La firma del acuerdo de paz entre las FARC-EP y el gobierno de Juan Manuel Santos fue recibido con grandes expectativas. Sin embargo, después de un lustro de una problemática implementación, resulta claro que la construcción de esa anhelada paz estable y duradera es un asunto mucho más complejo que la desmovilización de tal o cual grupo armado. De igual manera, resulta claro que esa paz escalonada que se negocia con un grupo a la vez (hoy contigo, mañana con otro) tiene una limitación enorme en un conflicto con una gran capacidad para absorber y re-movilizar actores desmovilizados, cuando no para exterminarlos. Mientras tanto, la persistencia de las llamadas “causas objetivas/estructurales”, es decir, todas aquellas causas socio-económicas y políticas que han servido de telón de fondo para el conflicto, sigue pasando factura a una sociedad que ha sido incapaz de abordarlas de manera resuelta.
Efectivamente hay discontinuidades y reacomodos importantes en el nuevo escenario del conflicto. Uno de ellos, es la fragmentación de grupos y tradiciones armadas -por ejemplo, de los grupos herederos, derivados y continuadores de la tradición de las FARC-EP. Hay grupos que nunca se desmovilizaron alegando las insuficiencias del acuerdo de paz, otros que se re-movilizaron denunciando incumplimientos, y hay grupos que se dedican sencillamente a la criminalidad organizada o que se convirtieron en grupos contra-insurgentes. Pero esto es también cierto para los grupos herederos, derivados y continuadores de la tradición paramilitar de las AUC, donde se han dado alianzas y mutaciones bastante pronunciadas, con grupos de corte contra-insurgente tradicional, grupos que han abandonado las pretensiones contrainsurgentes y sencillamente se han convertido en milicias privadas al servicio de sectores económicos (legales e ilegales), y otros que han mutado políticamente para expresar proyectos regionalistas, que mezclan conservadurismo moral y desarrollismo -creando un tipo de “animal diferente” en el marco del conflicto, que aún estamos tratando de entender. Entender el carácter de estos grupos, y por consiguiente, sus demandas y los sectores sociales que representan, es clave para desarrollar una estrategia de “paz total” que pueda aspirar a superar la violencia letal como un componente normalizado del quehacer político.
Pero así como hay discontinuidades, no podemos ignorar el peso enorme de las continuidades y persistencias del ciclo previo del conflicto en este nuevo ciclo. En primer lugar, quiero partir cuestionando una visión que dice que este nuevo ciclo de conflicto se caracteriza por un nivel de criminalización mucho mayor que el anterior. Es como si, de alguna manera, la desmovilización o participación en un acuerdo de paz redimiera a los actores y condenara a los que se quedaron por fuera. Los que dicen que las FARC-EP que no se desmovilizaron, hoy bajo el mando de Iván “Lozada” Mordisco, son mucho más criminales que las FARC-EP que Timoleón “Timochenko” Jiménez llevó a la desmovilización, se olvidan de lo que hace diez años decían de éstos: una guerrilla sin fines, en guerra contra la sociedad, un cartel criminal, etc. ¡Pero resulta que ahora, después del proceso de paz, esos sí eran políticos y estos otros no!
La realidad es mucho más matizada que estas caricaturas, y este ciclo de conflicto sigue teniendo una dimensión fundamentalmente política. Quienes dicen que las alianzas coyunturales que hacen los grupos de diferente signo demuestran que, en realidad, no tiene ideologías de fondo, ignoran que la política es altamente pragmática y coyuntural. Por ejemplo, nadie negaría que Hitler y Stalin son dos personajes altamente representativos de diferentes perfiles ideológicos, de carácter antagónico. Y sin embargo, hicieron un pacto de no agresión, el cual no los desideologizó en absoluto. Quienes dicen, de igual manera, que el involucramiento en la industria de la droga tiene un efecto necesariamente corruptor y des-politizante son incapaces de explicar cómo la droga tiene un efecto particularmente corruptor en relación a otras actividades ilegales, como el robo de bancos, que los grupos revolucionarios han utilizado tradicionalmente para financiarse.
Por otra parte, la coca no ha sido el único renglón de la economía colombiana que ha tenido que ver con el conflicto: la minería, el petróleo, el café, la ganadería, los agronegocios, todas éstas han sido actividades económicas e industrias que han servido a la economía de la guerra. Hay abundante investigación que lo demuestra, y sin embargo, todavía no escuchamos al primer político declarar que mientras quede una vaca o una mata de café en Colombia no habrá paz. La narcotización descontextualizada de los discursos de paz y guerra en Colombia desdibuja la manera en que los cultivos de uso ilícito, así como su regulación, están anclados en temas profundamente políticos relacionados con las desigualdades estructurales en el campo colombiano, la arquitectura diferenciada del estado en el territorio colombiano, y la incorporación desigual de las regiones a los mercados internacionales.
Es ahí, en esas discusiones políticas, sobre las “causas objetivas/estructurales” del conflicto, donde encontramos las mayores persistencias en el conflicto armado en esta nueva etapa. Y es ahí donde la política del actual gobierno de “paz total” tiene la posibilidad de desarrollar reformas que sienten las bases para construir esa esquiva paz estable y duradera. La cual está íntimamente relacionada con reformas de fondo al sistema político y económico-social. Reformas las cuales, huelga aclarar, no son una “concesión” a los grupos armados ni un acto de “arrodillamiento” ante estos, sino el reconocimiento objetivo de las deudas históricas del estado colombiano. Este reconocimiento de la necesidad de reformas de fondo, imprescindible para avanzar en la construcción de paz, es lo que está detrás de la política de “paz total”.
Algunos de estos temas son la necesidad de una reforma agraria que acabe con las desigualdades estructurales del campo colombiano, así como con la tradición de acumulación y despojo de tierras, y que proteja tanto al campesinado como a las comunidades étnicas, promoviendo un desarrollo sostenible en términos económicos, sociales y ambientales. También es imprescindible establecer nuevas formas de relacionamiento entre el centro y las regiones que sean más inclusivas, menos extractivas y explotadoras, temas que son claves en las reformas tributarias y las políticas de transición energética del actual gobierno. Por último, la doctrina militar colombiana y el relacionamiento con los EEUU, merecen una reforma profunda, para evitar que en un futuro próximo las agendas de drogas o de terrorismo de Washington se interpongan como una barrera a la construcción de paz, llegando al punto que un país extranjero, supuestamente amigo, participe en acciones criminales para minar la construcción de paz (como se evidenció con el caso Santrich). La agenda política colombiana no puede seguir siendo dictada por las prioridades de Washington, máxime cuando estamos en un mundo crecientemente multipolar. Este último punto está también relacionado con el fortalecimiento de los lazos regionales en Latinoamérica y el mejoramiento de las relaciones con los vecinos.
Todos estos son objetivos de largo plazo, que requerirán de una participación crucial de las diversas fuerzas sociales en la promoción, diseño e implementación de estas reformas. Estas reformas y estas negociaciones de paz con grupos muy diversos no pueden ir a un ritmo dictado por las necesidades y los marcos temporales de la política electoral. Es ahí donde la política de “paz total” encuentra quizás su mayor desafío: en la construcción de liderazgos colectivos y capaces de impulsar procesos de transformación de largo aliento que no dependan exclusivamente del carisma individual de tal o cual líder. Lo que sí es claro, es que este será un proceso largo, contradictorio, que requerirá visión de largo plazo.
*Esta intervención se basa en la presentación de José A. Gutiérrez en el seminario “¿Hacia una Paz Total en Colombia? Nuevas trayectorias de enfrentamiento y acercamientos entre grupos armados y el estado en la creación de una seguridad territorial”, organizado por el Instituto Latinoamérica de la Universidad Libre de Berlín, LAI-FUB (Berlín, 27 enero 2023).
**Profesor de la Universidad Santo Tomás e investigador de la Universidad Libre de Bruselas, Bélgica.