solo unos minutos de diálogo fueron suficientes para que los habitantes se dispersaran, pues habían llegado a un acuerdo para que los uniformados de la Policía se alejaran de sus predios.
Fue en ese momento que nos acercamos para conocer los detalles de lo que había ocurrido, pues en las redes sociales corría como pólvora la noticia de que miembros del Esmad se habían metido en un sector residencial y habían “gaseado” a sus habitantes. Uno de los vecinos nos llevó al interior de su hogar y en su patio nos mostró una teja rota por donde se había metido una granada de gas lacrimógeno. Asegura que esto puso en riesgo a su mamá, a su sobrina y a su hija de tres meses. Comenta que tuvieron que tomar el artefacto y arrojarlo en la alberca, para ahogarlo.
Historias similares tenían otros habitantes, quienes con indignación relataron cómo estos agentes dispararon contra sus hogares, rompieron sus ventanas y prácticamente “se les metieron al rancho”. Cuentan que sí, había cientos de manifestantes en el lugar, pero que fue la Policía la que inició la confrontación y poco a poco se introdujo en la zona residencial.
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Según lo denunciado por la comunidad, paralelamente en el municipio, en lugares donde no había confrontación, motorizados de la Policía estaban haciendo recorridos en los que capturaban a jóvenes (los cuales rondan los 20 años de edad) por el solo hecho de transitar por el espacio público. Así lo confirma el abogado de derechos humanos Yeison Cajamarca, quien ha adelantado esfuerzos para colaborar en la liberación de las más de 30 personas que fueron capturadas en los últimos tres días, a quienes no se les pudo comprobar una participación delictiva en el marco de las manifestaciones.
Lo anterior sugiere un patrón de comportamiento, en el que se captura a jóvenes por el solo hecho de serlo y por pura sospecha de su participación en la jornada de protesta, a quienes se les imputan cargos por obstrucción de vía, vandalismo y agresión contra funcionario público. A esto se suma un agravante, y son las torturas que, aseguran sus familiares, reciben en el comando de Policía. El Espectador pudo hablar con uno de los que estuvieron retenidos.
“Los policías me decían que si me movía, me iban a dar electrochoques, que me iban a cascar por vándalo. Yo les decía que era inocente. Me metieron en un cuarto, y allí nos humillaban, nos echaban agua y nos escupían”, comenta, y agrega que en el momento de su captura recibió un cachazo que le rompió la cabeza.
Según Cajamarca, aquí hay “una vulneración absoluta de derechos fundamentales como el de la movilización, el libre tránsito, a la vida y a la integridad de la ciudadanía”. Además, asegura que en los procedimientos se ha vulnerado el derecho a la información y al debido proceso, algo que este medio pudo confirmar, pues en el comando de la Policía hablamos con parte de los familiares de los jóvenes, quienes prácticamente reportaron como desaparecidos a Johan Santiago Rodríguez, Andrés Sebastián Ríos, Ánderson Arias, al no recibir información de los mismos por la Policía. Hacia las seis de la tarde, el abogado comunicó que los jóvenes sí estaban allí y que ya habían sido puestos en libertad.
¿Qué dicen las autoridades?
En reiteradas ocasiones, El Espectador intentó hablar con el alcalde de Facatativá, Guillermo Aldana Dimas. No se obtuvo una respuesta, pues argumentó que estaba en una reunión con funcionarios de la Gobernación de Cundinamarca y líderes del paro (aunque los manifestantes en las calles aseguran que el paro no tiene líderes y que esas personas, con las que se habría llegado a un acuerdo, no los representaban).
Por su parte, el secretario de Gobierno de Cundinamarca, José Leonardo Rojas, asegura que el diálogo ha sido la herramienta más importante para buscar la concertación y evitar el bloqueo en las vías, y que la intervención del Esmad se ha dado solamente cuando se agotan este tipo de mecanismos. También asegura que se han adelantado consejos de seguridad en municipios como Madrid y Facatativá para articular la Fuerza Pública con la militar, tal y como lo establece el decreto presidencial.
Sobre las denuncias de abuso policial en el municipio, asegura que no tiene información, pero que tan pronto la tenga ordenará que se hagan las respectivas investigaciones. Del mismo modo, invitó a la ciudadanía a presentar formalmente sus denuncias ante la Fiscalía, la Defensoría, la Gobernación y la Secretaría de Gobierno.
En lo que la ciudadanía está de acuerdo es en que se generen espacios de diálogo, pues no hay otra forma de parar la violencia que se ha vivido en los últimos días, y es que según el hospital del municipio, se han registrado 21 personas heridas y un fallecido.