La inseguridad y la zozobra política obstaculiza la búsqueda de la paz
El Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera de 24 de noviembre de 2016, es uno de los logros más importantes de la sociedad colombiana. Cumplir lo pactado es un referente necesario para avanzar en los diálogos y negociaciones con las organizaciones al margen de la ley. El presidente Petro le atribuye responsabilidad al gobierno anterior y reitera que el Estado de Colombia no quiere cumplir con lo acordado.
Lo dicho por el jefe de Estado se percibe como una advertencia, un llamado a los organismos internacionales sobre la necesidad de conjurar esta difícil situación, pero a la vez se puede interpretar como una exculpación de su responsabilidad.
El común denominador es la inseguridad en diferentes ámbitos. A los exmiembros de las FARC-EP que dejaron las armas los siguen matando, la indefinición jurídica rodea a las organizaciones al margen de la ley, pues el marco legal no está claro, especialmente para quienes fueron comparecientes ante la JEP; tampoco hay una ley de sometimiento. Algunos grupos armados de particulares están divididos, sus acciones en el territorio son inconexas, carecen de un mando responsable; a su vez, la multiplicación de grupos armados y la inclinación a reconocerles estatus político en forma precipitada, puede contraponerse con el Protocolo II Adicional a los Cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
El presidente Petro planteó ante el Consejo de Seguridad de la ONU la creación de un sistema único de verdad, justicia, reparación y reconciliación para todos los actores del conflicto, incluso para las organizaciones de narcotraficantes. La necesidad apremiante de buscar la paz con todos los grupos armados y organizaciones al margen de la ley no puede conducir a debilitar importantes instituciones como la Jurisdicción Especial para la Paz y quebrantar la acertada Ley 2272 de 2022 (llamada de paz total) que fue promovida por el propio gobierno. Se requiere acatar el mandato constitucional de la colaboración armónica de las ramas del poder público.
La nueva legislatura que empezó el 20 de julio y los dos años que cumple en la presidencia Gustavo Petro, debe marcar un nuevo camino, el rumbo de lo posible y no las propuestas sensacionales pero inoportunas. Se dice profusamente que no hay logros ni avances en los diálogos de paz ni desmantelamiento de estructuras criminales. Si bien es cierto existen problemas serios de orden público y dificultades, el presidente Petro ha sido coherente y persistente en la búsqueda de la paz asociada con la redistribución, entrega y titulación de tierras. En Colombia numerosas organizaciones al margen de la ley actúan a lo largo y ancho del país, algunas hace décadas, otras son disidencias o nuevos grupos; buscar acercamientos e interlocución, llevarlos a las mesas, realizar acuerdos preliminares, lograr varios ciclos de conversación, proponer fórmulas de arreglo, requiere tesón y sacrificio. Es un trabajo difícil que no se mide por resultados sino por el compromiso y las acciones emprendidas.
Es ineludible tener en cuenta que los diálogos y acercamientos son fructíferos si las partes tienen voluntad de paz; el cese al fuego bilateral es un procedimiento para desescalar el conflicto armado y no una forma de fortalecimiento militar u ocupación territorial. Hay un marco jurídico y ético que no está sujeto al querer de las partes, que es permanente e inderogable, que prohíbe el secuestro, el reclutamiento de niños, el desplazamiento forzado, el confinamiento y otras prácticas que constituyen infracciones al DIH. El temor a la ruptura de los diálogos o la suspensión del cese al fuego bilateral no puede normalizar la desprotección de las personas ante los violentos, todo lo contrario, refuerza el acatamiento de los imperativos constitucionales. Se avanza en la búsqueda de una paz estable y duradera cuando se honra lo pactado, procediendo con lealtad y de buena fe.
Cumplir el Acuerdo de Paz y continuar con los diálogos, no requiere necesariamente de reformas constitucionales; el presidente, por ejemplo, puede solicitar el trámite de urgencia para cualquier proyecto de ley; la Constitución le permite al Congreso conceder por graves motivos de conveniencia pública, amnistías o indultos por delitos políticos. A dos años de gobierno, la clave es buscar consensos políticos y superar la polarización.
El Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera de 24 de noviembre de 2016, es uno de los logros más importantes de la sociedad colombiana. Cumplir lo pactado es un referente necesario para avanzar en los diálogos y negociaciones con las organizaciones al margen de la ley. El presidente Petro le atribuye responsabilidad al gobierno anterior y reitera que el Estado de Colombia no quiere cumplir con lo acordado.
Lo dicho por el jefe de Estado se percibe como una advertencia, un llamado a los organismos internacionales sobre la necesidad de conjurar esta difícil situación, pero a la vez se puede interpretar como una exculpación de su responsabilidad.
El común denominador es la inseguridad en diferentes ámbitos. A los exmiembros de las FARC-EP que dejaron las armas los siguen matando, la indefinición jurídica rodea a las organizaciones al margen de la ley, pues el marco legal no está claro, especialmente para quienes fueron comparecientes ante la JEP; tampoco hay una ley de sometimiento. Algunos grupos armados de particulares están divididos, sus acciones en el territorio son inconexas, carecen de un mando responsable; a su vez, la multiplicación de grupos armados y la inclinación a reconocerles estatus político en forma precipitada, puede contraponerse con el Protocolo II Adicional a los Cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
El presidente Petro planteó ante el Consejo de Seguridad de la ONU la creación de un sistema único de verdad, justicia, reparación y reconciliación para todos los actores del conflicto, incluso para las organizaciones de narcotraficantes. La necesidad apremiante de buscar la paz con todos los grupos armados y organizaciones al margen de la ley no puede conducir a debilitar importantes instituciones como la Jurisdicción Especial para la Paz y quebrantar la acertada Ley 2272 de 2022 (llamada de paz total) que fue promovida por el propio gobierno. Se requiere acatar el mandato constitucional de la colaboración armónica de las ramas del poder público.
La nueva legislatura que empezó el 20 de julio y los dos años que cumple en la presidencia Gustavo Petro, debe marcar un nuevo camino, el rumbo de lo posible y no las propuestas sensacionales pero inoportunas. Se dice profusamente que no hay logros ni avances en los diálogos de paz ni desmantelamiento de estructuras criminales. Si bien es cierto existen problemas serios de orden público y dificultades, el presidente Petro ha sido coherente y persistente en la búsqueda de la paz asociada con la redistribución, entrega y titulación de tierras. En Colombia numerosas organizaciones al margen de la ley actúan a lo largo y ancho del país, algunas hace décadas, otras son disidencias o nuevos grupos; buscar acercamientos e interlocución, llevarlos a las mesas, realizar acuerdos preliminares, lograr varios ciclos de conversación, proponer fórmulas de arreglo, requiere tesón y sacrificio. Es un trabajo difícil que no se mide por resultados sino por el compromiso y las acciones emprendidas.
Es ineludible tener en cuenta que los diálogos y acercamientos son fructíferos si las partes tienen voluntad de paz; el cese al fuego bilateral es un procedimiento para desescalar el conflicto armado y no una forma de fortalecimiento militar u ocupación territorial. Hay un marco jurídico y ético que no está sujeto al querer de las partes, que es permanente e inderogable, que prohíbe el secuestro, el reclutamiento de niños, el desplazamiento forzado, el confinamiento y otras prácticas que constituyen infracciones al DIH. El temor a la ruptura de los diálogos o la suspensión del cese al fuego bilateral no puede normalizar la desprotección de las personas ante los violentos, todo lo contrario, refuerza el acatamiento de los imperativos constitucionales. Se avanza en la búsqueda de una paz estable y duradera cuando se honra lo pactado, procediendo con lealtad y de buena fe.
Cumplir el Acuerdo de Paz y continuar con los diálogos, no requiere necesariamente de reformas constitucionales; el presidente, por ejemplo, puede solicitar el trámite de urgencia para cualquier proyecto de ley; la Constitución le permite al Congreso conceder por graves motivos de conveniencia pública, amnistías o indultos por delitos políticos. A dos años de gobierno, la clave es buscar consensos políticos y superar la polarización.