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Es en este contexto de disputa donde surge el decreto 0044 de 2024, una normativa que pretende resolver los dilemas de consumo en el espacio público, pero termina ignorando las complejidades que definen a la ciudad.
En esta columna queremos compartir los principales puntos de debate de un conversatorio, en el marco del lanzamiento de la investigación Derechos en Contexto Medellín: drogas y disputas por el espacio, que tuvo lugar hace un par de semanas en la Universidad de Antioquia, con apoyo del IEP. En él nos preguntamos cuáles son las características que debería tener un decreto de regulación de consumo en espacio público que sea funcional a las características de la ciudad de Medellín.
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¿Suma cero?
El decreto 0044 de 2024, por medio del cual “se establecen las zonas [...] en los que se restringe el consumo de sustancias psicoactivas, incluida la dosis personal” fue de los primeros esfuerzos de los gobiernos locales en crear una equivalencia (que ya ha hecho carrera exitosa en el debate público) según la cual, para asegurar el bienestar y la protección de niños, niñas y adolescentes (NNA), es indispensable quitar garantías para la población consumidora de sustancias psicoactivas (SPA).
Es decir, según estos tertulianos, en cuyo grupo entran el alcalde de Soacha y el de Bucaramanga, entre varios otros, cualquier ganancia que se logre en términos de protección a NNA se da a expensas de los derechos de las personas usuarias y viceversa: un juego de suma cero.
En la discusión del 8 de octubre participaron tres expertas en el tema: Camila Uribe, directora ejecutiva de Casa de las Estrategias; Lineth Alarcón, toxicóloga y docente de la Universidad Cooperativa de Colombia; y Natalia Zuluaga, líder del consultorio jurídico Parceros. Si bien las panelistas resaltaron la centralidad del bienestar de los NNA en tanto sujetos de especial protección constitucional, también salieron a flote las diferencias sobre la necesidad de armonizar sus intereses con el de personas usuarias. Las rutas para lograr esa armonización de garantías para ambas poblaciones son inciertas.
Hacer una legislación para el espacio público basada en los usos consuetudinarios de los lugares (y no necesariamente en los normativos) puede ser una alternativa. Aún con ello, el déficit de espacio público que atraviesa la ciudad acorrala a ambas poblaciones y dificulta llegar a consensos sobre cómo convivir y ofrecer la mayor cantidad de garantías posibles a todas las partes sin entrar a vulnerar los derechos de ninguna. El reto no es menor.
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Pero entonces, ¿el decreto ha servido?
Aunque todavía es muy pronto para hacer un balance acerca de la efectividad del decreto a tan sólo 9 meses de su expedición, desde ya empiezan a emerger cuestionamientos sobre su desarrollo, en particular teniendo en cuenta que la redacción acotada del mismo hace que sea difícil pensar en posibles indicadores de desempeño distintos al número de medidas correctivas impartidas. ¿Es esta, entonces, la medida que determinará el éxito o fracaso de la política? ¿El número de comparendos impuestos a raíz del decreto nos permitiría medir la protección a NNA y el enfoque de salud que, en principio, son su propósito final? ¿Esto no implicaría estar midiendo sanciones al consumo antes que medidas de protección a NNA? Los hacedores de política pública se enfrentan ante un desafío técnico, complejizado por una discusión mediática que exige resultados tempranos.
¿Y los combos?
No está claro todavía qué información tomar para empezar a pensar en un primer balance del decreto. Lo que sí es claro es que, con decreto o sin él, la regulación del consumo en el espacio público siempre ha existido en Medellín y es la de los combos criminales, que se mantiene indiferente de la discusión legal que se dé al respecto. Por ejemplo, una de las panelistas en el debate de la semana pasada ofrecía algunas cifras preliminares según las cuales el número de comparendos por consumo en espacio público permanecía prácticamente igual en los primeros meses de 2023 y 2024. Cabe preguntarse, entonces, si los constreñimientos que más pesan sobre la población usuaria en Medellín son los de grupos ilegales y no los de la institucionalidad local. En últimas, son los primeros los que logran mayor control sobre el consumo de drogas y, en general, la vida diaria y las relaciones de los y las medellinenses.
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¿Qué reglamentación del consumo en el espacio público necesita Medellín?
El panorama que presentamos está lleno de dilemas y dificultades entre los diversos actores que se disputan el espacio público en la ciudad. Una certeza clave es que el sistema prohibicionista no ha operado de manera homogénea en el territorio nacional, lo que hace imprescindible un enfoque local para entender las particularidades de cada contexto y diseñar políticas públicas que respondan a sus necesidades específicas.
En Medellín es erróneo asumir que sólo rigen las reglamentaciones ‘legales’, como el decreto 044 de 2024; al contrario, existe una compleja red de restricciones que abarca desde prohibiciones impuestas por los combos y las razones, hasta negociaciones cotidianas con vecinos, grupos sociales e incluso con la propia familia. Este último es uno de los hallazgos clave de la investigación: las distintas interacciones de las personas que usan drogas crean riesgos que son inteligibles.
En este sentido, es fundamental que las políticas públicas se basen en la evidencia, considerando las dinámicas, los modos de uso y los espacios de consumo de las personas que usan drogas. La discusión no debe centrarse únicamente en si un decreto que regule el espacio público puede resolver la situación particular de Medellín, sino en la necesidad de abrir conversaciones más amplias sobre el uso del espacio público, las relaciones invisibles que sostienen los mercados de drogas -y marginan a unas personas mientras favorecen a otras-, y las dinámicas de compra, venta, y uso de sustancias en la ciudad.
*Edisantiago Gutiérrez, Juliana Castellanos y Maria Clara Zea hacen parte de Elementa DDHH.