¿Cómo puede contribuir la justicia transformativa a la construcción de Paz Total?

Apuntes de Paz Total: Desafíos y posibilidades de la trasformación de los grupos armados - más allá de la dicotomía político – criminal-

La justicia transicional, aquella disciplina que combina herramientas legales y extralegales para contribuir a la construcción de paz en países que sufren de conflictos y regímenes represivos, se ha consolidado desde la década de los ‘90 como un paradigma privilegiado para fortalecer el tránsito a sociedades en paz. Desde sus primeros pasos en las experiencias de las transiciones a la democracia en el Cono Sur, el desmantelamiento del apartheid en Sudáfrica, o los juicios tras la guerra en la ex Yugoslavia, la justicia transicional ha adquirido proporciones industriales, en términos de escala y complejidad de sus operaciones y funciones. La justicia transicional ha estado íntimamente ligada a lo que se ha llamado como el paradigma de construcción de paz liberal, según el cual las sociedades que cuentan con una economía de mercado y un sistema político electoral competitivo son menos susceptibles de sufrir conflictos o represión.

Colombia es un país que, en muchos sentidos, ha estado a la cabeza de los debates y las intervenciones prácticas de la justicia transicional en las últimas dos décadas. No solamente Colombia es un país del que provienen importantes figuras académicas en el campo de la justicia transicional. Además, es un país con una robusta experiencia práctica en implementar algunos de los mecanismos judiciales y extrajudiciales para reparar a las víctimas, conocer la verdad e implementar medidas punitivas especiales para algunos de los responsables de violaciones graves en el marco de la violencia política que ha vivido el país durante décadas.

Sin embargo, Colombia representa también un importante desafío a las premisas del paradigma de construcción de paz liberal que permea a la justicia transicional. Colombia, sin lugar a duda, goza de una economía de mercado. Y pese a sus vicios clientelistas, la corrupción endémica, y la violencia política (que ha llevado al exterminio casi completo de partidos, siendo la Unión Patriótica el caso más emblemático), es un país que también goza de una democracia electoral competitiva y, sin embargo, Colombia es a la vez uno de los países mas violentos de una región de por sí bastante violenta, como es Latinoamérica.

Indudablemente, es un país que ha sufrido de formas más extremas y persistentes de violencia que los países del Cono Sur, pese a sus dictaduras militares. Es más, en cierta medida se puede argumentar que, precisamente, aspectos del funcionamiento de esa economía de mercado y de la competencia política han contribuido a exacerbar, en lugar de reducir, la violencia organizada y el conflicto armado.

Las limitaciones que han tenido las medidas de justicia transicional en Colombia (así como otros países) para acabar con estructuras sociales que reproducen patrones de violencia, han llevado a algunos expertos en el área de la justicia transicional hayan comenzado a plantear la necesidad de avanzar hacia una perspectiva más transformativa, que se centre en la realización de los derechos económicos, sociales y culturales, ampliando la noción de justicia de un ámbito exclusivamente legal, a uno más comprehensivo de justicia social. Una perspectiva que vaya más allá de lo estrictamente legal, para confrontar el trasfondo político-social del conflicto, que incluya a las iniciativas comunitarias más allá de las consultas, para convertirlas en actores protagónicos mediante la construcción de paz en base a sus propuestas.

El actual contexto en Colombia, pese a los evidentes desafíos que enfrenta la política de paz total planteada por el actual gobierno, plantea una oportunidad inédita de superar las causas estructurales que han alimentado los sucesivos ciclos de conflicto que han plagado el último siglo de historia colombiana. Se ha dado un alineamiento entre una sociedad civil que se ha movilizado en masa por transformaciones de fondo para generar una sociedad mas justa, con un gobierno con una vocación reformista como no se veía en décadas, con actores del conflicto que han planteado su voluntad de dialogar en función de algunos de estos elementos estructurales del conflicto.

En esta coyuntura, hay algunas áreas en las cuales la mirada desde la justicia transformativa puede contribuir decididamente a lograr la paz total:

Primero, tenemos la innegable relación entre la concentración de tierras y el conflicto. El gobierno ha reconocido la importancia de ir más allá de las medidas restaurativas, y de implementar medidas redistributivas. En el tema de tierras ya ha comenzado con ciertas iniciativas como las compras de tierras, que, aunque todavía limitadas, señalan inequívocamente ese reconocimiento. Revertir las consecuencias de casi un siglo de despojo de tierras es un aspecto clave. Pero estas medidas redistributivas serían totalmente insuficientes si no se acompañan de medidas de mayor alcance, como reformas al sistema impositivo que lo hagan más progresivo y, por tanto, que contribuya a la redistribución de los ingresos. La justicia no se trata solamente de que existan procesos jurídicos para que los responsables de atrocidades respondan, junto con sus patrocinadores desde el poder político y económico, sino que también se trata de la construcción de una sociedad más justa.

En segundo lugar, esta perspectiva puede contribuir a repensar los elementos participativos del sistema político colombiano, para fortalecer la participación y las acciones afirmativas por parte de sectores sociales tradicionalmente marginalizados, tales como las comunidades campesinas, indígenas, afros, así como de las mujeres y personas de la comunidad LGTBI. Iniciativas como el reconocimiento constitucional del campesinado y la promoción de políticas como las Zonas de reserva Campesina, son deudas pendientes de la sociedad con estos sectores. Mecanismos como la consulta previa, también pueden ser mas eficaces y extendidos hacia comunidades no calificadas como étnicas. El reconocimiento de estos mecanismos territoriales puede servir también para adelantar una integración más incluyente de las regiones en el sistema político.

En tercer lugar, el concepto de reparaciones, desde una perspectiva transformativa, deben tener como punto de partida las demandas de las propias comunidades victimizadas, debe evitar la exclusiva individualización de las víctimas y reconocer el carácter colectivo de las afectaciones sufridas, y por último, debe apoyarse en los procesos organizativos comunitarios como una manera de contribuir al fortalecimiento del tejido social. No se trata, por último, solamente de reparar a las víctimas, sino que de superar las condiciones de vulnerabilidad que hicieron posibles las violaciones y el despojo. Esto, además, es la única manera de conseguir garantías efectivas de no repetición.

Afortunadamente, en todas estas áreas no se parte de cero, y ya existe un importante acumulado de experiencias, iniciativas y propuestas desarrolladas desde las comunidades, desde los movimientos sociales y también desde algunas instituciones. Todas estas iniciativas dan una base más sólida de lo que se piensa al proyecto de la paz total. En este sentido, la perspectiva de la justicia transformativa no busca descubrir la pólvora, como se dice coloquialmente. Lo que busca es articular estas iniciativas en una mirada global que busque la transformación tanto de las estructuras sociales, así como de las relaciones entre las personas y las instituciones, para acabar con las condiciones que han permitido que la violencia organizada se reproduzca.

* Docente de la Universidad Santo Tomás (USTA) e investigador de la Universidad Libre de Bruselas (ULB).

** Este artículo se basa en un documento para el Instituto CAPAZ-Colombia desarrollado por el autor junto a Paul Gready, Simon Robins y Piergiuseppe Parisi, miembros del equipo Centro de Derechos Humanos Aplicados (CAHR) de la Universidad de York, Inglaterra.

Apuntes de Paz Total: Desafíos y posibilidades de la trasformación de los grupos armados - más allá de la dicotomía político – criminal-

La justicia transicional, aquella disciplina que combina herramientas legales y extralegales para contribuir a la construcción de paz en países que sufren de conflictos y regímenes represivos, se ha consolidado desde la década de los ‘90 como un paradigma privilegiado para fortalecer el tránsito a sociedades en paz. Desde sus primeros pasos en las experiencias de las transiciones a la democracia en el Cono Sur, el desmantelamiento del apartheid en Sudáfrica, o los juicios tras la guerra en la ex Yugoslavia, la justicia transicional ha adquirido proporciones industriales, en términos de escala y complejidad de sus operaciones y funciones. La justicia transicional ha estado íntimamente ligada a lo que se ha llamado como el paradigma de construcción de paz liberal, según el cual las sociedades que cuentan con una economía de mercado y un sistema político electoral competitivo son menos susceptibles de sufrir conflictos o represión.

Colombia es un país que, en muchos sentidos, ha estado a la cabeza de los debates y las intervenciones prácticas de la justicia transicional en las últimas dos décadas. No solamente Colombia es un país del que provienen importantes figuras académicas en el campo de la justicia transicional. Además, es un país con una robusta experiencia práctica en implementar algunos de los mecanismos judiciales y extrajudiciales para reparar a las víctimas, conocer la verdad e implementar medidas punitivas especiales para algunos de los responsables de violaciones graves en el marco de la violencia política que ha vivido el país durante décadas.

Sin embargo, Colombia representa también un importante desafío a las premisas del paradigma de construcción de paz liberal que permea a la justicia transicional. Colombia, sin lugar a duda, goza de una economía de mercado. Y pese a sus vicios clientelistas, la corrupción endémica, y la violencia política (que ha llevado al exterminio casi completo de partidos, siendo la Unión Patriótica el caso más emblemático), es un país que también goza de una democracia electoral competitiva y, sin embargo, Colombia es a la vez uno de los países mas violentos de una región de por sí bastante violenta, como es Latinoamérica.

Indudablemente, es un país que ha sufrido de formas más extremas y persistentes de violencia que los países del Cono Sur, pese a sus dictaduras militares. Es más, en cierta medida se puede argumentar que, precisamente, aspectos del funcionamiento de esa economía de mercado y de la competencia política han contribuido a exacerbar, en lugar de reducir, la violencia organizada y el conflicto armado.

Las limitaciones que han tenido las medidas de justicia transicional en Colombia (así como otros países) para acabar con estructuras sociales que reproducen patrones de violencia, han llevado a algunos expertos en el área de la justicia transicional hayan comenzado a plantear la necesidad de avanzar hacia una perspectiva más transformativa, que se centre en la realización de los derechos económicos, sociales y culturales, ampliando la noción de justicia de un ámbito exclusivamente legal, a uno más comprehensivo de justicia social. Una perspectiva que vaya más allá de lo estrictamente legal, para confrontar el trasfondo político-social del conflicto, que incluya a las iniciativas comunitarias más allá de las consultas, para convertirlas en actores protagónicos mediante la construcción de paz en base a sus propuestas.

El actual contexto en Colombia, pese a los evidentes desafíos que enfrenta la política de paz total planteada por el actual gobierno, plantea una oportunidad inédita de superar las causas estructurales que han alimentado los sucesivos ciclos de conflicto que han plagado el último siglo de historia colombiana. Se ha dado un alineamiento entre una sociedad civil que se ha movilizado en masa por transformaciones de fondo para generar una sociedad mas justa, con un gobierno con una vocación reformista como no se veía en décadas, con actores del conflicto que han planteado su voluntad de dialogar en función de algunos de estos elementos estructurales del conflicto.

En esta coyuntura, hay algunas áreas en las cuales la mirada desde la justicia transformativa puede contribuir decididamente a lograr la paz total:

Primero, tenemos la innegable relación entre la concentración de tierras y el conflicto. El gobierno ha reconocido la importancia de ir más allá de las medidas restaurativas, y de implementar medidas redistributivas. En el tema de tierras ya ha comenzado con ciertas iniciativas como las compras de tierras, que, aunque todavía limitadas, señalan inequívocamente ese reconocimiento. Revertir las consecuencias de casi un siglo de despojo de tierras es un aspecto clave. Pero estas medidas redistributivas serían totalmente insuficientes si no se acompañan de medidas de mayor alcance, como reformas al sistema impositivo que lo hagan más progresivo y, por tanto, que contribuya a la redistribución de los ingresos. La justicia no se trata solamente de que existan procesos jurídicos para que los responsables de atrocidades respondan, junto con sus patrocinadores desde el poder político y económico, sino que también se trata de la construcción de una sociedad más justa.

En segundo lugar, esta perspectiva puede contribuir a repensar los elementos participativos del sistema político colombiano, para fortalecer la participación y las acciones afirmativas por parte de sectores sociales tradicionalmente marginalizados, tales como las comunidades campesinas, indígenas, afros, así como de las mujeres y personas de la comunidad LGTBI. Iniciativas como el reconocimiento constitucional del campesinado y la promoción de políticas como las Zonas de reserva Campesina, son deudas pendientes de la sociedad con estos sectores. Mecanismos como la consulta previa, también pueden ser mas eficaces y extendidos hacia comunidades no calificadas como étnicas. El reconocimiento de estos mecanismos territoriales puede servir también para adelantar una integración más incluyente de las regiones en el sistema político.

En tercer lugar, el concepto de reparaciones, desde una perspectiva transformativa, deben tener como punto de partida las demandas de las propias comunidades victimizadas, debe evitar la exclusiva individualización de las víctimas y reconocer el carácter colectivo de las afectaciones sufridas, y por último, debe apoyarse en los procesos organizativos comunitarios como una manera de contribuir al fortalecimiento del tejido social. No se trata, por último, solamente de reparar a las víctimas, sino que de superar las condiciones de vulnerabilidad que hicieron posibles las violaciones y el despojo. Esto, además, es la única manera de conseguir garantías efectivas de no repetición.

Afortunadamente, en todas estas áreas no se parte de cero, y ya existe un importante acumulado de experiencias, iniciativas y propuestas desarrolladas desde las comunidades, desde los movimientos sociales y también desde algunas instituciones. Todas estas iniciativas dan una base más sólida de lo que se piensa al proyecto de la paz total. En este sentido, la perspectiva de la justicia transformativa no busca descubrir la pólvora, como se dice coloquialmente. Lo que busca es articular estas iniciativas en una mirada global que busque la transformación tanto de las estructuras sociales, así como de las relaciones entre las personas y las instituciones, para acabar con las condiciones que han permitido que la violencia organizada se reproduzca.

* Docente de la Universidad Santo Tomás (USTA) e investigador de la Universidad Libre de Bruselas (ULB).

** Este artículo se basa en un documento para el Instituto CAPAZ-Colombia desarrollado por el autor junto a Paul Gready, Simon Robins y Piergiuseppe Parisi, miembros del equipo Centro de Derechos Humanos Aplicados (CAHR) de la Universidad de York, Inglaterra.