Armas de doble filo: las medidas que protegen a los líderes sociales

Los retos de los esquemas de protección para líderes sociales van más allá de lo que uno podría imaginarse: la guerra en el campo no funciona como muchas veces suponemos en las ciudades. Esta fue una de las razones por las que el 10 de diciembre de 2019 varias organizaciones de derechos humanos presentamos una tutela que reúne las historias y las peticiones de 10 líderes que viven en medio de la violencia armada. ¿Qué pedían? Parar la guerra. Entre tanto, falta el reconocimiento de formas colectivas de protección que garanticen #ElDerechoADefenderDerechos.

En palabras de Arnobi Zapata, líder campesino del sur de Córdoba y accionante de la tutela, las medidas de protección parecen “armas de doble filo”. Después de varias amenazas y atentados, Arnobi tiene un esquema de protección que en principio había decidido rechazar, pues no se veía con un carro blindado y un escolta: “Eso en el territorio no es conveniente tener”.

Pero al no contar con una mejor opción, no quedaba más remedio que aceptar y “mirar cómo podía trabajar con el esquema”. Luego se desplazó del campo a la ciudad, pues como lo contó, “no puedes parquear un carro blindado en San José sin que le pongan una bomba o incluso se lo roben”. Al irse a la ciudad perdió mucho del trabajo organizativo alcanzado: “no es lo mismo vivir con la comunidad que ir a visitarlos semanalmente”.

Si el objetivo de los esquemas de protección es salvar vidas, de acuerdo con Arnobi y otros líderes, esto puede ser insuficiente cuando están en un campo abandonado por el Estado y en donde hacen presencia múltiples actores armados. “Los carros están hechos para aguantar tiros de pistola o de revólver, pero los grupos armados que hay en los territorios usan misiles lanza cohetes”. ¿Y en cuanto a los escoltas?: “Que mejor escondan las armas, pues si alguien las ve, el riesgo es aún mayor”. Cuando las amenazas y agresiones vienen de organizaciones armadas y criminales, los esquemas apenas podrían responder a un ataque organizado, pero los milagros nunca faltan.

(Lea: Desclasifiquemos los archivos de inteligencia previos a la Constitución de 1991)

Y entonces, ¿qué hacer con una multiplicidad de actores armados en guerra y los líderes y comunidades en medio? “Si la comunidad está protegida, nosotros estamos protegidos”, responde Arnobi. Durante estos últimos años, líderes como él han continuado sus labores a pesar del fuego cruzado y del peligro que se cierne sobre sus cabezas. En este contexto, se han ideado fórmulas de protección que van más allá de las camionetas, los escoltas y las armas. Algunas de estas consisten en crear espacios especiales de reunión con las comunidades, como casas de paz; dialogar y pedir permiso para ir a los territorios; o buscar formas de comunicación segura entre la comunidad que les permita tener información que comprometa su seguridad y “hacer bulla” cuando algo inseguro pasa.

Para los líderes y lideresas, que el Estado reconozca este tipo de medidas y a las organizaciones que buscan proteger el territorio es muy importante. Por eso, en la tutela no solo le pedimos a las autoridades que asignen las medidas de acuerdo al contexto específico de cada líder social y de su labor, pues los esquemas de protección actuales pueden ser útiles en varios casos, pero en otros no; sino que amplíen las opciones para que se reconozcan y fortalezcan las formas de protección implementadas por las comunidades.

Una de esas opciones es materializar el Decreto 660 de 2017, también llamado Programa Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones en los Territorios. Este instrumento, creado en el marco del Acuerdo Final de Paz, busca fortalecer las organizaciones sociales que están en medio de la confrontación armada y crear medidas de protección colectiva como cercas, vallas, albergues temporales, sistemas de comunicación, acciones comunicativas por parte de diferentes actores, y otras que desde la experiencia de la comunidad sean funcionales, como la creación de carreteras que permitan la movilidad de los carros que el Estado les da para la protección. En este instrumento normativo, la agenda y la participación de quienes viven la guerra es central.

(Puede leer: ¿Es posible negociar con disidentes sin meter a la JEP ni reformar la Constitución?)

Sin embargo, en el gobierno Iván Duque no existió espacio para la participación de los líderes respecto de este Decreto. De acuerdo con el Instituto Kroc, la implementación del mismo tuvo graves dificultades debido a que se desconocieron las problemáticas propias de las poblaciones y comunidades afectadas. Esto hizo que la naturaleza del Decreto se perdiera y se siguiera andando por los caminos que, al ver las cifras de agresiones y asesinatos de líderes sociales, parecen conducirnos a sufrir un eterno déjà vu.

Adoptar medidas de protección a partir de las experiencias de quienes viven la guerra y tomarse en serio su participación apenas es un paso necesario para una acción decida del Estado en favor del liderazgo social. Como Arnobi, son varios los líderes que tienen mucho que decir sobre los retos que afrontan al defender derechos en medio de la violencia armada y , por eso, no extraña que quieran participar en los próximos pasos que se tomen para encarar el problema que afecta diariamente sus vidas. La implementación participativa del Decreto 660 de 2017 sin duda sería un muy buen primer paso.

* Investigadora de Dejusticia.

Los retos de los esquemas de protección para líderes sociales van más allá de lo que uno podría imaginarse: la guerra en el campo no funciona como muchas veces suponemos en las ciudades. Esta fue una de las razones por las que el 10 de diciembre de 2019 varias organizaciones de derechos humanos presentamos una tutela que reúne las historias y las peticiones de 10 líderes que viven en medio de la violencia armada. ¿Qué pedían? Parar la guerra. Entre tanto, falta el reconocimiento de formas colectivas de protección que garanticen #ElDerechoADefenderDerechos.

En palabras de Arnobi Zapata, líder campesino del sur de Córdoba y accionante de la tutela, las medidas de protección parecen “armas de doble filo”. Después de varias amenazas y atentados, Arnobi tiene un esquema de protección que en principio había decidido rechazar, pues no se veía con un carro blindado y un escolta: “Eso en el territorio no es conveniente tener”.

Pero al no contar con una mejor opción, no quedaba más remedio que aceptar y “mirar cómo podía trabajar con el esquema”. Luego se desplazó del campo a la ciudad, pues como lo contó, “no puedes parquear un carro blindado en San José sin que le pongan una bomba o incluso se lo roben”. Al irse a la ciudad perdió mucho del trabajo organizativo alcanzado: “no es lo mismo vivir con la comunidad que ir a visitarlos semanalmente”.

Si el objetivo de los esquemas de protección es salvar vidas, de acuerdo con Arnobi y otros líderes, esto puede ser insuficiente cuando están en un campo abandonado por el Estado y en donde hacen presencia múltiples actores armados. “Los carros están hechos para aguantar tiros de pistola o de revólver, pero los grupos armados que hay en los territorios usan misiles lanza cohetes”. ¿Y en cuanto a los escoltas?: “Que mejor escondan las armas, pues si alguien las ve, el riesgo es aún mayor”. Cuando las amenazas y agresiones vienen de organizaciones armadas y criminales, los esquemas apenas podrían responder a un ataque organizado, pero los milagros nunca faltan.

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Y entonces, ¿qué hacer con una multiplicidad de actores armados en guerra y los líderes y comunidades en medio? “Si la comunidad está protegida, nosotros estamos protegidos”, responde Arnobi. Durante estos últimos años, líderes como él han continuado sus labores a pesar del fuego cruzado y del peligro que se cierne sobre sus cabezas. En este contexto, se han ideado fórmulas de protección que van más allá de las camionetas, los escoltas y las armas. Algunas de estas consisten en crear espacios especiales de reunión con las comunidades, como casas de paz; dialogar y pedir permiso para ir a los territorios; o buscar formas de comunicación segura entre la comunidad que les permita tener información que comprometa su seguridad y “hacer bulla” cuando algo inseguro pasa.

Para los líderes y lideresas, que el Estado reconozca este tipo de medidas y a las organizaciones que buscan proteger el territorio es muy importante. Por eso, en la tutela no solo le pedimos a las autoridades que asignen las medidas de acuerdo al contexto específico de cada líder social y de su labor, pues los esquemas de protección actuales pueden ser útiles en varios casos, pero en otros no; sino que amplíen las opciones para que se reconozcan y fortalezcan las formas de protección implementadas por las comunidades.

Una de esas opciones es materializar el Decreto 660 de 2017, también llamado Programa Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones en los Territorios. Este instrumento, creado en el marco del Acuerdo Final de Paz, busca fortalecer las organizaciones sociales que están en medio de la confrontación armada y crear medidas de protección colectiva como cercas, vallas, albergues temporales, sistemas de comunicación, acciones comunicativas por parte de diferentes actores, y otras que desde la experiencia de la comunidad sean funcionales, como la creación de carreteras que permitan la movilidad de los carros que el Estado les da para la protección. En este instrumento normativo, la agenda y la participación de quienes viven la guerra es central.

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Sin embargo, en el gobierno Iván Duque no existió espacio para la participación de los líderes respecto de este Decreto. De acuerdo con el Instituto Kroc, la implementación del mismo tuvo graves dificultades debido a que se desconocieron las problemáticas propias de las poblaciones y comunidades afectadas. Esto hizo que la naturaleza del Decreto se perdiera y se siguiera andando por los caminos que, al ver las cifras de agresiones y asesinatos de líderes sociales, parecen conducirnos a sufrir un eterno déjà vu.

Adoptar medidas de protección a partir de las experiencias de quienes viven la guerra y tomarse en serio su participación apenas es un paso necesario para una acción decida del Estado en favor del liderazgo social. Como Arnobi, son varios los líderes que tienen mucho que decir sobre los retos que afrontan al defender derechos en medio de la violencia armada y , por eso, no extraña que quieran participar en los próximos pasos que se tomen para encarar el problema que afecta diariamente sus vidas. La implementación participativa del Decreto 660 de 2017 sin duda sería un muy buen primer paso.

* Investigadora de Dejusticia.