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Esta semana se espera que inicie en plenaria de la Cámara de Representantes un nuevo esfuerzo por allanar el camino para la regulación de la marihuana para uso adulto. Un intento que se construye sobre lo histórico de la legislatura pasada, pero que también reconoce la presencia de unos grandes opositores y sus votantes quienes, luego de tumbar el proyecto anterior, el último día del periodo legislativo pasado, salieron victoriosos y con impulso para que este nuevo periodo legislativo no sea diferente y el proyecto se vuelva a caer.
La aprobación del proyecto plantea muchos retos, pero el principal es ver cómo subimos a los opositores al bus de la regulación, pues, sin su voluntad, pero sobre todo sin sus votos, resultará imposible avanzar hacia la construcción de un abordaje diferente de las drogas ilegalizadas.
Para este objetivo es fundamental, en primer lugar, reconocer que no es un proyecto de regulación, sino un proyecto de Acto Legislativo que elimina de la Constitución Política la prohibición de usar la marihuana para fines adultos, es decir, para fines no médicos o científicos que las personas mayores de 18 años decidan, en salvaguarda del derecho al libre desarrollo de la personalidad, siempre y cuando no afecten los derechos de terceros, y pare de contar. Esto porque las modificaciones a la constitución tienen unos límites, no es el lugar de las listas de mercado ni de la política pública. Lo cual no significa que ahora cualquiera pueda salir a vender o comprar marihuana, sino que son reglas que se definirán en una instancia posterior, bajo las garantías democráticas del trámite legislativo, o por decreto presidencial.
Este reconocimiento implica darle un cambio a la narrativa, y parar de decir que es “el proyecto que regula el cannabis de uso adulto”. Se repitió mil veces una mentira, desde los ponentes, pasando por la sociedad civil y los opositores, hasta los medios masivos de comunicación hablaron del “proyecto que regula el cannabis de uso adulto”. Un segundo después, todas las preguntas, dudas, y miedos fueron imposibles de responder porque no eran competencia de lo que efectivamente se buscaba aprobar en el Congreso.
La narrativa fue funcional al miedo en la ciudadanía, y por esa razón los congresistas decidieron no pagar el costo político y votar en contra del proyecto en la última instancia, mientras se justificaban de que las reglas del juego publicitario para el cannabis no estaban lo suficientemente claras. Pero, sinceramente, ¿debían estarlo? El proyecto que efectivamente regule el cannabis de uso adulto tiene que responder a estas incertidumbres y miedos, no solo en lo que respecta a la publicidad, sino también en cuanto a impuestos, licencias, dispensarios, reinversión, prevención del uso de sustancias, integración vertical, participación de multinacionales, excarcelación, trazabilidad, transporte, semillas, fertilizantes, derivados, zonas de consumo, entre muchos otros aspectos.
El carácter democrático y participativo que ha tenido el proyecto, es una de las más importantes garantías para convencer a los grupos opositores de que serán escuchados, respetados y con capacidad de influencia en él. Ya se han incluido en el articulado elementos como el fortalecimiento de la prevención de uso de sustancias, el enfoque de salud pública y derechos humanos, los impuestos, los espacios públicos, la publicidad, y la consulta previa. También se ha mantenido el término “licencias” como concesión y salvavidas de los que ahora se encuentran en el desierto del cannabis medicinal.
Un segundo aspecto sobre el cual también deberíamos llamar la atención es que el cambio en el abordaje de las drogas es inevitable, pues no es un capricho ideológico de las personas de izquierda o ‘progres’, sino que la política de prohibición cae por su propio peso. La evidencia científica ya ha demostrado que a pesar del gran esfuerzo de prohibir, los resultados no son proporcionales, e incluso inexistentes.
En todos los niveles de decisión sobre las políticas de drogas se están controvirtiendo la eficacia y hasta los objetivos mismos de la prohibición por las oportunidades que representa un mercado regulado por el Estado. En Estados Unidos los mismos partidos que un par de décadas atrás promovieron la más militarizada y aguda guerra contra las drogas están ahora promoviendo escenarios de regulación de sustancias, y en Colombia hasta tuvimos un miembro del Centro Democrático que fue en contra de la lógica de su partido, privilegió la evidencia científica y los beneficios económicos que la regulación podía traer para el grupo social que representaba.
Por último aspecto, es clave hacer entender a la oposición que la regulación es el medio más eficiente para lograr sus objetivos sobre el uso de sustancias psicoactivas y sobre el sentido del Estado en general. Asuntos como la prevención del uso de drogas, la protección de la niñez, la eficiencia en la asignación de esfuerzos de la fuerza pública, la promoción de las empresas y el empleo, y la responsabilidad fiscal, pueden ser impulsados con la mediación del Estado para crear un mercado legal de marihuana.
En unos nueve meses se estará contando el hito o la frustración con el Acto Legislativo. Son ya cuatro años de trabajo intenso y renovación constante, que invitan en cada momento a hilar más fino, con mayor precisión en las palabras, mejor estructura en los argumentos y tacto con los opositores y la ciudadanía.