¿Cómo tramitar las disputas por la verdad del conflicto armado colombiano?

Han pasado ya dos meses desde que la Comisión de la Verdad, entregara la declaración central y el capítulo de hallazgos y recomendaciones. En este tiempo hemos visto reacciones, cuya intensidad responde a coyunturas particulares, como la presentada ante la postura del ministro de Educación Alejandro Gaviria, de compartir el informe con las instituciones educativas, en un primer acercamiento realizado el pasado 12 de agosto, cuando miles de instituciones acogieron la jornada “La escuela abraza la verdad”.

Podría decirse que, salvo contadas excepciones, las reacciones contrarias al Informe provienen de voces de integrantes del Partido Centro Democrático y del entorno del uribismo. Estas voces evidencian la falta de una lectura medianamente comprensiva del Informe, la carga de prejuicios y en muchos casos, que se apela a mentiras flagrantes y descaradas, y todas, parecen repetir un libreto preestablecido que busca deslegitimar el Informe, atacando a las personas integrantes de la Comisión, y promoviendo la idea de que éste, es solo una opinión más sobre el conflicto armado colombiano. Para confrontar el informe de la Comisión de la Verdad, han anunciado que sacaran una contra versión con sus propias verdades.

Sin duda el informe de la Comisión no es ni la única verdad ni la verdad oficial ni la verdad de cierre; es un documento que puede y debe ser interpelado y confrontado. Por eso entre las apuesta de la Comisión está que el Informe sea discutido en diferentes escenarios, en las familias, en los espacios laborales y escolares, que se haga uso público de la información allí compilada para que la verdad se fortalezca como un bien público fundamental en nuestro país, es decir, que sea un tema de deliberación colectiva, que nos compete a todas las personas, no solo a las víctimas y a los responsables, y que en consecuencia, es necesario que tenga un lugar en la agenda pública, que diversos sectores institucionales, sociales y políticos hagan de su apropiación, un tema central de acción y gestión pública.

No obstante, abrir este debate no significa que todas las versiones que surjan tienen el mismo valor, o que se acepte la proliferación de relatos sin reglas. Generar estos espacios tampoco quiere decir que todas las posturas tendrán el mismo estatus en una suerte de pluralismo absoluto. Hay que reconocer que no hay narrativas totalmente objetivas sobre el conflicto armado colombiano, al fin y al cabo se ocupan de asuntos profundamente complejos y contradictorios, que causan una enorme movilización de emociones; sin embargo, no es igual construir este informe desde un método científico de investigación y parámetros de rigurosidad comunes al trabajo académico e investigativo, que apoyarse en la memoria de alguien, de manera individual o colectiva, que participó o vivió de alguna forma el conflicto armado y que tiene apuestas políticas para construir una determinada representación de lo que pasó y por qué pasó.

En este sentido, difiero de una de las posturas elaboradas por el profesor Hernando Gómez Buendía, publicada el pasado 14 de agosto en el portal Razón Pública. Según Gómez, en Colombia hay dos verdades, la de la Comisión y la del Uribismo, y esta es la matriz de análisis que desarrolla en el texto, la división del país entre dos bloques enfrentados, polarizados sin mayores matices, desconociendo la existencia de muchas más opciones en el debate sobre este tema. Pero además, en la publicación hay un esfuerzo por hacer un equilibrio argumentativo entre lo que plantea el Informe de la Comisión y lo que se conoce desde algunas voces uribistas y creo que en ese esfuerzo de equilibrio, se terminan admitiendo posturas que son muy difíciles de equiparar.

Esto queda claro en este párrafo del texto de Gómez Buendía:

“Salvo detalles o exageraciones eventuales, todo lo que dice la Comisión de la Verdad es verdad. Salvo detalles o exageraciones eventuales, todo lo que dicen los informes uribistas es verdad. Pero los uribistas esconden la mitad de la verdad y la Comisión escondió la otra mitad. Las ideologías aciertan en lo que ven y se equivocan en lo que no ven: por eso son ideologías”.

Sin desconocer el derecho que tiene de opinar sobre este tema el Centro Democrático y cualquier otro partido político, Comunes, el Partido Liberal, Conservador, en esas opiniones se expresan posturas ideológicas, que representan intereses en la disputa pública y que, a no ser que se aboquen a un proceso serio, riguroso, fundamentado, de investigación, sus aportes serán cualitativamente distintos de lo que produjo el Informe de la Comisión, luego de 4 años, escuchando a casi 30.000 personas, recibiendo más de 1.500 informes de la sociedad civil, cruzando casi 120 bases de datos, recogiendo testimonios en más de 25 países, con la participación de más de 500 investigadores.

El debate sobre lo que nos pasó es más que necesario, y debe ser lo más amplio y diverso posible, pero exige unos mínimos sobre cómo abordar la discusión. Equiparar y validar todas las narrativas, más que ayudar a la discusión, la obstaculiza y empantana, y así, en lugar de una discusión con reglas mínimas de argumentación, nos conduce a lo que algunos quieren, a que la sociedad colombiana se sumerja en una batalla de versiones como en una lucha libre en el fango y sin regulación. Lo que menos necesitamos, si queremos recomponernos y reconciliarnos como país, es ver a la verdad naufragada. La disputa por imponer una verdad terminará impidiendo que ella nos ayude a comprender el pasado para construir un futuro en paz.