Cambiemos las leyes sobre drogas

Por: Paula Aguirre Ospina.

Desde no hace poco tiempo se viene cocinando la idea de reformar la política prohibicionista de drogas a partir de la importancia de pensar en alternativas que respondan a la realidad, reconocer el fracaso de las estrategias implementadas durante años y la imposibilidad de reducir a cero el consumo de drogas alrededor del mundo. Sin embargo, a la hora de materializarlo hay varios escenarios que convergen: i) se cree que todo recae sobre el presidente de turno; ii) el planteamiento se queda en el discurso internacional, pero sin acciones a nivel interno; iii) nadie quiere dar la batalla por las implicaciones políticas que puede generar; o iv) sencillamente no saben cómo hacerlo.

Además de las razones y complejidades detrás de cada una de las posibilidades que nos traen a tantas décadas de guerra y violaciones a derechos humanos derivadas de la “guerra contra las drogas”, hay una responsabilidad que usualmente se pasa por alto y es la del poder legislativo. De la mano de creer que la política de drogas solo está en cabeza del presidente de Colombia, se descuida el trabajo primordial que tiene el Congreso de la República, sin el que no se pueden hacer las reformas más importantes en la materia y por el que pasó una de las barreras más grandes para efectos de la regulación actual: el acto legislativo 002 de 2009, de Álvaro Uribe Vélez, que modificó el artículo 49 e impuso la prohibición constitucional al porte y consumo de sustancias psicoactivas.

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Actualmente, con el interés de intentar desbloquear este candado, cursan 3 iniciativas encaminadas a regular los usos adultos del cannabis. Por un lado, en cabeza del Senador Gustavo Bolívar hay un proyecto de ley, mientras que, por el otro, los representantes Carlos Ardila Espinosa y Juan Carlos Losada apuestan a proyectos de actos legislativos para reformar la constitución y que la prohibición existente no aplique para el uso de cannabis. La diferencia de estos dos últimos radica en que Ardila propone una reforma adicional a los artículos 287 y 317 para incluir impuestos a favor de entidades municipales y departamentales derivados de la venta de cannabis. Pero, en todo caso, ¿es buena idea mantener la prohibición?

Más allá del curso que puedan tener estos proyectos en el Congreso de la República y -de ser aprobados- en la Corte Constitucional, vale la pena dar seguimiento a las discusiones y argumentos durante los debates, porque van a ser un termómetro para medir lo que va a ocurrir durante los próximos años y nos van a dar una lectura del nivel de las intervenciones de quienes tendrán la tarea de decidir si, finalmente, lograremos construir un marco jurídico lo suficientemente robusto para tener una regulación del uso adulto de cannabis que responda a las necesidades que tenemos como país, con un enfoque de justicia social y que escuche a todos los sectores para no repetir lo errores de la regulación para usos medicinales.

Por lo pronto, la agenda legislativa se empieza a mover y esta semana empiezan las lecturas y apuestas con la discusión del Proyecto de Acto Legislativo de Juan Carlos Losada. Este proyecto tuvo múltiples intentos durante el Congreso que ocupó el periodo de 2018-2022, superando tres debates en comisión. Es importante tener en cuenta que el camino de los proyectos de acto legislativo es más largo y complicado que el de los proyectos de ley, ya que necesitan 8 debates para ser aprobados y cumplir con su objetivo de modificar la Constitución.

En todo caso, a pesar de que la comisión primera de la Cámara de Representantes, por donde inicia este debate, tiene una composición muy dividida -casi que de 50/50- esperamos que la discusión avance a la plenaria y que el debate deje de caer en los lugares comunes, en la estigmatización y en la reproducción de estereotipos que solo han reforzado y reproducido el lenguaje prohibicionista. Esperamos mayor altura del Congreso entrante, el uso de la evidencia disponible y una verdadera apuesta por el respeto de los derechos constitucionalmente protegidos en el que sean capaces de dar un paso más cerca de la regulación responsable, incluyendo medidas de reparación en favor de las víctimas de la prohibición y que reconozcan que llegó la hora de cambiar las leyes sobre drogas.