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Por: Donny Meertens*
En el Espectador del pasado domingo 15 de marzo de 2020 se publicó un artículo titulado “Un proyecto de paz del Gobierno en tierras con pasado de despojo”, en el cual se presentan dudas sobre el plan de construir una ciudadela (“Villa Paz con Legalidad”) y promover proyectos productivos con familias campesinas en casi 5000 hectáreas de tierras. Estas tierras fueron adquiridas, con, digamos, un poco menos de legalidad, por la compañía Argos en el municipio de Carmen de Bolívar, en el año 2010. ARGOS creó una Fundación: Crecer en Paz, a la cual “donó” las tierras. El proyecto se califica como “visionario” y se vincula con un sinnúmero de agencias estatales.
Sin embargo, hay dudas sobre el origen de esas tierras...Para comenzar, de la primera fase del proyecto se excluyen 1.148 hectáreas porque están en la etapa judicial del proceso de restitución de tierras y pronto los jueces fallarán o ya fallaron a favor de los campesinos reclamantes. En 14 casos los jueces fallaron en contra del mismo Argos.
Cómo así, ¿y los más de 3.000 hectáreas restantes de la primera etapa no fueron objeto de reclamos de restitución? Según Argos no, según la investigación de El Espectador, sí las hubo, pero más de la mitad de las solicitudes fueron negadas, principalmente por “desistimiento” por parte de los reclamantes… Un hecho investigado por la Procuraduría porque huele a irregularidades. Y como en el mismo artículo planteó Jhenifer Mojica, experta en restitución de tierras, “puede pensarse que (el despojo) es un patrón (…) y no es que la violencia haya afectado a unos sí y a otros no”.
¿Entonces qué pasó con todas esas tierras compradas por Argos en el 2010? El Informe de Memoria Histórica sobre despojo “La Tierra en Disputa” (2010 y 2014-resumen) aporta unos datos interesantes sobre los procesos de despojo y concentración de la propiedad en Montes de María, región de la cual el municipio de Carmen de Bolívar era el epicentro.
En los años 2008 y 2009, 390 parcelas campesinas con una extensión total de 15.000 hectáreas en 6 municipios de Montes de María terminaron en manos de 20 empresarios agroindustriales (algunos de sus nombres aparecen en el artículo del Espectador; otros aparecen en varias sentencias de restitución de tierras en la zona, varios pertenecían a la Corporación Amigos de Montes de María con sede en Cartagena). Ellos legalizaron fraudulentamente sus compras de tierras que habían hecho en los años anteriores.
Fraudulentamente, porque 1) los predios fueron adquiridos entre 2000 y 2008 en zonas de fuerte violencia y se conocían mecanismos de amenaza, venta a menos precio y otras expresiones de fuerza para que los campesinos fugitivos de la violencia vendieran. Un mecanismo documentado por el Grupo de Memoria Histórica fue el empleo de intermediarios, personas conocedoras de la región y de la población, quienes visitaban a las familias desplazadas (muchas veces mujeres jefas de hogar y viudas) en Sincelejo, Cartagena y Barranquilla y ante sus penurias ofrecían comprar, por montos ínfimos, sus predios o supuestamente pagar sus deudas con los bancos. 2) Una segunda razón para el calificativo de fraudulento es que una tercera parte de esos predios (133) eran colectivos, es decir, parcelaciones de la reforma agraria, de las cuales el titular formal era todavía el INCODER hasta que el campesino hubiera pagado su deuda y se pasara a la titulación individual. Antes de ese momento su compra-venta estaba prohibida… pero no para los mandatarios agrarios de la época, pues se conocieron documentos del INCODER donde se levantaba esa prohibición. Entonces, con la complicidad de la institucionalidad, se vendían por cualquier suma ridícula las pequeñas fincas de los campesinos parceleros.
Luego siguieron dos procesos de englobe: primero el de los 20 empresarios (de 390 fincas a 20) formalizadas en 2008 y 2009 en la oficina de registro (en esos años ya se había levantado la otra prohibición de compraventa, emitida por el comité regional de seguimiento al desplazamiento) y en 2010 el de Argos, con la compra de 5000 hectáreas. Puede ser que no todas esas hectáreas de Argos coincidan con el proceso anterior, pero…. ¿nada que ver con ventas forzosas? Claramente, aquí estamos ante un patrón de despojos y legalizaciones, donde Argos, en el mejor de los casos era un “tercero” comprador…
*Correlatora del informe La Tierra en Disputa, Centro Nacional de Memoria Histórica 2010 y 2014