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Hace parte del diario vivir de los colombianos las graves violaciones a los Derechos Humanos y las infracciones del Derecho Internacional Humanitario; estos episodios generalizados derivan de la existencia de un agudo conflicto armado que lleva más de media centuria; también de las diferentes formas de violencia, entre estas, la generada por los agentes del Estado y por los particulares que actúan con su favorecimiento o su complicidad. El proceder criminal causa muerte, dolor, miedo, desarraigo y en un alto porcentaje está cubierto por el manto de la impunidad.
El acceso a la justicia transicional permite a las víctimas la satisfacción de sus derechos, entre estos, saber lo que pasó y por qué, resolver interrogantes tormentosos sobre los autores materiales e intelectuales de los crímenes. Infortunadamente en nuestro país algunas autoridades procuran que estos procesos sean obstaculizados, se dilaten o fracasen; mantener la confusión y el engaño conduce a evitar las delaciones, que no salga a la luz el encubrimiento y la infamia del que se han servido los perpetradores.
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En Ocaña Norte de Santander, se llevó a cabo en abril del año en curso, la primera audiencia de reconocimiento en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En la mencionada diligencia miembros de la fuerza pública y un civil imputados dentro del caso 03 denominado “Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado”, tuvieron la oportunidad de reconocer su responsabilidad en el crimen de guerra de homicidio en persona protegida y en los crímenes de lesa humanidad de asesinatos y desaparición forzada. Este es el caso de los llamados “falsos positivos” donde agentes del Estado habrían presentado a más de 6.400 personas como guerrilleros, dados de baja en combate, cuando no lo eran. Aquí la Sala de Reconocimiento de Verdad viene adelantando un importante trabajo en el esclarecimiento y juzgamiento de estas conductas.
La audiencia se constituyó en un hecho histórico, lo que contaron los comparecientes y la aceptación de la responsabilidad sobre estos atroces crímenes, generó un gran impacto en la sociedad; una mezcla de profundo dolor, rabia, angustia y perplejidad en especial respecto a las ejecuciones de los miembros de la fuerza pública dirigidas contra personas inocentes, gente humilde e indefensa. En medio de sentimientos encontrados, ya que no basta con el arrepentimiento y perdonar no es fácil, hay plena identidad en que esto jamás debió ocurrir. Los militares son los depositarios de toda la confianza de las personas; junto con la Policía, son los servidores públicos más cercanos a las comunidades, a quienes les corresponde la salvaguarda de los derechos de los habitantes en todo el territorio nacional.
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La JEP continúa cumpliendo con su compromiso institucional, contribuyendo en forma tesonera con la búsqueda de la paz y la reconciliación. Cómo olvidar las propuestas del actual presidente y de su partido de gobierno para que este componente de justicia se reestructure, se cree una sala especial para militares o se evite que comparezcan a este tribunal de justicia transicional. La historia que se está construyendo evidencia que la pretendida protección de los militares ante el supuesto sesgo ideológico de la JEP no existe, y lo que se está conociendo es la verdad ¿será esto lo que se ha querido y lo que se pretende evitar?
Otro suceso es la extradición a Estados Unidos del señor Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel” quien dio a conocer sus vínculos con algunos generales y políticos; hizo ciertas revelaciones respecto a su transito dentro del conflicto armado como guerrillero, paramilitar y jefe del clan del golfo. El gobierno de Colombia calificó esta extradición como un triunfo de la legalidad y de la justicia. Si se mira desde la soberanía del Estado colombiano y la obligación que tiene de dispensar justicia, resulta concluyente que se trata de la claudicación de las autoridades nacionales frente a la obligación de juzgar y castigar a un peligroso delincuente que cometió graves delitos en este país. Ciertamente con “Otoniel” se extraditó la verdad, se evitó que dijera lo que sabía sobre numerosos hechos violentos ocurridos dentro del conflicto armado.
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Las victimas siguen esperando que quienes acepten su responsabilidad en los crímenes, aporten verdad plena, detallada, exhaustiva.