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Sería ideal desclasificar los archivos de seguridad, inteligencia y contrainteligencia anteriores a 1991. Esto no solo es posible, sino que ayudaría a darle más legitimidad a las Fuerzas Armadas y a conocer cúal fue su rol durante el conflicto armado y durante el siglo XX. Uno podría creer que fomentar la transparencia de esta información pone en peligro la seguridad nacional, pero no es así.
Hace un mes, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) publicó los hallazgos y recomendaciones de su Informe Final. Una de sus recomendaciones fue la de “garantizar de manera inmediata el acceso a la información de inteligencia y contrainteligencia que haya cumplido el término legal de reserva (...) y garantizar un proceso gradual de levantamiento de la reserva de archivos de seguridad, inteligencia y contrainteligencia”. Mejor dicho, la Comisión le recomendó al gobierno desclasificar sus archivos secretos en asuntos de defensa y seguridad.
Para quienes hemos seguido de cerca el tema, no es sorprendente esta recomendación. La CEV hizo públicas sus dificultades para acceder a información sobre seguridad y defensa varias veces. En septiembre de 2020, por ejemplo, el comisionado Alejandro Valencia indicó que los organismos de inteligencia se negaban a entregar información a la Comisión, a pesar de contar con un régimen legal especial (artículo 16 del Decreto Ley 588 de 2017). A varias comisiones de la verdad —Argentina, Chile, Guatemala— les pasó lo mismo: los organismos de seguridad entregaron muy poca información sobre lo sucedido durante el conflicto.
La recomendación de desclasificar los archivos de inteligencia y contrainteligencia se enfrenta a una férrea oposición, que hay que tomarse en serio. Es legítimo, y de hecho necesario, preocuparse por las consecuencias que podría tener que la información relacionada con la seguridad nacional esté disponible al público. Esto podría comprometer la posición militar del país y debilitar la capacidad de defender a las personas. Pero esa preocupación debe necesariamente matizarse con el tiempo. A medida que nos alejamos de los acontecimientos, la posibilidad de producir daño por revelar la información disminuye, mientras que su importancia histórica aumenta. Es apenas natural: el paso del tiempo nos ofrece mayor perspectiva y hace ver aquello que otrora era crítico, no tan relevante hoy.
Revelar los documentos de inteligencia y contrainteligencia producidos hace 15, 30 o 45 años tiene muy pocas posibilidades hoy de afectar la seguridad nacional. Todo lo contrario. Si conocemos qué pasó, qué salió bien y qué salió mal, podremos evaluar las decisiones tomadas y eventualmente diseñar mejores políticas de seguridad y defensa. La transparencia, además, genera confianza en las instituciones y fortalece la legitimidad de las Fuerzas Armadas.
La recomendación de la Comisión se refiere a la información “que haya cumplido el término legal de reserva” precisamente pensando en el paso del tiempo. Asimismo, la legislación colombiana es clara al fijar tiempos máximos durante los cuales la información puede ser reservada. La información relacionada con la seguridad nacional podrá ser reservada hasta por quince años, mientras que la información relacionada con inteligencia y contrainteligencia lo será por regla general, hasta por treinta años. Una vez se cumplan estos términos máximos fijados en la ley, la información se debe desclasificar y poner a disposición del público.
El cambio de gobierno parece un buen momento para materializar una de las recomendaciones de la CEV, o al menos para cumplir la ley. Propongo una regla general para lograr la transparencia en el sector defensa: hagamos públicos todos los documentos sobre seguridad, inteligencia y contrainteligencia anteriores a la Constitución de 1991. Al fin y al cabo ya tienen más de 30 años. Además, su posibilidad de afectar negativamente la seguridad nacional es tal vez nula. Tal vez haya excepciones, pero las veremos caso a caso. Hagamos de la transparencia la regla y del secreto la excepción.
* Investigador de Dejusticia.