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A mitad de los quince años previstos para la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), vale la pena hacer un balance preliminar. Los PDET encarnan la esperanza de millones de colombianos que viven y trabajan en las zonas rurales de las 16 subregiones priorizadas en la implementación de los acuerdos de paz de 2016.
Las aspiraciones de los PDET son ambiciosas: entre otras cosas, buscan mejorar la calidad de vida y el bienestar colectivo de las comunidades rurales más afectadas por el conflicto armado, promover el desarrollo alineado con los deseos y las necesidades de sus habitantes, cerrar las brechas entre el campo y las ciudades y, aumentar la presencia y la legitimidad del Estado colombiano. Más de 220 mil personas contribuyeron a sentar las bases de los PDET formulando en total 33.007 iniciativas en uno de los mayores procesos participativos de Latinoamérica. Los datos del PNUD muestran las prioridades de los habitantes PDET para sus territorios: salud, educación, proyectos productivos y vías.
¿Qué se ha hecho desde entonces?
Ante todo, los PDET involucran la mayor inversión pública en las zonas rurales de Colombia en la historia del país. Según la Agencia de Renovación del Territorio (ART), la entidad estatal que coordina la implementación de los PDET, las inversiones superan los 12.5 billones de pesos colombianos. Los Planes de Desarrollo de los nuevos mandatarios territoriales ampliamente incorporaron las iniciativas PDET también. Pero los planes no son suficientes: hay que implementarlos, y la falta de implementación, justamente, es el foco de los reclamos en los territorios. Las necesidades en los territorios claramente superan el alcance de los PDET. Además, es importante resaltar que la asignación de recursos muy desigual ha dificultado avances más equitativos en la implementación hasta el momento.
Sin embargo, el caso de corrupción no resuelto del OCAD Paz demuestra también que el robo de dinero es un peligro real. De igual manera, la burocratización excesiva y la falta de transparencia de procesos financieros y de contratación, por ejemplo, generan indignación, decepción y desconfianza.
¿Y la participación ciudadana?
Desde el fin de la primera fase veredal en 2018, cientos de voluntarios invierten muchísimo tiempo en los PDET como miembros de los grupos motor (ahora mesas comunitarias). Dejan de cumplir sus tareas personales e interrumpen sus trabajos para atender un sinnúmero de reuniones. Incluso pagan viajes de sus propios bolsillos para informar a sus comunidades sobre el avance de los PDET, ya que el Estado no proporciona el financiamiento para ello. Aguantaron años con una participación muy limitada durante el gobierno Duque, pero aún no gozan de un estatus legal y no participan en la asignación ni en la gestión de recursos. Tampoco pueden formular o presentar proyectos, sometiéndolos a la voluntad política de los alcaldes. No es ninguna sorpresa entonces que exista miedo entre ellos de perder la credibilidad ante sus comunidades si los PDET no resultan en las mejoras esperadas.
¿Ahora qué?
Hasta noviembre de este año, la ART aún invertirá recursos financieros y humanos significativos en la actualización de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR) aprobados en 2018. Pero ni siquiera los funcionarios regionales de la ART saben cuántos son, porque a pesar de llevar el territorio en su nombre, la ART es altamente centralista. La actualización de los PATR busca la vinculación de un espectro más amplio de actores comunitarios, como las juventudes, las Juntas de Acción Comunal, la comunidad LGBTI y las mesas de víctimas. Esta ampliación es una oportunidad para escuchar más voces en el proceso de implementación de los PDET. Sin embargo, también existen temores y quejas en las regiones sobre clientelismo e influencia para actores urbanos a expensas de las mismas comunidades PDET.
Otra pregunta que el tiempo contestará es el impacto real de la actualización. A mi parecer, decisiones recientes, como la de permitir que una inteligencia artificial reformule las visiones de las comunidades para sus territorios, son irritantes. No ayudan a reconectar los PDET con la gente y reemplazan mucho menos la necesidad de mejoras reales en los territorios. Planear la transformación es necesario, pero hay que traducir los planes en hechos, y la paciencia en los territorios no es inagotable. Por eso mismo es aún más importante recordar que el 71.2 % de los habitantes de los municipios PDET no percibe una mayor presencia del Estado que antes de los acuerdos de paz, según el PNUD.
En contexto: Las irregularidades por las que se habrían perdido $12 billones para la paz
La mitad de la población PDET aún cree que los PDET transformarán los territorios, aunque no sabemos qué porcentaje de la gente tiene conocimiento sobre lo que son y cómo funcionan. Sin embargo, es un dato alentador que debe motivar a los mandatarios, desde lo local a lo nacional, a redoblar sus esfuerzos para convertir estas esperanzas en una realidad: las comunidades PDET lo merecen.
*Theresa Bachmann es investigadora de la Universidad de Kent (Reino Unido) con títulos en Estudios Latinoamericanos y Estudios de Paz y Conflicto. En su tesis doctoral analiza la implementación territorial de los PDET.