Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Por: Irina Cuesta y Andrés Cajiao*
La masacre en El Tarra que dejó nueve personas muertas y tres más heridas, ha vuelto a poner al Catatumbo en el centro del debate por ser una de las regiones donde el conflicto armado ha sido particularmente intenso tras la firma del Acuerdo de Paz con las FARC.
No hay que olvidar que la historia de violencia de esta región de Norte de Santander es producto de una mezcla entre el continuo reacomodamiento de actores ilegales –que actúan en medio de pactos y disputas con graves consecuencias humanitarias– y la incapacidad del Estado para cumplir con sus funciones más básicas. Sin embargo, dos hechos han marcado el recrudecimiento de la violencia y han cambiado las condiciones de seguridad.
El primero es el relevo acelerado de mandos dentro del EPL o “Los Pelusos”, en su mayoría jóvenes sin formación política-militar y con poca influencia en la organización y las poblaciones. Este cambio empezó en 2015 tras la muerte de “Megateo” en un operativo de la fuerza pública y se acentuó con la captura de Guillermo León, alias “David León”, en 2016.
El segundo hecho se dio al final de los diálogos de paz con las FARC y la posterior concentración de excombatientes, lo que significó una oportunidad para que el ELN y el EPL se expandieran y lograran un mayor control de la región. En ese proceso, poco sirvieron los pactos históricos, la ‘repartición’ de territorios y de tareas en el negocio del narcotráfico que dejó las FARC. Las tensiones entre estos grupos fueron creciendo y a finales de 2017 ya era una realidad la disputa entre ambos.
El desarme de las FARC también ha influido en la situación de seguridad del Catatumbo. Si bien sus integrantes no han pasado de forma masiva a grupos disidentes, hay que tener en cuenta que no todos se concentraron. Algunos se integraron al EPL y en menor medida al ELN y otros permanecen en territorio venezolano. Se suma que la situación de las milicias es altamente vulnerable porque no existen medidas de atención específicas para esta población.
Todo esto muestra del complejo proceso de reincorporación que se está dando en la región. La presión de grupos armados, los incentivos perversos de las economías ilegales y los retrasos en la implementación del Acuerdo de Paz, son factores a los que se deben enfrentar los excombatientes, principalmente los que se encuentran en su proceso de reincorporación fuera del ETCR de Caño Indio. Algunos, incluso, han tenido que volver a este espacio por seguridad.
¿Militarización, la salida?
Los estudios de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) venían advirtiendo que el Catatumbo sería una de las regiones de mayor complejidad para la construcción de paz. Sin embargo, la respuesta, hasta ahora, se ha centrado en la militarización, lo cual no ha ido de la mano con la protección y garantía de los derechos de las poblaciones.
Llama la atención que la masacre en El Tarra, realizada a plena luz del día por un grupo de hombres encapuchados fuertemente armados, se dio a pesar de la fuerte militarización y la presencia de la fuerza pública. Esto debe llevar a una reflexión sobre el alcance de este tipo de intervenciones por parte del Estado y la necesidad de repensar el despliegue de sus capacidades bajo un enfoque más integral. Los efectos colaterales de ‘decapitar’ las organizaciones al margen de la ley –caso “Megateo”– y de atacarlas sin cambiar las condiciones en el territorio, puede agravar las condiciones de seguridad.
En el Catatumbo, las organizaciones sociales han cuestionado la contundente respuesta militar del Estado frente a la precaria atención de las necesidades estructurales de la región.
Su ‘recuperación’ continúa siendo una tarea pendiente, de ahí la importancia de que el nuevo Gobierno aprenda de las lecciones del pasado.
Las medidas reactivas y transitorias, con operaciones militares y el aumento del pie de fuerza, pueden resultar exitosas en el corto plazo, pero son insuficientes para resolver los asuntos de fondo. Mientras tanto el conflicto armado se reconfigura y los actores ilegales se adaptan.
Si se quiere tomar en serio la tarea de transformar el Catatumbo, el primer paso para comenzar a cerrar las brechas históricas es enfocar las estrategias de seguridad en la protección de los ciudadanos. El gobierno de Duque no solo tendrá el importante reto de llevar las tropas, sino también los bienes públicos y generar condiciones para el desarrollo.
*Investigadores del Área de Dinámicas del Conflicto y Negociaciones de Paz de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).