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La Procuraduría alertó sobre “retrasos significativos” en la realización y estructuración de convocatorias del Ministerio de Ciencias financiados con recursos de Sistema General de Regalías (SGR) para el periodo 2023-2024.
“Se advierte que existe un retraso significativo en la asignación de recursos destinados a la Dirección de Gestión de Recursos para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (CTel), de lo que se puede concluir que no se han aprobado proyectos con recursos del bienio 2023-2024, a ello se suma que una vez designados sus ejecutores estos deberán cumplir con los requisitos de ejecución pertinentes y expedir el acto administrativo que decreta el gasto con cargo a los recursos asignados a más tardar dentro de los seis meses de la publicación de la aprobación del proyecto” se lee en la circular emitida por ente de control, conocida por El Espectador.
Para el periodo entre el 1 de enero de 2023 y diciembre de 2024, el SGR le asignó al sector Ciencia, Tecnología e Innovación de $2,9 billones. Con estos recursos, el Ministerio de Ciencias presentó, a principios de 2023, un cronograma para convocatorias diseñadas de acuerdo con la necesidades que expresaron los departamentos y otras entidades territoriales.
En total, se anunciaron 11 convocatorias para la financiación de proyectos relacionados con la conservación de los ecosistemas, energías sostenibles, soberanía alimentaría, entre otros temas. No obstante, a la fecha, de acuerdo con el ente de control, solo han sido publicado 10.
“Es importante destacar que de las anteriores convocatorias solamente tres se encuentran publicadas con las listas definitivas de elegibles. Aunado a esto, a la fecha, con los recursos asignados para este bienio, el OCAD CTel no ha tomado decisiones para viabilizar priorización y/o aprobación de inversiones a financiarse con estos recursos sobre los proyectos que corresponda”, indica la Procuraduría.
Por su parte, el ente de control expresó su preocupación ante la revocatoria del programa Ondas por, según expresó el OCAD (órgano rector de la regalías del sector), “deficiencias en el desarrollo de la evaluación por Minciencias, específicamente en la etapa posterior a la expedición de listado preliminar de elegibles y hasta la publicación del definitivo”.
En total, en los últimos dos años se han publicado cinco actualizaciones al Plan Bienal de Convocatorias, la última de estas fue realizada el pasado 11 de julio, en las que modificaron las fechas estimadas de apertura de las convocatorias. Otra de las críticas del ente de control es que se haya planificado adelantar convocatorias de manera simultánea, lo que podría incidir en la capacidad de evaluación, viabilización y aprobación de los proyectos.
Esta situación, de acuerdo con la Procuraduría, “deja en evidencia las deficiencias en las diferentes etapas establecidas para el desarrollo de las convocatorias, que no solo obstaculizan la correcta inversión de los recursos y el cumplimiento de los objetivos trazados, sino que enciende las alarmas respecta a la debida transparencia de los procesos de aprobación de las propuestas”.
El riesgo del bajo impacto y la obsolescencia
Uno de los efectos de las demoras en el desarrollo de estas convocatorias es, según la Procuraduría, podría incurrir en una obsolescencia tecnológica de los proyectos, así como no aplicar los ejercicios de planificación para avanzar en las necesidades priorizadas por el país.
Por ejemplo, el ente de control alerta que, a la fecha, no se ha publicado la convocatoria 37 para el financiamiento de Macroproyectos Nacional de CTel, por $500.000 millones, lo que pondría en riesgo la no ejecución de estos recursos en actual bienio. Además, se indica que los retrasos en los proyectos podrían afectar su implementación, costos y la población beneficiaria por posibles cambios en las condiciones o diagnósticos iniciales.
Por estas razones, la Procuraduría exhortó al Ministerio de Ciencia y los miembros del OCAD a tomar acciones para ejecutar, de manera transparente y efectiva, los planes de regalías para el sector. Además, pidió que se garantice que los proyectos que se aprueben obedezcan a criterios de oportunidad y no obsolescencia, y que así como que se asegure la transparencia en los procesos.
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