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Este año, un evento que marcó la pauta de la narrativa prohibicionista fue el retorno a la criminalización de drogas en el estado de Oregon en Estados Unidos. Llovieron notas de prensa, columnas y titulares que tomaron esta experiencia como un ejemplo en contra de los avances hacia un cambio en la política de drogas en Colombia. Sin embargo, estos esfuerzos se basaron en interpretaciones que evalúan los hechos alejados del contexto colombiano e ignorando parte de la evidencia y la evaluación crítica del caso.
La nueva legislatura se aproxima y, nuevamente, veremos el debate sobre la modificación del Artículo 49 de la Constitución sobre cannabis y el debate del proyecto de Reducción de Riesgos y Daños. Por lo anterior, es urgente traer a colación el caso de Oregon y tres reflexiones que nos permiten dar línea y esclarecer los elementos difusos para el escenario que se avecina.
El caso: En noviembre de 2020, Oregón se convirtió en el primer estado de EE.UU. en despenalizar la posesión de pequeñas cantidades de drogas mediante la aprobación de la Medida 110. Esta medida no reguló las drogas, sino que convirtió su posesión en una infracción civil, sancionada con una multa de USD$100, la cual puede ser anulada mediante una evaluación de salud en un centro de recuperación.
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El cambio legislativo buscaba tratar el uso de drogas como un asunto de salud pública en lugar de criminal, reducir el estigma asociado, y redirigir fondos de la ley hacia la salud y seguridad de las personas usuarias, impactando positivamente a comunidades afectadas de manera desproporcionada por la prohibición.
Sin embargo, en 2024, Oregón experimentó un movimiento hacia la re criminalización de la posesión de drogas con la aprobación de la House Bill 4002. Esta ley introdujo penas severas por la posesión de pequeñas cantidades de drogas, revirtiendo los avances de la Medida 110. El proyecto fue impulsado por un cambio en la opinión pública y el apoyo de actores políticos que aspiraban a la reelección, ganando respaldo principalmente debido al aumento continuo de muertes relacionadas con opioides y los problemas asociados con el uso público de drogas.
Primera reflexión: La hipótesis que orientó la re criminalización no es aplicable en Colombia
La vuelta a la criminalización se sustentó, entre otros argumentos, en que la despenalización, supuestamente, aumentó los niveles de consumo problemático y desató el uso masivo de fentanilo. Este argumento, sin embargo, es difícil de sostener en Colombia por al menos dos razones. En primer lugar, Colombia tiene una cultura del consumo de drogas diferente a la de los Estados Unidos. En Colombia no hay una orientación masiva hacia el uso de sustancias depresoras de alto impacto como el fentanilo y en más de tres años de su existencia y “promoción” no se ha encontrado presencia de este en el país para uso no-médico.
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En segundo lugar, la despenalización de la posesión de drogas en Colombia ya cumplió 30 años, y ningún estudio demostró un aumento en el consumo de las sustancias despenalizadas en el periodo anterior y posterior a 1994, además, la determinación de la modificación de los patrones de consumo no puede ser unifactorial, para esto se deben evaluar de manera compleja los determinantes sociales en salud.
Segunda reflexión: El experimento de descriminalización en Oregon demostró ser más responsable con los recursos públicos que la criminalización
La medida 110 permitió ahorrar al menos 40 millones de dólares en el funcionamiento del sistema penal. Además, demostró cómo los impuestos derivados de un mercado regulado de cannabis pueden ser utilizados para beneficio social. Se invirtieron 302 millones de dólares en servicios sociales, lo que resultó en un incremento de casi el 100% en el número de personas que accedieron a tratamientos por uso problemático de drogas, prevención de sobredosis y programas de vivienda. Gracias a esta inversión, el estado mejoró significativamente su posición en el ranking de programas de este tipo.
En Colombia, el escenario de regulación debe permitir definir claramente la orientación de los impuestos. Aunque ya se ha establecido cómo serán distribuidos, es crucial que se reinviertan en abordar las problemáticas derivadas de la prohibición, tales como las personas encarceladas, usuarias de sustancias y cultivadoras. Además, se deben incluir los mecanismos necesarios para una correcta evaluación de estas iniciativas.
Tercera reflexión: Los intereses políticos pueden primar sobre los derechos a la salud y el libre desarrollo de las personas usuarias de drogas
El balance de las personas y organizaciones que estuvieron atentos a la aprobación de la HB 4002 indica que la iniciativa estuvo más enfocada en los intereses de reelección de los políticos de Oregón que en una orientación basada en la evidencia. Esto se refleja en las afirmaciones improbables de los legisladores, como por ejemplo: que la despenalización aumentó los índices de criminalidad, cuando en realidad disminuyó en 14 puntos entre 2020 y 2023; que aumentó la cantidad de personas sin vivienda o que consumen en la calle, pese a la falta de evidencia de una legislación específica para estas personas; o que se incrementaron las sobredosis, cuando el promedio sigue siendo similar al nacional y comparable con el de estados donde no se ha despenalizado. Además, se distribuyeron más de 370,000 dosis de naloxona y se reportaron más de 7,500 sobredosis revertidas desde el año 2020.
Además: ¿Política de drogas sin derechos humanos?
En Colombia, el próximo año se legisla con un ojo en las próximas elecciones, el llamado es a hacer una lectura inteligente sobre los argumentos que sean esgrimidos en los debates, para que, por lo menos, si no hay avances, no pasen por encima los derechos reconocidos y las políticas ya establecidas.
*Esteban Linares es investigador de Elementa DDHH