De la protección de los derechos humanos a la intromisión

Le corresponde al Estado a través de sus autoridades la protección de los derechos humanos (DH), cuyos titulares son las personas sin distinción de raza, sexo, orientación política, religiosa o sexual, de condición económica o social; siendo merecedores de una especial salvaguarda los sujetos en situación de debilidad manifiesta y los miembros de las comunidades que padecen mayor amenaza y vulneración de sus bienes esenciales.

El proceso de construcción histórico-cultural de los DH, ha permitido que la vida, la integridad, las libertades, los derechos sociales y colectivos fundamentales, así como el reconocimiento de la multiculturalidad y diversidad tengan especial valía, dentro de un permanente reforzamiento del principio de dignidad humana; pero estos logros contravenidos con la antípoda del abuso del poder,  hizo necesario ampliar ese amparo en el ámbito internacional, mediante la creación de mecanismos  derivados de la Carta fundacional de la ONU y de las convenciones de DH, que permitieron consolidar un Sistema de Protección Universal como un conceso de voluntades de los Estados.

Dentro de esta lógica, en el año de 1993 se creó la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH); la Asamblea General, uno de los órganos principales de la ONU, le encomendó al ACNUDH la promoción y protección de los DH, actuando dentro de la finalidad de salvaguarda y el disfrute de los DH, su quehacer está articulado con los pilares de la organización: la paz y la seguridad, los DH y el desarrollo. El ACNUDH no tiene como función atacar a los gobiernos o constituirse en un contradictor político o de oposición; por el contrario, dentro de sus cometidos está el de ayudar a los gobiernos a cumplir con sus obligaciones de proteger los DH, dando asistencia mediante competencias técnicas y fomento de capacidad para la aplicación de normas internacionales de DH en el terreno.

Por ello, la Oficina ACNUDH trabaja con los gobiernos, pero no depende ni está al servicio incondicional de estos, goza de independencia, también trabaja con la sociedad civil, las instituciones nacionales de derechos humanos, otros organismos de la ONU y organizaciones internacionales. Desde luego que resulta indispensable en esta misión integral de promoción y salvaguarda de los DH apoyar a los individuos en la reivindicación de sus derechos; a lo que se agrega una función esencial, vital, la denuncia de las violaciones de derechos humanos que debe tener como impronta la objetividad. En Colombia el trabajo del ACNUDH ha sido muy importante, dado que las posiciones extremas invisibilizan y trastocan los hechos y las cifras sobre sobre violaciones a los DH, lo que se agudiza en gobiernos como el actual.

En el reciente Informe sobre la situación de Derechos Humanos en Colombia durante el año 2019, el ACNUDH insiste en continuar con la implementación de todos los capítulos del Acuerdo de Paz, especialmente en las zonas rurales, teniendo como centro los derechos de las víctimas y en el disfrute general de los DH. Reconoce los esfuerzos realizados por el Gobierno de Colombia y las FARC-EP para avanzar en el proceso de reintegración de los excombatientes, aunque manifiesta su preocupación por la decisión tomada por algunos excomandantes de las FARC-EP de retomar las armas. El ACNUDH dice que defender los derechos humanos sigue considerándose una labor de alto riesgo en Colombia, para 2019 documentó 108 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, incluyendo 15 mujeres y 2 integrantes de la población LGBTI; registró 36 masacres que implicaron la muerte de 133 personas, la cifra más alta desde 2014; según la policía, la tasa nacional de homicidios en 2019 fue de 25 por cada 100.000 habitantes, lo que indica la existencia de un nivel de violencia endémica.

Da cuenta de las infracciones al DIH por el ELN, el ataque que realizó contra una Academia de Policía, y el actuar de grupos violentos  que amenazan, cometen homicidios y generan desplazamientos forzados; igualmente, se refirió a grupos criminales, organizaciones criminales transnacionales y la mafia que emplearon extrema violencia en las disputas por el control de las economías ilícitas; pero señala que los esfuerzos para establecer una presencia integral del Estado, particularmente de autoridades civiles, incluyendo la Fiscalía General de la Nación y la policía, fueron insuficientes, en particular en las zonas rurales. Del mismo modo, preocupa al ACNUDH la intervención de las Fuerzas Militares en situaciones de seguridad ciudadana e igualmente las acciones desproporcionadas de la policía en incidentes aislados de violencia y que algunos miembros del ESMAD no cumplieron con las normas y estándares internacionales relacionados con el uso de la fuerza en la protesta social. El Informe es mucho más amplio e incluye unas RECOMENDACIONES, muy pertinentes, dentro del cometido funcional del ACNUDH, entre ellas, transferir la supervisión de la policía al Ministerio del Interior para fortalecer su capacidad institucional. 

El presidente Iván Duque discrepó y atacó el Informe, señalando que le preocupa que haya imprecisiones y que no se diga la verdad sobre avances tan importantes; considera que no puede haber sesgos; además que "es una intromisión en la soberanía de nuestro país cuando se dice que la Policía debe ir al Ministerio del Interior. Ese debate corresponde a Colombia". Anunció que en el escenario que corresponda estarán elevando la voz del Gobierno colombiano con contundencia. 

El Informe de manera clara y bien documentada refleja la aguda crisis que en materia de DH y de infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) vive el país. El documento no se puede descontextualizar ni tomar expresiones en forma aislada, como lo hacen quienes han asumido la torpe tarea de la descalificación y el insulto. Todas las situaciones y casos descritos son ciertos, como se puede corroborar a lo largo de su texto; de manera equilibrada se refiere a grupos y organizaciones al margen de la ley  y no solo a actuaciones reprochables o deficientes de agentes del Estado; no se puede confundir una recomendación con una intromisión; incluye fuentes de información de entidades oficiales y da a conocer que para 2019 la Oficina del ACNUDH en Colombia, realizó cientos de misiones en terreno y actividades de capacitación y fortalecimiento a instituciones del Estado y a la sociedad civil, hizo seguimiento a numerosos casos de presuntas violaciones de DH y dio asistencia técnica a diferentes instituciones del Estado. 

El presidente no soporta las críticas y niega lo que es evidente, si solamente acepta las voces de respaldo y acierto gubernamental provenientes de sus copartidarios, del cuerpo de ministros y los colaboradores nombrados por el, significa que no gobierna para todos los ciudadanos y que no comprende que es una democracia.  La respuesta de la canciller, paradójicamente carente de atino y diplomacia, y las expresiones de la ministra del Interior, indolentes y estigmatizantes, demuestran arrogancia y lo más delicado, desprecio del Gobierno por la vida, la integridad y las condiciones de existencia digna de los más humildes quienes padecen los estragos del conflicto armado y la violencia.  

¿Cómo decirle al ACNUDH que su Informe no se ajusta a la verdad? o que no corresponde a la realidad el Informe del CICR, de 2019, que documentó la situación de 27.694 personas que no pueden salir de sus territorios, correspondiendo el 83% del país al Chocó, dado que la presencia del Estado no ha sido efectiva. Se asesinó hace pocos días al escolta del líder social del Chocó Leyner Palacios, sobreviviente de la masacre de Bojayá, y se está produciendo en ese mismo departamento el desplazamiento masivo de familias indígenas y afrocolombianas, en el Alto Baudó, por enfrentamientos del ELN y el Clan del Golfo hace más de un año ¿Por qué no se permitió la entrada a Colombia del jefe de la Relatoría Especial de la ONU para los DH? ¿Quién está faltando a la verdad? Comparto plenamente que el Informe del ACNUDH para los Derechos Humanos sobre la situación de derechos humanos en Colombia durante el año 2019, es oportuno, serio y riguroso; no es un ataque al Gobierno sino una contribución para mejorar en la protección y ejercicio de los DH.