¡A desclasificar todos los archivos!

La paz cojeará hasta que todas las instituciones del Estado y las organizaciones de la sociedad civil presentes en más de 60 años de conflicto armado aporten la verdad que hay en sus archivos. Esta hipótesis me surgió tras asistir al foro 'Archivos y verdad: la importancia de documentar el conflicto', esfuerzo académico de gran valía organizado por Colombia2020 y su capítulo Justicia para la paz.

Quizá sea una proposición polémica, pero, a mi juicio, necesaria en el país del SÍ y del NO, donde los unos desconfían de los otros. Históricamente aquellos sectores con vocación de izquierda han visto con recelo y prevención las actuaciones de la derecha y viceversa. Los primeros, verbo y gracia, exigen a gritos que se desclasifiquen los archivos estatales, especialmente los de sus fuerzas de seguridad, lo cual, como es natural, genera suspicacia en sectores afines al establecimiento.

Entonces, en pro de tejer confianza, resultaría más que oportuno que muchas organizaciones de la sociedad civil −especialmente aquellas que pregonan la desclasificación de los documentos militares− hagan lo propio con sus archivos, en el entendido que su mandato y misionalidad están intrínsecamente relacionados con el conflicto armado.

En esta lista podrían entrar organizaciones como el Cinep, Minga, el Movice, la Comisión Colombiana de Juristas, el Cric y colectivos como el José Alvear Restrepo. De esta necesaria desclasificación de archivos no se pueden sustraer ni las Farc ni al Partido Comunista Colombiano y su órgano de difusión Voz, por citar ejemplos de organizaciones que generan desconfianza en amplios sectores de nuestra dividida sociedad.

Para que no califiquen mi propuesta de militarista y chafarotuda debo señalar que también tendrían cabida en esta especie de glasnost colombiano organizaciones de ganaderos, bananeros, palmicultores y mineros, entre otros, cuestionados por su rol en los territorios. La idea es simple: hacer públicos todos los archivos en una especie de Wikyleaks a la criolla.

Nunca se me hubiese ocurrido esta idea de no ser por la ponencia del guatemalteco Gustavo Meollo, exdirector del archivo histórico de la Policía de su país.  A mi juicio, él hizo los mejores aportes en este foro. Dijo que "todos los archivos son importantes y no se debe menospreciar su contenido", pues siempre habrá indicios de lo qué pasó, incluso en aquellos administrativos.

Subrayó que no hay justificación válida para oponerse a desclasificar un documento cuando se quiere conocer la verdad sobre una violación a los derechos humanos. ¡Totalmente de acuerdo! Mas yo agregaría algo: no hay tutía que valga cuando se trata de conocer sobre los graves crímenes de guerra cometidos en Colombia.

Quizá sólo así sea posible saber la verdad sobre: la masacre de Tacueyó; el atentado terrorista al club El Nogal; el asesinato de los diputados del Valle; la cartelización de falsos testigos en casos como el de  Mapiripán y otros menos sonados; la danza de los millones que hay detrás de las demandas al Estado en instancias como la Corte Interamericana de Derechos Humanos; la fuente de financiación de Marcha Patriótica y de Piedad Córdoba; la mirada cómplice de comunidades indígenas frente a los laboratorios de narcotráfico de las Farc y miles de episodios aberrantes sobre los que no hay respuestas.

Gustavo Meollo −quien en una corta, pero sincera conversación en privado me dijo que él había militado en la subversión de su país por más de una década, toda vez que me presenté como militar retirado−, estuvo de acuerdo con la tesis que estoy formulando en este escrito.

Le argumenté que algunos sectores han querido simplificar la ecuación del conflicto armado colombiano: Estado corrupto-Fuerzas Militares versus sociedad civil indefensa. Agregué que en este imaginario, las Farc aparecen como una simple anomalía matemática que jamás contó con el apoyo de amplios sectores de nuestra sociedad.

También llamó poderosamente mi atención la intervención de Gilberto Villa, asesor de la división de archivos de derechos humanos del Centro Nacional de Memoria Histórica, CNMH. Señaló a la audiencia que el Centro estaba acopiando archivos provenientes de organizaciones de la sociedad civil, pero que esta labor tenía carácter voluntario.

Le pregunté si ellos habían solicitado a las Farc sus archivos para construir memoria y contexto. ¡No! fue su respuesta, pues dijo que esto no era parte de la misionalidad del CNMH, que tal responsabilidad recaía en el SIVJRNR y que los archivos acopiados −como los de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, Anuc, y Minga−, les habían sido confiados voluntariamente. Empero, !oh sorpresa!, en el segundo panel, Diana Sánchez, directora de Minga, señaló que la entrega de sus archivos al CNMH se había hecho por petición expresa de esta entidad, previa firma de un acuerdo y después de sortear oposiciones internas. ¿Quién dijo la verdad?

Con esta y otras dudas remato esta columna. ¿Por qué ninguna entidad, en especial del SIVJRNR, le han exigido a las Farc la entrega de sus archivos como quedó consignado en el Acuerdo Final? Y otra aún más importante: ¿La JEP y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad cuentan con el personal idóneo y suficiente para administrar profesionalmente los archivos que le son y serán confiados?