Así sería el informe final de la Comisión de la Verdad

Ponerle el punto final al documento que dirá qué pasó en un país que ha vivido los horrores de un prolongado conflicto armado interno debe ser más complicado de lo que se piensa. El grado de dificultad aumenta si antes de conformar la comisión responsable de producir dicho informe, algunos interesados ya tenían previsto un borrador.

Esta parece ser la encrucijada de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV), entidad que, según uno de sus funcionarios, recibirá luz verde de la Corte Constitucional para extender su tarea por lo menos un año más. Esa misma fuente de información me entregó puntadas sobre qué podría contener el informe final que está cocinando el organismo sobre más de seis décadas de guerra intestina en Colombia. Antes de entrar en detalles, una pizca de contexto.

Al inicio de sus labores, la CEV −con la anuencia de algunos comisionados− habría recibido documentos de algunas ONG como Redprodepaz (iniciativa del Cinep), Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y Asociación de familiares de detenidos desaparecidos (Asfades), entre otras, a fin de que fueran incorporados al informe final sin ningún tipo de escrutinio o reparos. Estos mini informes tendrían un punto en común: el Estado y sus agentes son responsables de graves violaciones a los derechos humanos, graves crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad en el marco del conflicto armado interno, en tanto que el accionar de las Farc es la respuesta obvia a la opresión de la que históricamente han sido objeto los sectores populares en Colombia.

Estas perversas pretensiones habrían sido neutralizadas por algunos comisionados que no dieron su aval. De ahí que la CEV tuvo que reencauzar su rumbo y ponerse a la tarea de darle forma al informe, que, al menos, tendría una docena de temáticas, presentadas bien en forma de libros, tomos, fascículos o capítulos (en diferentes formatos, escritos y transmedia), con vasos comunicantes entre sí.

El informe contendría una especie de declaración general a manera de prólogo o introducción, responsabilidad de Francisco De Roux, presidente de la entidad. Con todo, no se descarta que se elabore a tres manos, pues los comisionados Alejandro Valencia y Lucía González −quienes le susurran al oído al presidente de la Comisión− quizá quieran dejar su impronta.

La cercanía de Francisco De Roux y el comisionado Alejandro Valencia habría llevado a que el segundo recibiera el encargo del acápite “Hallazgos”, centro de gravedad estratégica del informe. Se trata de verdades que deben estar perfectamente sincronizadas con los macrocasos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Así se aseguraría la correspondencia univoca entre la verdad judicial y la de la Comisión.

Este ítem lo reforzaría con otro denominado “Anexos”, como la redituable cifra de 6.402 víctimas falsos positivos. ¡Ojo!, allí no aparecería nada sobre ataques indiscriminados a la población civil y sus bienes, agresiones a la misión médica, toma de rehenes y otros graves crímenes de guerra y graves violaciones a los derechos humanos atribuidas a las Farc.

Por su parte, Lucía González se encargaría del apartado “Transmedia”. No en vano controla toda la producción cultural de la CEV con un evidente sello ideológico pro-Farc. Para quien albergue dudas de esta afirmación, puede ver los murales que está patrocinando en las regiones como el inaugurado recién en Casabianca, Tolima.

En esta labor, González tendría el apoyo de Alejandro Castillejo, quien, dicho sea de paso, es una especie de “tiro por la culata” que le salió a la gente clave de De Roux. A su arribo a la Comisión recibió toda suerte de coqueteos de los discípulos de “Pacho”, pero él decidió guardar distancia y no ceder al amiguismo, pues encontró que el trabajo que se venía adelantando carecía de método, estructura y línea. Sería responsable del apartado “Voces”, una recopilación de testimonios como soporte al informe.

Otro capítulo cardinal abordaría la “Narrativa”, es decir el contexto. Estaría a cargo de Marta Ruiz y Carlos Ospina. Allí −según se comenta en los pasillos de la entidad− podría presentarse una ruptura, pues ella, al parecer, todo lo filtra a través del lente del narcotráfico y él no tiene ningún tipo de experiencia investigativa en lo social. De hecho, Ospina ha sido un cero a la izquierda en la Comisión por su condición de militar retirado.

La problemática de los “Pueblos étnicos” (indígenas y afrocolombianos) estaría a cargo de Patricia Tobón con el acompañamiento de Leyner Palacios. A su vez, él sería el autor de las “Recomendaciones para la no repetición” con el apoyo de ella. Por sus orígenes y trayectoria, se me dijo que estos comisionados mantienen su independencia y distancia de los áulicos de De Roux, quienes han intentado contaminar su trabajo política e ideológicamente.

Hay dos capítulos que estarían en manos de dos funcionarios no comisionados. “Niñas, niños y adolescentes”, tarea encargada a Diana Britto, directora de Conocimiento. Por su parte, un fascículo intitulado “Territorios” tendría como respondiente a Tania Rodríguez, quien lidera la dirección con este mismo nombre. Una verdadera sorpresa, especialmente en el caso de la politóloga Rodríguez, toda vez que se afirma que ella carece de trayectoria investigativa y pergaminos académicos en la materia y es “corbata” de De Roux.

La comisionada Alejandra Miller produciría un documento que inicialmente el pleno de comisionados bautizó como “Género”, pero que ella −feminista a ultranza− impuso con el rótulo “Mujer y Lgtb”. Nótese que en la sigla no aparecen los grafemas “qi+”, que hacen referencia a “queer” e “intersex”, por lo que valdría la pena preguntarse: ¿Miller tiene alguna fobia contra la diversidad sexual y lo ha vuelto política en la Comisión?

Finalmente, “Exilio” sería la temática que abordaría el único comisionado extranjero, el médico español Carlos Martín Beristain. La experiencia del exilio colombiano es el eje articulador de su aporte al informe. Claro está, con un evidente sesgo, como quiera que en su discurso sólo habla de los colombianos que emigraron al extranjero por su condición de perseguidos políticos del establishment y jamás de aquellos desarraigados por acción de las Farc y otros grupos armados ilegales.

Puede ser que la información de esta fuente de alta fidelidad no se corresponda en un ciento por ciento con el contenido del informe final, pero aquí está la esencia. ¡Dios salve a Colombia si acierto!