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En Colombia, acceder a la interrupción segura del embarazo es muy difícil, especialmente para las mujeres que viven en zonas rurales afectadas por el conflicto armado. Pese a que hace un año la Corte Constitucional despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación, Médicos Sin Fronteras (MSF) ha constatado que las barreras para acceder a estos servicios siguen existiendo y, en lugares de difícil acceso, incluso se han multiplicado por el recrudecimiento del conflicto.
La interrupción segura del embarazo es de suma importancia en la salud pública, pues el aborto no seguro o la interrupción del embarazo sin asistencia médica es una de las cinco principales causas de mortalidad materna en todo el mundo y ocasiona la muerte de al menos 22.000 mujeres y niñas cada año. En Colombia, durante 2022, se presentaron 433 casos de mortalidad materna, según el Instituto Nacional de Salud (INS).
A través de las fuentes oficiales no es posible confirmar con certeza cuántos casos de mortalidad materna correspondieron a abortos inseguros, sin embargo, un reporte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en 2020 señala que 34 mujeres fallecieron por abortos no seguros en Colombia, cifra que puede ser mayor dado el subregistro de los abortos clandestinos. De hecho, la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología (Fecolsog) estima que en Colombia se realizan anualmente 400.400 abortos a través de métodos no seguros.
Las barreras desde los territorios
Actualmente, MSF cuenta con proyectos de salud comunitaria y atención a emergencias en el Triángulo de Telembí (Nariño) y en Alto Baudó (Chocó). En estos lugares, el acceso a la salud está restringido por factores como el conflicto armado, las distancias entre las veredas y los municipios en donde hay centros de salud, la ausencia de dinero para pagar un transporte, la escasez de personal médico y de medicamentos, entre otros.
Cuando una mujer desea una interrupción voluntaria del embarazo (IVE), a estas barreras geográficas y económicas se suman el estigma, la desinformación y la negativa de muchos centros médicos para realizar el procedimiento médico. Es más, MSF ha constatado que en diferentes instituciones de salud aún no se ha implementado la Resolución 051 de 2023, en la cual el Ministerio de Salud establece una línea operativa y técnica para que las entidades garanticen el acceso a la interrupción segura del embarazo.
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Corinne Peter, quien trabajó como coordinadora médica del proyecto de salud en Nariño, comenta que en las veredas apartadas del Triángulo de Telembí —en donde más de 5.000 personas viven confinadas por el conflicto armado entre distintos grupos— “se encuentran muchas niñas y mujeres embarazadas. Algunas quisieran interrumpir su embarazo, pero tienen varios obstáculos: para ir de la vereda al pueblo necesitan más de 100 mil pesos, tienen que contar con la autorización del padre o su pareja e incluso con la aprobación moral de sus vecinos porque las pueden juzgar”.
Cuando la mujer llega al hospital municipal, decía Peter, lo más probable es que le digan que debe ir a Tumaco, ciudad que queda a seis o siete horas en bus. En los centros de salud u hospitales no saben mucho de la despenalización del aborto, entonces todavía hablan de las causales que existían antes de la sentencia o argumentan que el centro de salud objeta conciencia frente a esos casos. Así van dilatando y dilatando hasta que la mujer, sin recibir en muchos casos orientación, termina buscando un aborto inseguro en lugares clandestinos. Esto es grave y debemos tener en cuenta que estas mujeres o niñas viven en veredas en las que no ven un médico desde hace dos o tres años”.
En Alto Baudó la situación es similar. De acuerdo con Vilma Portal, coordinadora médica del proyecto de MSF en Chocó, “si una paciente requiere interrumpir su embarazo de forma segura debe viajar hasta Quibdó, lo que puede representar uno o dos días de viaje dependiendo de la vereda en donde viva la persona. Estando en el municipio Pie de Pató, hemos sabido de mujeres que les niegan el servicio y les dicen que deben ir a Profamilia en Quibdó. A pesar de que es legal, hay muchas dificultades para acceder a los servicios. De hecho, sabemos de mujeres que compran los medicamentos y tratan de hacerlo por su cuenta, porque hay muy poca información”.
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Eliminar las barreras, una tarea urgente
En todo el país, el movimiento Causa Justa ha identificado nueve barreras generales que deben ser eliminadas para garantizar la interrupción segura del embarazo: desconocimiento del nuevo marco legal por parte del personal de salud; desatención al derecho a la información por parte de las entidades de salud; solicitud de requisitos innecesarios para acceder al IVE; falta de respuesta o respuesta tardía ante las solicitudes de IVE; uso inconstitucional de la objeción de conciencia; interpretaciones restrictivas del nuevo marco legal; falta de adecuación en los protocolos internos de atención en las instituciones de salud; fallas en el sistema de referencias médicas y violencia o tratos discriminatorios en los servicios de salud.
Es importante señalar que en los proyectos de MSF alrededor del mundo somos testigos, a diario, de los devastadores efectos del aborto no seguro. De hecho, muchas pacientes llegan con complicaciones y en algunos centros médicos el aborto no seguro es la causa de hasta el 30% de las emergencias obstétricas. Las consecuencias potencialmente mortales del aborto no seguro que tratamos incluyen hemorragia excesiva, sepsis (infección general grave), perforación uterina y daños a otros órganos internos, e intoxicación. Las mujeres y las niñas afectadas por un aborto no seguro pueden requerir una transfusión de sangre, una cirugía reparadora mayor o la extracción del útero. Es esencial que las instituciones de salud en Colombia garanticen las condiciones para asegurar el cumplimiento de la resolución 051 de 2023, lo cual podría evitar miles de abortos inseguros.