Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Gustavo Esquivel se salvó de la masacre. El auxiliar de policía de 18 años llevaba tres meses en la institución. Iba en la camioneta y logró huir luego de la detonación, evitando así que lo fusilaran. Hoy se recupera al lado de su familia. En la masacre perecieron dos intendentes, dos patrulleros y tres auxiliares.
Debemos considerar que esta emboscada ocurrió en una zona con una larga historia ligada al conflicto armado, y en donde han aumentado los riesgos de vulneración a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario (ver: Alerta Temprana N°016 del 2019, Defensoría del Pueblo).
En contexto: ¿Quiénes son los policías que murieron en el crudo atentado en Neiva?
El temor y la zozobra no son nuevos en San Luis. Este ha sido un epicentro económico de disputas y, tras la muerte de Jorge Eliécer Gaitán en 1948, fue escenario de La Violencia bipartidista. Son emblemáticas las masacres de la policía a los campesinos liberales, y los asesinatos de liberales y comunistas a los conservadores de Órganos. Fue en este corregimiento donde se hizo famosa la campaña de exterminio del sacerdote Jesús Munar contra sus contrincantes liberales, incluyendo a mujeres y niños.
Con el Frente Nacional no llegó la paz, ni a Órganos ni a San Luis. El conflicto transmutó a nuevas violencias hacia el norte, centro y sur del Huila, Cauca y Caquetá. Los guerrilleros continuaron en el occidente de Neiva, como parte de su zona de influencia de la denominada colonia agrícola de Marquetalia. En 1964, la colonia fue bombardeada produciendo un despoblamiento.
Históricamente, también, San Luis ha sido escenario de la guerra emprendida por el Estado colombiano contra la guerrilla, a partir de la creación del Bloque Sur en 1964, y posteriormente de las Farc a partir de 1966. Fue lugar de origen del Frente Sexto (Bloque Occidental) y del Frente 66, que fue parte del Comando Conjunto Central o Adán Izquierdo, con influencia en Santa María, Teruel, Íquira, Aipe y Neiva, en los centros poblados de San Luis, Chapinero y Aipecito, y en Ataco y Planadas (Tolima). Por allí actuaron los Frentes 17 y 21 de esa guerrilla. Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) llegó la guerra total entre el Estado y las FARC.
Los objetivos comunes de la política se han dirigido a la estabilización del orden mediante la lucha contra-insurgente. Las políticas de defensa señalaron este territorio como “zona roja” desde 1949; “zona de operaciones militares” en 1963; “zona de rehabilitación” entre 1957 y 1990 y “zona de consolidación” entre 2002 y 2010.
Este territorio de frontera es una región bisagra hacia el Pacífico, con presencia de disputas armadas, luchas por el control del orden y la adscripción violenta a las ideologías políticas. Sus habitantes han sufrido violencias, pobrezas y exclusiones, por ser San Luis y Órganos corredores de la “guerra de posiciones” entre las FARC y el Ejército colombiano, desde los tiempos de las repúblicas independientes.
Le puede interesar: Víctor Pulido, un guerrillero que vio nacer el conflicto armado en Colombia
El Acuerdo Final de 2016 generó esperanza en la región. Sin embargo, no fue incluido como municipio PDET y, por tanto, los esfuerzos de construcción de paz han corrido más de la mano de iniciativas del gobierno local de Neiva y las comunidades. Esfuerzos valiosos pero insuficientes, pues a partir de 2018 y hasta 2021, lo que reinició como un conato de criminalidad se convirtió en una reconfiguración de grupos armados de orden residual conformados por antiguos milicianos, disidentes de los frentes reincorporados y nuevas vinculaciones provenientes del Cauca, Huila y Tolima.
Ante la omisión del Estado, que poco o nada ha hecho para evitar que el conflicto escalara, se libran nuevas disputas por el control del orden social, de rutas del narcotráfico y de la extorsión. En vano han sido las denuncias de la población civil y los organismos de derechos humanos, quienes alertaron sobre el resurgimiento de los denominados Grupos Armados Organizados Residuales GAOR Ismael Ruiz y GAOR Dagoberto Ramos, provenientes del antiguo Frente Sexto de las FARC.
A este contexto se suman problemas de pobreza estructural. El pésimo estado de las vías terciarias, por ejemplo, hace costoso y demorado el trayecto hasta Neiva (cerca de siete horas) para suplir necesidades básicas como salud y educación, y para vender el café.
Transitar hacia la construcción de la paz total demanda la presencia integral del Estado que garantice un acceso real a los derechos de los pobladores. Es necesario revisar si los PDET deben dirigirse también a zonas de frontera y no solo a municipios. También es imperativo que el Gobierno de Colombia reanude los diálogos con las insurgencias, se establezca un cese bilateral de hostilidades, se retomen acciones para la desescalada del conflicto como los espacios humanitarios, que, a su vez, permitan fortalecer las iniciativas comunitarias de paz territorial como las desarrolladas en San Luis.
En nuestro estudio realizado por la Universidad del Rosario con financiación de MinCiencias, denominado “Conocimientos y Saberes de comunidades y Organizaciones Sociales en el Sur del Tolima y el Occidente del Huila, como estrategia para construir territorios de paz y comunidades sostenibles”, analizamos la consolidación de instancias de la vida comunitaria que mantienen vivas las alternativas de futuro para las viejas y nuevas generaciones. Estas incluyen Juntas de Acción Comunal, Comités de Conciliación, asociaciones productivas, cooperativas, así como prácticas solidarias y de regulación intervecinal.
Los relatos que recolectamos de las comunidades sobre sus estrategias de resiliencia y resistencia configuran su memoria y sirven para pensarse su presente y las posibilidades de futuro. Los últimos hechos ocurridos en San Luis nos obligan a girar la mirada a esta hermosa pero olvidada región. Es en estos lugares de la Colombia profunda donde debemos avanzar en la construcción de la paz total.
Esta columna hace parte del proyecto de diplomacia de la educación y la ciencia del Instituto Colombo-Alemán para la Paz – CAPAZ.
*Jhenny Amaya Gorrón. Investigadora del Grupo de Investigación Derecho Internacional y Paz de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Surcolombiana. Twitter: @jhennyama email: jhenny3101@gmail.com
**Jairo Baquero. Profesor Asociado, Escuela de Ciencias Humanas, Universidad del Rosario. Twitter: @Semillero_Rural email: jairo.baquero@urosario.edu.co