¿Una Paz Total para quién?

Desde que se planteó el proyecto de la Paz Total uno de los puntos más discutidos tanto en la esfera pública como en la arena política, ha sido el de si el Estado debe o no, negociar con grupos criminales. Mientras el negociar con grupos armados con algún rasgo político pareciera ser ya una tradición en Colombia, hacerlo con quienes “solo” delinquen por lucro significará el declive de nuestra firme e incorruptible democracia. Sin duda, el gobierno no puede eludir la obligación de investigar, juzgar y sancionar a quienes han infringido la ley y atentando en contra de la integridad de otros. Sin embargo, pareciera que a los opositores más moralistas y en pugna con la implementación de la ley de sometimiento a la justicia se les olvidara la cantidad de víctimas diarias que causa la prolongación del conflicto.

En las últimos días del mes marzo fueron publicados los informes anuales realizados por organizaciones internacionales como Human Rights Watch, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CRIC) y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) en los que se detalla la situación humanitaria, el conflicto y la violencia en Colombia durante el 2022. Todos coinciden en algo, la reconfiguración reciente del conflicto armado mantiene en zozobra a la población civil en diversos territorios del país. Los paros armados, los enfrentamientos bélicos, las extorsiones, las hostigamientos y otras prácticas inherentes a la ausencia de paz determinan actualmente la vida de miles de colombianos y colombianas.

Los informes de años anteriores no son tampoco muy diferentes, la paz que muchos esperaban tras la firma de los Acuerdos de La Habana fue sólo una ilusión pasajera. Cifras de ONG nacionales como Indepaz, muestran que el número de masacres se ha mantenido constante desde 2020. Es en este perturbador escenario, en el que se plantea el proyecto de la Paz Total y aunque muchos lo pierden de vista, el objetivo último de esta propuesta es la pacificación del país.

Al sentarse en la mesa de negociación el gobierno no solo demuestra la voluntad de querer restablecer el orden público, y con ello mejorar la situación humanitaria de las comunidades, sino que también está reconociendo la pérdida del poder hegemónico sobre los territorios que hoy se encuentran bajo la gobernanza criminal de las ACG, los grupos de disidencias de las FARC, los comandos de la Frontera, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), etc.

Se vuelve evidente entonces, no solo al leer los informes, que desde hace años no es el Estado, ni el gobierno, ni sus instituciones quienes imponen las reglas del juego bajo las cuales se organiza la vida de muchas comunidades. Son las más de 52 “estructuras organizadas de crimen de alto impacto” las que definen que derechos o no tiene la población y es con todas ellas con las que la Ley 2272 de 2022 intenta tender un puente de dialogo.

El sociólogo Juan Gabriel Tokatlian (1993) indica como norma general que para concluir un proceso de negociación exitoso es fundamental reconocer al otro, esto implica aceptar su existencia y razón de ser, así como reconocer la crisis de legitimidad que permitió la aparición y agudización del conflicto. La Ley No. 2272 de 2022 cumple sin duda alguna con el último parámetro, tal vez no de manera voluntaria, sino más bien porque la crisis de legitimidad y la fractura social son innegables.

En cuanto al criterio de aceptar la existencia y razón de ser del otro, el asunto se torna un tanto más complejo. ¿Cuál es la razón de ser de los grupos armados criminales con los que el gobierno pretende negociar? ¿A que grupos se les reconoce la lucha armada para la obtención del poder político y que otros se les puede atribuir el tan solo perseguir un beneficio económico propio mediante actividades criminales? ¿Son los mecanismos de la justicia ordinaria actual suficientes para castigar a quienes carecen de todo tipo de ideología o intención social? Frente al gran reto de tener que responder estos interrogantes, el gobierno expidió el decreto 2655 de 2022 con el que crea una “Instancia de Alto Nivel, para el estudio, caracterización y calificación de las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto”.

En un taller realizado durante la última semana de enero de 2023 en el Instituto Latinoamericano de Berlín (Alemania), académicas e investigadores de diversas disciplinas y países se dieron a la tarea de reflexionar sobre estas y otras cuestiones relacionadas con la Paz Total. Algunas de las lecciones aprendidas fueron que categorizar a los actores armados del posacuerdo se ha vuelto una tarea cada vez más difícil. Las tipologías y dicotomías tradicionales utilizadas para analizar a estos grupos se han vuelto insuficientes para explicar sus transformaciones o la lógica detrás de su accionar. Por lo tanto, pensar en tonos blancos y negros no permitirá entender la complejidad del fenómeno ni avanzar en su explicación.

Al ver los mapas de las 14 del regiones del país donde según datos de la Fundación PARES se incrementó la presencia armada de grupos criminales el año pasado, recordamos otra vez la urgencia de apaciguar estos focos de violencia. Es ingenuo pensar que alguno de estos grupos se sentará en la mesa de negociación con intenciones reales de someterse a la justicia sin saber de antemano cual será el trato que le dará. En el seminario en Berlín se ilustraron casos de personas que en su trayectoria criminal habían pasado varias veces de un grupo a otro “saltando” de una esquina ideológica a la opuesta sin mayor inconveniente. Muchas de estas personas, de alto y bajo rango, han delinquido bajo la bandera de una organización y bajo la bandera de otra. En ese sentido surge la pregunta ¿Qué proceso penal se le aplica a criminales como estos?

Una investigación publicada dos años tras haber finalizado las negociaciones de La Habana demuestra empíricamente que los procesos de pacificación parcial pueden conducir a un aumento de la violencia por parte de los grupos armados ya existentes. Desafortunadamente, la historia colombiana ofrece varios ejemplos de este fenómeno, como lo fueron el genocidio político de la UP tras los fallidos intentos de paz en 1984 o el asesinato de los nuevos alcaldes y representantes locales tras el proceso constituyente de 1991, también lo ocurrido con los antiguos miembros de las AUC tras su desmovilización en 2006 o el nuevo estallido de violencia que observamos tras la firma de la paz con las FARC corroboran los hallazgos de este estudio.

Por ende, al incluir el mayor número posible de actores armados en la Paz Total, se estaría evitando una nueva escalada de violencia de grandes dimensiones tras su finalización. Johan Galtung (1998) sostiene que el fracaso en la transformación de los conflictos se debe, en cierta parte, a que no se sabe aprovechar la energía de la guerra para fines más constructivos. Resolver las numerosas guerras del país en un solo intento es una tarea titánica. Se debe pensar que mecanismos de la JEP y que mecanismos de Justicia y Paz son aplicables a que grupos en escenario actual del conflicto, se debe igualmente garantizar la reparación de las víctimas, su derecho a la no repetición y la ejecución de castigos ejemplares.

Sobre todo es importante recordar para quién se hace la paz: no para el Estado, no para los grupos armados, no para quienes estudian los conflictos, sino para quienes en el país se han pasado la vida subyugados a la violencia y no conocen una vida sin tiroteos ni toques de queda.

*Daniel Llanos Ramirez, Politólogo de la universidad Johann Wolfgang Goethe. M.A Estudios interdisciplinarios latinoamericanos.