Control policial y armas 'no letales'

Por: Sebastián Lalinde*

El Gobierno debe presentar un proyecto de ley que regule la protesta social. Lo debe hacer porque revisar el marco normativo sobre la materia es uno de los compromisos de los acuerdos de La Habana con las Farc y porque debe aprovechar que el Congreso tiene la obligación de adoptar una nueva regulación de este derecho tras la reciente decisión de la Corte Constitucional que así lo ordenó al examinar el Código de Policía.

Por limitaciones de espacio, no explico todo lo que creo que debería tener una adecuada regulación de la protesta. Me concentraré en un solo punto: el uso por la Policía de las llamadas armas no letales.

Fusiles lanza gases, escopetas calibre 12, lanzadores de agentes químicos, granadas y cartuchos con carga química, entre otras armas “no letales” que utiliza el Esmad de la Policía, parecen dispositivos para lidiar con enemigos más que para tratar con ciudadanos, que es su verdadera función. Por eso no debe sorprender que la Policía invoque normas de derecho internacional que regulan la guerra y los conflictos armados como fundamento para utilizar estas armas. Esto explica por qué ciudadanos (o enemigos, como al parecer ve la Policía a quienes protestan) han muerto y sufrido lesiones graves cuando el Esmad ha intervenido en protestas.

“En lugar de trazos de sangre o moretones, el gas lacrimógeno se evapora de la escena, y los daños son mucho menos pronunciados en la superficie de la piel, o ante la mirada de una cámara”, señala la profesora inglesa Anna Feigenbaum para explicar que la invisibilidad y lo efímero del gas lacrimógeno dan una apariencia de uso de la fuerza razonable. Apariencia que la Policía prefiere al escándalo de la sangre que generan los bolillos y las armas de fuego.

Pese a las muertes y lesiones que han ocurrido, la Policía sigue empleando estas armas y sustancias químicas. Las armas químicas están prohibidas en la Convención sobre las Armas Químicas de 1997, salvo cuando se destinan a la represión de disturbios. Quizás, apelando a esta excepción, es que la Policía se tranquiliza con que “los estudios técnicos y científicos se encuentran desarrollados por parte de sus fabricantes y proveedores”, como me respondió a un derecho de petición, y los fabricantes las ofrecen como tecnología no letal.

En compras de elementos para controlar protestas, Colombia se ha gastado un poco más de $105.000 millones de pesos en diez años. Increíble que tanta plata se haya gastado para reprimir a quienes protestan, quienes en su mayoría no tienen otro medio para hacer sus reclamos, manifestar sus inconformidades, demandar sus derechos… que tomarse las calles para ser efectivamente escuchados.

Si el Estado no quiere más protestas, en vez de reprimirlas violentamente, debería empezar por garantizar derechos y por cumplir los acuerdos a los que se compromete con los manifestantes, pues, según el CINEP, cada vez más la motivación de las protestas son los incumplimientos de los pactos que dan fin a protestas anteriores.

También podría ser creativo para evitar desmanes por parte de quienes protestan porque, no soy ingenuo, los abusos no solo provienen de la Policía. Controlar la protesta solo con el Esmad es como ponerle un trapo rojo a un toro. Hay alternativas ya inventadas que podrían reducir la violencia. En la celebración del día del trabajo en el centro de Bogotá ha ocurrido que los manifestantes rayan paredes y tiran piedras contra edificios emblemáticos. En el 2009 la Alcaldía tapó las fachadas de estos edificios con pendones de imágenes de íconos sociales y sindicales, lo que funcionó porque nadie iba a rayar o coger a piedras a sus propios líderes, como me contó un funcionario de la Alcaldía de aquel entonces.

Podría también el Estado pensar en gestores de convivencia, como se ha ensayado en algunas alcaldías de Bogotá. Los gestores son funcionarios de la alcaldía -no de la Policía-, que acompañan las protestas con el fin de generar espacios de conciliación y facilitar el diálogo con las autoridades competentes para atender sus reclamos.

Foucault, al ser preguntado por qué siguen existiendo cárceles pese a ser contraproducentes, responde que producen delincuentes y los delincuentes tienen una utilidad porque a más delincuentes, más crímenes y más miedo en la población, lo que hace más aceptable y deseable el control policial. Algo parecido ocurre acá. El desconocimiento de derechos e incumplimiento de pactos producen protestas. Más protestas conducen a mayor reclamo de control policial y a un mayor uso de armas “no letales”. Y, a mayor demanda de estas armas, mejores negocios para quienes las producen. Ojalá el Gobierno sea capaz de romper con la utilidad económico-política de la protesta y, al revisar su marco normativo en cumplimiento de los acuerdos de paz, replantee la Resolución 00448 de 2015 de la Policía Nacional, que regula el uso de armas “no letales”.

*Investigador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia)