Zonas de consumo de marihuana autorizado, la propuesta que enfrenta al prohibicionismo

Bogotá sigue a la espera del decreto que regulará el consumo de estupefacientes en zonas públicas. La tarea del alcalde Carlos Fernando Galán no es fácil. A la fecha, el consumo está regulado por normas que datan de 2019, sin mucha claridad en la restricción. Ciudades como Cali y Medellín ya emitieron sus respectivos decretos, con un enfoque prohibicionistas, que direcciona la regulación en defensa de los derechos de los niños, niñas, pero sin tener en cuenta los derechos de los consumidores.

Bogotá sigue a la espera del decreto que regulará el consumo de estupefacientes en zonas públicas. La tarea del alcalde Carlos Fernando Galán no es fácil. A la fecha, el consumo está regulado por normas que datan de 2019, sin mucha claridad en la restricción. Ciudades como Cali y Medellín ya emitieron sus respectivos decretos, con un enfoque prohibicionistas, que direcciona la regulación en defensa de los derechos de los niños, niñas, pero sin tener en cuenta los derechos de los consumidores.

La espera de la capital no solo responde al debate que se cocina en diversos sectores sociales, sino al talante progresista de la ciudad, que duda en entregarse al prohibicionismo absoluto. En esa línea, la bancada del Pacto Histórico radicó este año el Proyecto de Acuerdo 182, uno de los seis que están a la espera de debate en el cabildo.

En contexto: Prohibir o prevenir: el dilema de regular el consumo de drogas en espacio público

Tiene una particularidad: es el único que abre una discusión poco mencionada en el escenario de la regulación: decretar zonas concertadas para el consumo de sustancias psicoactivas. La propuesta incluye que cada localidad destine siete espacios en el territorio, para consumir marihuana, sin que se vean alterados los derechos de los niños y de los no consumidores.

La propuesta

Amparado en el libre desarrollo de la personalidad y los derechos fundamentales plasmados en la Constitución, el proyecto que estructuró el concejal José Cuesta busca “establecer los lineamientos para el consumo de cannabis sativa responsable y respetuoso de los niños y niñas, como de la comunidad en general en el Distrito Capital”. Entre esos lineamientos describe que la autoridad local tendrá que definir, “el rango de una manzana (7.000) m² por localidad, en espacio público, donde se permita el consumo de la dosis personal”. Agrega que estos espacios concertados deben estar a 5.000 m² de colegios y parques donde puedan estar niños.

Para el concejal, esta propuesta es necesaria, ya que garantiza el derecho de los consumidores y le cierra la puerta a un conflicto legislativo que habría si el nuevo decreto deja por fuera a esta población. “Partimos de un derecho constituido en la sentencia 221-94, de la Corte Constitucional. Por supuesto, no desconocemos los derechos superiores de los niños y niñas, por ello el proyecto incluye la restricción en zonas aledañas a parques y colegios. Pero el proyecto apunta a reconocer que hay una realidad social: 400.000 personas, según la secretaría de Salud, tienen relación permanente de consumo amable con la marihuana”, explicó Cuesta.

El proyecto agrega que estos espacios, como los restringidos, deben contar con una señalización, que estaría a cargo del Distrito. “La Alcaldía deberá indicar e instalar la correspondiente señalización en el espacio público, indicando el lugar en el que inicia el perímetro de consumo a 500 metros a la redonda. Además, la secretaría de Seguridad llevará a cabo campañas de concientización pública, para informar a los ciudadanos sobre las zonas restringidas y su propósito”. Por último, plantea que en cada espacio de consumo habrá personal calificado de la secretaria de Salud, para el acompañamiento social y profesional al consumidor.

¿Zonas privadas o públicas?

Llegar a un equilibrio entre permitir el consumo y prohibirlo tiene varios aspectos a considerar. En primer lugar, surgen preguntas como si estos espacios serían de carácter público o privado. La concertación sobre en dónde estarán, así como las garantías para que allí no se afecten los derechos de otras personas, son otros dilemas que tendría que afrontar cada localidad.

Los colectivos cannábicos, por ejemplo, se unen al debate y señalan la necesidad de que existan estos espacios. “La regulación es necesaria. Somos usuarios cannábicos, pero también somos ciudadanos y tenemos derecho al espacio público. No pretendemos que cualquier fumador pueda llegar con un porro a cualquier lugar, pensamos en lugares seguros y cómodos en dónde no se incomode a las infancias y a los no fumadores, teniendo en cuenta una fase pedagógica con la fuerza pública y las juntas de acción comunal de los barrios”, señalaron integrantes de la Mesa Cannábica de Bogotá.

Échele Cabeza revisó el proyecto y advierte dos aspectos que merecen consideración. Una es la naturaleza del espacio Según Julián Quintero, investigador de la organización, los antecedentes en el país de zonas de consumo supervisadas sirven para edificar una política de consumo acompañado y aceptado institucionalmente.

“En Colombia hay pocos antecedentes. El único está en Bogotá, con una sala de consumo aceptada y tolerada por la comunidad en Santa Fe. De zonas públicas de consumo no tenemos precedente, pues hay que tener cuidado. En el país ha habido ejemplos interesantes, pero no institucionalizados. En Bogotá, un ejemplo de zona de consumo perverso es el Bronx, donde el Estado toleraba el consumo, pero este estaba regulado por la criminalidad”, señala el investigador.

La capital ya cuenta con cerca de 10 casas culturales cannábicas, donde los usuarios pueden consumir, concentradas en zonas del centro y norte de la ciudad. “Hay más futuro en la creación de espacios culturales de consumo, privados que públicos, como los ejemplos de Canadá y España, que es el ejemplo mundial de salas de cannabis”, añade Quintero.

Riesgos y avances

Esta iniciativa puede llegar a ser impopular en muchos sectores. Voces del ala de la derecha bogotana advierten los riesgos que podría ocasionar la apertura de estos espacios. “Es increíble que el Pacto Histórico en Bogotá quiera convertir alrededor de 140.000 metros cuadrados de la ciudad en zonas de tolerancia para los jíbaros y la delincuencia. Delimitar una manzana de 7.000 metros cuadrados en espacio público de cada localidad es geográficamente inviable Además, lo que sí hace es abrirle la puerta a las adicciones, a la delincuencia, al detrimento de las familias. Como concejal de Bogotá me opongo a este tipo de iniciativas y, en cambio, propongo proteger a nuestros niños y adolescentes haciendo un llamado al concejo para que debata mi proyecto, que busca prohibir el consumo de sustancias alrededor de 500 metros a la redonda de entornos escolares, parques, entre otros”, indicó Diana Diago, concejala del Centro Democrático.

Reforzar la prevención es otro reto adyacente a esta concertación. En particular, incluyendo espectros sociales, públicos y privados que aún carecen de las herramientas para tomar una posición frente al consumo de drogas, en este caso, el cannabis. Por ejemplo, la última encuesta de consumo de sustancias en Bogotá arrojó que en los espacios laborales, el 40,68 % afirma que su empresa no tiene programas de este tipo y 3,05 % no lo sabe.

En cuanto a sensibilización, el 50,51 % de las personas asegura que ha recibido algún tipo de información relacionada con la prevención del consumo de alcohol y/o drogas y 49,15 % no la ha recibido. El 18,31 % afirma que en su trabajo existe un tipo de programas para ayudar al trabajador que presenta algún problema relacionado con el consumo de alcohol y/o drogas; el 72,88 % dice que no lo tienen, y 8,81 % no sabe. “La propuesta de las zonas autorizadas de consumo es un avance, ya que abre un debate necesario y que requiere una visión consensuada. Aquí, las propuestas de innovación serán las que salgan adelante”, concluyó Quintero. La propuesta ya está radicada. Queda en manos del cabildo someterla discusión.

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