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En sus memorias (tituladas Palabras Pendientes), Alfonso López Michelsen dijo, finalizando la presidencia de Andrés Pastrana, que no veía futuro para el país. Ante la pregunta de su interlocutor, Enrique Santos, de si el escenario era tan siniestro para no tener esperanza, este le responde que “para tener futuro se necesita partir de realidades ciertas y lo cierto es que en Colombia, hoy por hoy, no hay nada sólido”.
A los ojos de López Michelsen, el revolcón que vivía Colombia a finales del siglo pasado -a saber: negociaciones con las FARC que implicaban cesión del territorio nacional; la llegada de nuevos políticos por fuera de los partidos tradicionales, como Álvaro Uribe; y la transformación del sistema económico, motivado por las reformas de Gaviria- era tan incomprensible que no había manera de predecir qué pasaría en los siguientes años.
Si bien con mucha más esperanza y voluntad de aunar esfuerzos, desde el 24 de noviembre de 2016 ha predominado en Colombia una sensación similar a la que tenía López. Ese día, en el fondo, nadie tenía idea de cómo se iba a desenvolver política y socialmente el país después del Acuerdo de Paz. Nos enfrentamos a un resultado por el que, desde distintas orillas, se venía trabajando desde hace tanto tiempo, que no supimos “qué seguía”.
Sin embargo, el entusiasmo que suscitaba la novedad fue decreciendo con el tiempo, a medida que un ambiente políticamente hostil minó la implementación y las formas de violencia sufrieron transformaciones que alejaron de nuevo la idea de una “paz estable y duradera”. Desde entonces, se celebran aniversarios anémicos de la firma del Acuerdo con balances agridulces y logros apalancados, principalmente, en acciones implementadas por movimientos sociales de base, organizaciones de la sociedad civil y organismos de cooperación internacional.
En este texto pretendo hacer una defensa más “alentadora” de uno de los puntos del Acuerdo de Paz que más ha avanzado en los últimos 7 años: la Participación Política. Aun cuando las recientes transformaciones políticas no se explican solo por el segundo punto, este se ha configurado como un hito fundamental en la apertura democrática que estamos experimentando como nación.
Muestra de ello ha sido la reglamentación del Estatuto de Oposición, la integración exitosa de Comunes a una plataforma política amplia como el Pacto Histórico, e, incluso, el estallido social de 2019 y 2020 que, aún víctima de niveles impensables de violencia estatal, revitalizó una forma de participación ciudadana que no veía tal ímpetu nacional desde, al menos, el paro agrario de 2013.
Adicionalmente, las elecciones de 2019, 2022 y las más recientes de hace algunas semanas demuestran varias ganancias en términos de representación democrática. Por un lado, el crecimiento de sectores políticos de izquierda, los cuales se habían visto excluidos formal e informalmente del sistema democrático.
Por otro lado, el éxito de listas cerradas, como las del Pacto Histórico en las elecciones de 2022 y al Concejo de Bogotá de 2023, las cuales favorecen la creación de partidos con mayor disciplina y plataformas ideológicas estables. Por último, un viraje en el espíritu general de las elecciones del país, las cuales evidencian cada vez más un voto ejercido en el sentido más tradicional de la democracia: una rendición de cuentas o “evaluación” del desempeño de los políticos (lo que, erróneamente, ha hecho carrera en medios y en boca de analistas como el “plebiscito” al presidente, alcaldes en ejercicio, etcétera).
La lista de aspectos por mejorar sigue siendo larga. Es necesario terminar de establecer y fortalecer los mecanismos de toma de decisión y democracia interna en los partidos políticos. Solo así se puede evitar la mal reputada “dictadura del bolígrafo” y crear partidos con marcas estables que permitan la identificación y el fomento de militancias perdurables. También es imprescindible proscribir la represión violenta de la protesta social y profundizar en el establecimiento de protocolos de diálogos y desescalamiento del conflicto en escenarios de manifestaciones públicas.
Aun con todo ello, el proceso de democratización que debía atravesar Colombia no se iba a sortear en menos de una década, y los avances han tenido la suficiente magnitud para augurarnos algunas victorias en el largo aliento.
A este punto de la implementación de los Acuerdos abundan las evaluaciones sobre qué falló: desde la Reforma Rural Integral, pasando por la inoperancia del PNIS, hasta las desoladoras cifras de asesinatos a excombatientes. Fracasos rotundos. Ya ha pasado suficiente tiempo, sin embargo, para que empecemos a hacer un balance de lo que ha salido un poco mejor.
El segundo punto del Acuerdo Final puede ser ese bálsamo para la autoestima que necesitamos: el comienzo, lento pero seguro, de un largo camino de democratización. El nuevo reto consiste en tomar como certezas los logros hasta ahora alcanzados y profundizarlos a tal punto que se integren a nuestra institucionalidad. De lo contrario, como López Michelsen, podemos terminar con una ceguera tal que no nos permita ver ningún futuro posible ante la negación de los aciertos del presente.