Por Karla Díaz*

Según las Autoridades indígenas, la ART no ha respetado los acuerdos definidos a finales del 2017 con las comunidades en torno al enfoque étnico que manda el Decreto 893, el decreto de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).

La propuesta indígena contempla, entre otras cosas: reconocer la consulta previa como el mecanismo esencial de participación de los pueblos indígenas, la contratación de expertos indígenas para acompañar a las comunidades y la creación de un mecanismo de seguimiento y evaluación a diez años.

La ruta de consulta previa acordada para el PDET con indígenas del Caquetá contempla cuatro etapas. En la primera se realiza consulta previa a nivel de resguardo, parcialidad o asentamiento indígena para socializar los Acuerdos de Paz y la naturaleza de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET); en esta etapa se hace una primera priorización de proyectos. En una segunda etapa, se unen los pueblos indígenas por municipios y se realiza una segunda priorización de planes y proyectos. Posteriormente, se realiza una asamblea por pueblo indígena que habita en el departamento y se protocolizan los acuerdos en la Mesa Permanente de Concertación. En la etapa final, se crea un mecanismo de seguimiento y evaluación a diez años dentro de la Mesa Permanente de Concertación.

Para dar cumplimiento a esta ruta de participación, las autoridades de los ocho pueblos indígenas del Caquetá y la ART acordaron la creación de un equipo técnico de acompañamiento y sistematización de experiencias, el cual está conformado por un coordinador departamental del PDET, diez enlaces municipales, una secretaria y tres profesionales, todos ellos indígenas. Este equipo será la contraparte de los coordinadores regionales y gestores municipales que son nombrados internamente por la ART para cada territorio PDET.

Ahora bien, luego de cinco meses de conversaciones y a tres meses de terminar el plazo para la protocolización del PDET-Caquetá no hay acuerdo en torno al enfoque étnico que contempla el Decreto 893, pues no se ha iniciado con la contratación de los coordinadores étnicos y enlaces municipales, y mucho menos con las consultas previas, aunque si ya se avanza en terreno.

Esta situación es preocupante, pues la premura por cumplir con los objetivos de gobierno y consolidar los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), que son el resultado último del ejercicio de participación en cada región PDET, avanza sin tener en cuenta a los pueblos indígenas del Caquetá que son más de 10.000 habitantes.

Desconocer la consulta previa como derecho fundamental de los pueblos indígenas no solo va en contravía de los dispuesto por el decreto que crea los PDET, sino en contravía del Convenio 169 de la OIT, la Constitución y demás normas que reconocen la diferencia y la autonomía de los pueblos indígenas.

El trabajo realizado por Ambiente y Sociedad, la Organización de Pueblos Indígenas del Caquetá (OPIAC) y Tierra Digna, en torno a los nuevos mecanismos de participación en el posconflicto, han mostrado la necesidad de construir metodologías desde los pueblos indígenas que reconozcan los Planes de Vida y los Planes de Salvaguarda como mecanismos de planeación propios. Solo así será posible romper con el circulo de invisibilización y victimización de estos pueblos.

Este es un llamado a las agencias gubernamentales para que aumenten su transparencia de cara a los imperativos del proceso de paz que aboga por la profundización de la democracia y para que construyan de la mano de las comunidades las rutas de participación.

Aquí puede ver la denuncia de la comunidad. 

*Consultora Asociación Ambiente y Sociedad / @ambienteysoc - @kypandora