Colombia es un país donde miles de familias y numerosas comunidades sucumben ante la insatisfacción de las necesidades básicas; el problema de la tierra y los cultivos ilícitos permanecen irresolubles, es parte del diario vivir la matanza sistemática de campesinos y líderes sociales; el conflicto armado y el actuar de las bandas criminales arrecia sin control. Mientras eso ocurre, el presidente Duque y su Gobierno, al igual que los congresistas que lo respaldan, no aceptan su responsabilidad ni admiten críticas. La estrategia es el ataque y la estigmatización como medio de defensa, esto permite identificar a sus adeptos y calificar en la otra orilla a la oposición como aliados del terrorismo. Estos funcionarios manifiestan permanentemente que creen en la democracia, en la división de poderes, en la independencia de la justicia, en otras palabras, que creen en el Estado de derecho y lo defienden.
El asedio a la Rama Judicial, en especial a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia es constante; lo anterior no impidió que la Corte actuara de manera democrática y garantizara el debido proceso del señor Álvaro Uribe, tras su renuncia al Senado; una juez de control de garantías le concedió la libertad, aunque las dudas sobre la imparcialidad y el papel de la fiscalía está latente. Otro tanto ocurre con la JEP, hay sed de venganza, no se quiere admitir su trascendencia histórica; ante declaraciones o diligencias que vinculan a los exdirigentes de las FARC con crímenes, de manera arbitraria e ilegal se exige a la JEP que ordene privaciones de la libertad, desconociendo las normas procedimentales, se incita y desconcierta a las víctimas, se acusa al tribunal de generar impunidad, cuando lo que está haciendo es cumplir con la Constitución; por último, la senadora Milla Romero, quien reemplazo al señor Uribe Vélez, se estrenó con una propuesta de referendo para derogar la JEP, nada más inútil, inconveniente e inoportuno.
Situaciones como las mencionadas, convierte a estos dirigentes en ciegos destructores de lo que dicen defender; si se anula la división de poderes, si los instrumentos de defensa no son los recursos legales sino la intimidación y la manipulación populista de una sociedad con heridas abiertas y víctimas, ciertamente lo que se está aniquilando es la convivencia pacífica y la democracia.
Por otro lado, el Ministerio Público ya fue arrogado por el presidente y la mayoría de congresistas, se eligió como defensor del Pueblo a Carlos Camargo y como procuradora General a Margarita Cabello, ambos escogidos por el presidente. El nuevo defensor y vicedefensor están ejerciendo sus cargos, inmediatamente tendrán que atender la protesta social, la minga, y no pueden olvidar que la Defensoría del Pueblo se creó para la defensa de los sectores más vulnerables de la población, que esta institución no es la escudera del presidente ni la vocera del Gobierno.
Se nombró al nuevo ministro de justicia Wilson Ruiz, quien tiene las calidades y la trayectoria para ocupar el cargo. Los retos del nuevo ministro son grandes en materias como la reforma a la justicia, la crisis carcelaria, la ley estatutaria de la protesta social, en lo que se espera aporte con su experiencia. Pero son preocupantes las posturas del ministro sobre la necesidad de fumigar con glifosato, censura a los jueces que acertadamente han ordenado suspender esas fumigaciones, esto significa que no ha examinado a fondo los graves problemas de ausencia de Estado en esos territorios, parece que debe cumplir las órdenes del presidente Duque y del Gobierno de EE. UU. Considera que el país reclama reformas a la JEP y que quien confiese delitos, como el exguerrillero Julián Gallo, en el homicidio de Álvaro Gómez, debe renunciar al Congreso; bastante preocupante, cuando el clamor es que se cumpla lo pactado en la Habana, el ministro Ruiz fue magistrado y conoce las normas legales que rigen a la JEP, comprende la diferencia entre justicia ordinaria y justicia transicional y seguramente ha leído el Acuerdo Final de Paz; parece que en estos asuntos viene más de lo mismo. Se requiere un Gobierno respetuoso del Estado de derecho, que escuche, los abusos de poder solo conducen al autoritarismo, muestra de ello es el gran descontento social.
Colombia es un país donde miles de familias y numerosas comunidades sucumben ante la insatisfacción de las necesidades básicas; el problema de la tierra y los cultivos ilícitos permanecen irresolubles, es parte del diario vivir la matanza sistemática de campesinos y líderes sociales; el conflicto armado y el actuar de las bandas criminales arrecia sin control. Mientras eso ocurre, el presidente Duque y su Gobierno, al igual que los congresistas que lo respaldan, no aceptan su responsabilidad ni admiten críticas. La estrategia es el ataque y la estigmatización como medio de defensa, esto permite identificar a sus adeptos y calificar en la otra orilla a la oposición como aliados del terrorismo. Estos funcionarios manifiestan permanentemente que creen en la democracia, en la división de poderes, en la independencia de la justicia, en otras palabras, que creen en el Estado de derecho y lo defienden.
El asedio a la Rama Judicial, en especial a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia es constante; lo anterior no impidió que la Corte actuara de manera democrática y garantizara el debido proceso del señor Álvaro Uribe, tras su renuncia al Senado; una juez de control de garantías le concedió la libertad, aunque las dudas sobre la imparcialidad y el papel de la fiscalía está latente. Otro tanto ocurre con la JEP, hay sed de venganza, no se quiere admitir su trascendencia histórica; ante declaraciones o diligencias que vinculan a los exdirigentes de las FARC con crímenes, de manera arbitraria e ilegal se exige a la JEP que ordene privaciones de la libertad, desconociendo las normas procedimentales, se incita y desconcierta a las víctimas, se acusa al tribunal de generar impunidad, cuando lo que está haciendo es cumplir con la Constitución; por último, la senadora Milla Romero, quien reemplazo al señor Uribe Vélez, se estrenó con una propuesta de referendo para derogar la JEP, nada más inútil, inconveniente e inoportuno.
Situaciones como las mencionadas, convierte a estos dirigentes en ciegos destructores de lo que dicen defender; si se anula la división de poderes, si los instrumentos de defensa no son los recursos legales sino la intimidación y la manipulación populista de una sociedad con heridas abiertas y víctimas, ciertamente lo que se está aniquilando es la convivencia pacífica y la democracia.
Por otro lado, el Ministerio Público ya fue arrogado por el presidente y la mayoría de congresistas, se eligió como defensor del Pueblo a Carlos Camargo y como procuradora General a Margarita Cabello, ambos escogidos por el presidente. El nuevo defensor y vicedefensor están ejerciendo sus cargos, inmediatamente tendrán que atender la protesta social, la minga, y no pueden olvidar que la Defensoría del Pueblo se creó para la defensa de los sectores más vulnerables de la población, que esta institución no es la escudera del presidente ni la vocera del Gobierno.
Se nombró al nuevo ministro de justicia Wilson Ruiz, quien tiene las calidades y la trayectoria para ocupar el cargo. Los retos del nuevo ministro son grandes en materias como la reforma a la justicia, la crisis carcelaria, la ley estatutaria de la protesta social, en lo que se espera aporte con su experiencia. Pero son preocupantes las posturas del ministro sobre la necesidad de fumigar con glifosato, censura a los jueces que acertadamente han ordenado suspender esas fumigaciones, esto significa que no ha examinado a fondo los graves problemas de ausencia de Estado en esos territorios, parece que debe cumplir las órdenes del presidente Duque y del Gobierno de EE. UU. Considera que el país reclama reformas a la JEP y que quien confiese delitos, como el exguerrillero Julián Gallo, en el homicidio de Álvaro Gómez, debe renunciar al Congreso; bastante preocupante, cuando el clamor es que se cumpla lo pactado en la Habana, el ministro Ruiz fue magistrado y conoce las normas legales que rigen a la JEP, comprende la diferencia entre justicia ordinaria y justicia transicional y seguramente ha leído el Acuerdo Final de Paz; parece que en estos asuntos viene más de lo mismo. Se requiere un Gobierno respetuoso del Estado de derecho, que escuche, los abusos de poder solo conducen al autoritarismo, muestra de ello es el gran descontento social.