La reducción de riesgos y daños de drogas funciona

El estudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas de 2019 en Colombia, identificó aproximadamente 800.000 colombianos y colombianas con consumo dependiente y problemático de drogas psicoactivas en el último año. Bogotá aporta a esta cifra un 30% del total.

Una de las conclusiones principales que aporta este estudio es que existen barreras para la identificación de las prácticas de consumo, sus riesgos asociados y el análisis de su población usuaria cuando se trata de sustancias de alto impacto como la heroína. Por lo que propone el despliegue de estrategias investigativas en un nivel micro, orientadas a la cotidianidad y realidad de los usuarios que permitan superar la barrera de invisibilización sistemática de la población usuaria de sustancias psicoactivas.

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A partir de este reto, el estudio incentiva la producción de otros estudios más específicos de caracterización que permitan el desarrollo de políticas más eficientes, basadas en la evidencia, y orientadas a la protección de la integridad de las personas usuarias, teniendo en cuenta los altos riesgos que conlleva el consumo de drogas.

La invisibilización de esta población al momento de construir diagnósticos y políticas es resultado del sistema de prohibición y en particular del estigma social que genera, el cual desemboca en procesos de exclusión social, marginalidad y discriminación de las y los usuarios de sustancias psicoactivas, que se modifican y acentúan a partir de las diferentes dinámicas territoriales, de interacción con el espacio público y del tipo de sustancia consumida.

El Estado que es llamado a proteger desde un enfoque de derechos humanos y de salud pública a la población usuaria de drogas, al mismo tiempo sigue funcionando como principal agente ejecutor de la política de prohibición y castigo. Esto genera una contradicción pues se promueve un enfoque de abstención en los programas de atención de usuarios, pero al mismo tiempo busca un enfoque de reducción de riesgos y daños el cual no se puede materializar por su juicio inherente a los usuarios que impide generar confianza, adherencia al programa y profundiza las barreras de acceso.

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Frente a este escenario surge la posibilidad de nuevos agentes ejecutores de la política de reducción de riesgos y daños, especialmente de los programas de acompañamiento al uso de drogas, respondiendo desde el acompañamiento entre pares, el tejido social, la información y el saber científico al enfoque abstencionista que aún se arraiga en el Estado. Ejemplo de esto son las salas de consumo supervisado o espacios de consumo de menor riesgo, unos dispositivos de base comunitaria que superan el estigma del uso de drogas, reconociendo a la población usuaria como sujeta de derechos.

La sala de consumo de CAMBIE que se encuentra ubicada en el centro de la ciudad de Bogotá, en la localidad de Mártires, es un ejemplo exitoso del avance en la materialización de riesgos y daños en la política de consumo. CAMBIE – la primera sala de consumo supervisado ubicada en Colombia y Suramérica – es un dispositivo de base comunitaria en salud que ofrece personal especializado en reducción de riesgos y daños, y un espacio higiénico y libre de violencia para personas que se inyectan drogas en Bogotá.

Bajo la metodología de pares (personas usuarias con formación en reducción de riesgos y daños), logran identificar las necesidades de los usuarios a partir de su experiencia personal de consumo, guiando desde su conocimiento en reducción de riesgos y daños, superando las limitaciones de perfiles tradicionales en salud o psicosociales, trascendiendo a la implementación de acciones efectivas y a una adherencia al programa por la red de acogida y apoyo que se genera.

CAMBIE, durante su primer año de operación, no solamente ha puesto en marcha prácticas para minimizar los impactos negativos del consumo, sino que ha trabajado directamente con las y los usuarios de drogas inyectables sin juicio, discriminación, ni la exigencia de parar el consumo como condición para recibir los servicios. Esto ha creado una red de acogida y apoyo, y una confianza que conlleva a una primera caracterización de los usuarios a la sala, insumo relevante para la elaboración de políticas públicas.

La relevancia de estos datos radica en el contraste que se puede hacer con fuentes oficiales. El informe del primer año de operación de CAMBIE problematizó la ausencia de cifras oficiales sobre la población consumidora de sustancias inyectables; por ejemplo, el estudio nacional de 2019 no brinda ningún dato de sobredosis; al igual que el estudio de consumo de sustancias psicoactivas de Bogotá, que señala que en 2022 no se reportaron personas que consumían heroína.

La experiencia de CAMBIE demuestra la potencialidad de los dispositivos de base comunitaria como un actor clave para el trabajo conjunto con el Estado, que permita materializar una reducción de riesgos y daños efectiva y generar datos que posibiliten la elaboración de políticas públicas participativas y adecuadas a las necesidades de la población usuaria.

Sin embargo, actualmente existen retos para su implementación, el principal es que no hay lineamientos claros y específicos sobre las salas, su naturaleza jurídica no permite implementar medidas más efectivas para sobrellevar la sobredosis como por ejemplo el suministro de oxígeno y el proceso no es sostenible por la falta de asignación de recursos estatales.

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En definitiva, hay una ventana de oportunidad actualmente para materializar una reducción de riesgos y daños efectiva con las salas de consumo supervisado como agente ejecutor. Sin embargo, su implementación depende principalmente de la voluntad política y la respuesta institucional integrada que permita un trabajo conjunto entre Estado y sociedad civil.