El 28 de junio de 2022, una semana exacta después de la elección de Gustavo Petro como Presidente de Colombia, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV) entregó al país y al mundo su Informe Final. El contexto político de ese momento, aunque polarizado por el proceso electoral, estaba impregnado de esperanza y confianza por la posibilidad de que, con la llegada por primera vez de la izquierda al poder en Colombia, las cosas pudieran cambiar. Así, el manifiesto de la Comisión en el que interpela a toda la sociedad sobre su rol y responsabilidad en el conflicto colombiano fue respaldado por el Presidente electo con un mensaje contundente sobre su determinación por cumplir con las recomendaciones del Informe a ‘rajatabla’. No obstante, un año después de ese mensaje, sabemos que esas intenciones no solo dependen de la voluntad del Gobierno y requieren de un compromiso nacional para cristalizarse.
En los meses anteriores a la entrega del Informe, la CEV promovió la creación de una Red de Aliados del Informe Final, con el fin de contar con agentes de promoción y difusión de su legado a lo largo del país a través de actores diversos provenientes de procesos sociales de base, organizaciones, activistas, academia, sectores culturales, entre otros. Se desarrollaron múltiples actividades en las que los aliados pudimos participar y durante los dos meses que siguieron a la entrega del Informe se generaron muchos espacios de divulgación que acudieron a las herramientas de pedagogía desarrolladas por la propia Comisión. Luego de ese periodo, muchas de esas actividades han continuado: lecturas en vivo de pedazos del Informe en espacios culturales, colegios y universidades; creación de nuevas metodologías y mecanismos de divulgación y apropiación, conversatorios sobre el contenido del Informe, ejercicios territoriales diversos.
Sin embargo, la euforia inicial en torno al Informe Final se ha venido atenuando por cuenta de varios factores, incluyendo su densidad y algunos cuestionamientos en torno a la coherencia de sus contenidos y la exclusión de ciertas voces y experiencias. Un asunto que ha sido particularmente lesivo ha sido el juego político en el que ha caído. Pocas semanas antes de que se entregara al país, el Comisionado de la Verdad representante de las fuerzas militares renunció a su cargo, abriendo con ello el cuestionamiento a la legitimidad de sus contenidos por parte de la derecha. Aunque por la extensión del plazo en la entrega el Informe no pudo ser usado en el marco de la campaña presidencial, su politización fue inevitable una vez se reorganizaron las fuerzas políticas del país. El respaldo explícito del Presidente Petro al Informe, lo volvió una herramienta de ataque por parte de las fuerzas de oposición, que incluso llevaron a que produjeran una especie de informe sombra para ‘contrarrestar’ sus contenidos.
El momento más álgido se vivió hace poco tiempo cuando se estaba debatiendo en el Congreso el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y se puso sobre la mesa el artículo que señalaba que las autoridades debían acoger progresivamente las recomendaciones del Informe de la CEV según ‘su viabilidad, competencias y capacidades, de conformidad con las disposiciones y limitaciones establecidas en la Constitución y las leyes’. Esta norma, que no generaba realmente ninguna obligación concreta y que, en palabras de Rodrigo Uprimny, solo llamaba a tomarse las recomendaciones de la Comisión en serio, reencauchó la oposición abierta de la derecha contra todos los mecanismos de construcción de paz derivados del Acuerdo de Paz de La Habana. El ataque al trabajo de la Comisión fue violento y finalmente la norma se hundió con el falso argumento de que dejarlo volvería obligatorias las recomendaciones del Informe.
Este resultado lamentable, sin embargo, fue una oportunidad para reactivar el trabajo en red de los aliados de la CEV que había venido perdiendo fuerza como colectivo y se había enfocado en la socialización de esfuerzos independientes. La visibilización del tema en el marco del debate del PND llevó a que la Red de Aliados construyera en tiempo récord un comunicado contundente que se abrió y recibió miles de firmas de apoyo e hiciera incidencia en torno a la importancia del legado de la CEV. Aunque el resultado no fue el esperado, la lección que salió de ese impasse fue que el legado del Informe está en manos de la sociedad civil, de la academia, los colectivos, activistas y todas las personas que creen en su valor y que pueden divulgarlo y mantenerlo vivo en la conversación pública.
Este nuevo aire que está tomando la Red de Aliados, a un año de entregado el Informe Final de la CEV, es fundamental para seguir avanzando en el proceso de su apropiación y divulgación, y para atender asuntos que aún están pendientes: acompañar y verificar el proceso de traslado, consulta y custodia de los archivos de la Comisión al Archivo Nacional; apoyar el trabajo que el Sistema Integral para la Paz haga en torno al propio Informe de la CEV, como ha ocurrido con la JEP en materia de archivos y apoyo a la implementación, y respaldar y hacer seguimiento al Comité de Implementación de las Recomendaciones, cuyo trabajo tiene un potencial enorme de impacto, pero cuyos avances aún son incipientes. Todos estos son temas esenciales que no pueden dejar de abordarse por las barreras que la institucionalidad imponga; por el contrario, el llamado es a derribarlas a partir de acciones contundentes fortalecidas por el trabajo colectivo y motivadas por el deseo no repetir los horrores del pasado.