Justificar el secuestro es cruel y degradante
La toma de rehenes, el secuestro y otras graves privaciones a la libertad realizadas por el Ejercito de Liberación Nacional (ELN) no son nuevas, estas prácticas atroces son recurrentes en los territorios de Colombia; en forma arrogante y desafiante las ejecutan directamente o asociados con otros violentos, sin importar que haya acercamientos o diálogos que busquen un acuerdo de paz.
La toma de rehenes es un crimen de guerra, está prohibida por el artículo 3 Común y el Protocolo II adicional a los Cuatro Convenios de Ginebra de 1949, normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH) que se aplican a los conflictos armados internos; igualmente está prohibida por el Estatuto de Roma de 1998 y a su vez, para la Convención Internacional contra la Toma de Rehenes es un delito. El Código Penal colombiano tipifica el secuestro en diferentes modalidades y la toma de rehenes como un delito contra las personas protegidas por el DIH.
Respecto a lo ocurrido con el señor Luis Manuel Díaz, esa organización guerrillera señaló que se trató de una retención y que fue un error dado que no sabían que era el padre del futbolista Luis Díaz Marulanda. Con ello se da un mensaje de “normalización” de este execrable crimen, el que seguramente continuará y recaerá en otras personas. Luego de la exigencia de la ciudadanía, de la delegación del Gobierno Nacional en la mesa de negociaciones de paz con el ELN y de algunas entidades, para que esta organización guerrillera libere a todos los secuestrados, el comándate Antonio García dijo que el ELN no aceptará imposiciones ni chantajes.
El señor García incurre en un grave error, el cumplimiento del DIH es una obligación para las partes contendientes; los ataques contra las personas civiles y las que no participan en los combates están prohibidos, lo que se busca es la salvaguarda de las personas protegidas. El principio de distinción es la columna vertebral del ordenamiento humanitario.
El mencionado comandante también dijo que no hay un acuerdo donde el ELN se haya comprometido a no realizar operaciones de finanzas, entre ellas privaciones de la libertad con carácter económico para obtener recursos que permitan sostener sus estructuras, como lo hace cualquier ejercito del mundo. Enfatizó que no existe ningún acuerdo en la mesa sobre las retenciones económicas, políticas o judiciales; de nuevo el señor García incurre en una lesiva equivocación.
Pervive una construcción histórica, cultural y social para contrarrestar la brutalidad y la saña en los conflictos armados internacionales y no internacionales; el respeto por la persona humana, por su dignidad y derechos, entre estos la libertad física, está prevista en el DIH, constituido en un pacto o acuerdo logrado en el mundo como una expresión de racionalidad. Los diálogos, negociaciones o acuerdos entre las partes del conflicto armado no pueden partir de la derogación del DIH sino de su plena observancia; buscar excepciones y justificación para la comisión de crímenes, llamar las conductas delictivas de otra manera: retenciones, operaciones de finanzas, en nada cambia el carácter inhumano de las privaciones de la libertad que realiza el ELN.
Se aproxima el quinto ciclo de diálogos entre el Gobierno y el ELN en México, es necesario avanzar con este y futuros propósitos en la búsqueda de la paz; es imprescindible abordar con especificidad, con mayor rigor algunos temas para reducir al máximo los sobresaltos y las posiciones extremas; el cese al fuego no puede estar restringido a la suspensión de las operaciones militares, mientras se continúa con las violaciones a los derechos humanos de la población civil; por ello, resulta vital afinar el mecanismo de verificación. Es evidente la desarticulación del ELN, frentes y estructuras que al parecer actúan con independencia, acciones territoriales que ponen en duda un mando real, unificado, en cabeza del Comando Central (COCE), esto no puede ser desestimado en la mesa.
Si el Gobierno acepta que se legitime la toma de rehenes y el secuestro como un medio válido para conseguir recursos económicos a favor del ELN como lo pretenden los señores Antonio García y Pablo Beltrán, no se estaría avanzando en el dialogo con unos rebeldes sino claudicando frente a los criminales.
La toma de rehenes, el secuestro y otras graves privaciones a la libertad realizadas por el Ejercito de Liberación Nacional (ELN) no son nuevas, estas prácticas atroces son recurrentes en los territorios de Colombia; en forma arrogante y desafiante las ejecutan directamente o asociados con otros violentos, sin importar que haya acercamientos o diálogos que busquen un acuerdo de paz.
La toma de rehenes es un crimen de guerra, está prohibida por el artículo 3 Común y el Protocolo II adicional a los Cuatro Convenios de Ginebra de 1949, normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH) que se aplican a los conflictos armados internos; igualmente está prohibida por el Estatuto de Roma de 1998 y a su vez, para la Convención Internacional contra la Toma de Rehenes es un delito. El Código Penal colombiano tipifica el secuestro en diferentes modalidades y la toma de rehenes como un delito contra las personas protegidas por el DIH.
Respecto a lo ocurrido con el señor Luis Manuel Díaz, esa organización guerrillera señaló que se trató de una retención y que fue un error dado que no sabían que era el padre del futbolista Luis Díaz Marulanda. Con ello se da un mensaje de “normalización” de este execrable crimen, el que seguramente continuará y recaerá en otras personas. Luego de la exigencia de la ciudadanía, de la delegación del Gobierno Nacional en la mesa de negociaciones de paz con el ELN y de algunas entidades, para que esta organización guerrillera libere a todos los secuestrados, el comándate Antonio García dijo que el ELN no aceptará imposiciones ni chantajes.
El señor García incurre en un grave error, el cumplimiento del DIH es una obligación para las partes contendientes; los ataques contra las personas civiles y las que no participan en los combates están prohibidos, lo que se busca es la salvaguarda de las personas protegidas. El principio de distinción es la columna vertebral del ordenamiento humanitario.
El mencionado comandante también dijo que no hay un acuerdo donde el ELN se haya comprometido a no realizar operaciones de finanzas, entre ellas privaciones de la libertad con carácter económico para obtener recursos que permitan sostener sus estructuras, como lo hace cualquier ejercito del mundo. Enfatizó que no existe ningún acuerdo en la mesa sobre las retenciones económicas, políticas o judiciales; de nuevo el señor García incurre en una lesiva equivocación.
Pervive una construcción histórica, cultural y social para contrarrestar la brutalidad y la saña en los conflictos armados internacionales y no internacionales; el respeto por la persona humana, por su dignidad y derechos, entre estos la libertad física, está prevista en el DIH, constituido en un pacto o acuerdo logrado en el mundo como una expresión de racionalidad. Los diálogos, negociaciones o acuerdos entre las partes del conflicto armado no pueden partir de la derogación del DIH sino de su plena observancia; buscar excepciones y justificación para la comisión de crímenes, llamar las conductas delictivas de otra manera: retenciones, operaciones de finanzas, en nada cambia el carácter inhumano de las privaciones de la libertad que realiza el ELN.
Se aproxima el quinto ciclo de diálogos entre el Gobierno y el ELN en México, es necesario avanzar con este y futuros propósitos en la búsqueda de la paz; es imprescindible abordar con especificidad, con mayor rigor algunos temas para reducir al máximo los sobresaltos y las posiciones extremas; el cese al fuego no puede estar restringido a la suspensión de las operaciones militares, mientras se continúa con las violaciones a los derechos humanos de la población civil; por ello, resulta vital afinar el mecanismo de verificación. Es evidente la desarticulación del ELN, frentes y estructuras que al parecer actúan con independencia, acciones territoriales que ponen en duda un mando real, unificado, en cabeza del Comando Central (COCE), esto no puede ser desestimado en la mesa.
Si el Gobierno acepta que se legitime la toma de rehenes y el secuestro como un medio válido para conseguir recursos económicos a favor del ELN como lo pretenden los señores Antonio García y Pablo Beltrán, no se estaría avanzando en el dialogo con unos rebeldes sino claudicando frente a los criminales.