Desafíos para la efectividad de las políticas públicas de seguridad y paz

El inicio de los nuevos gobiernos locales, periodo 2024 -2007, plantea retos en materia de seguridad, convivencia y paz urbana, en las cuatro principales ciudades del país. El aumento de la percepción ciudadana de inseguridad, producto de las acciones del crimen organizado y el microtráfico, llevaron a un número significativo de candidatos – a las alcaldías - a promover soluciones de mano dura.

Sus propuestas se enfocaron, principalmente, en dos indicadores: homicidios y hurtos. Sin duda alguna, los más visibles a los ojos de la ciudadanía; sin embargo, se dejan de lado, propuestas orientadas a ahondar en las causas de los hechos delincuenciales, y esto es abordar la problemática de la conflictividad social, producto de la acción de bandas criminales, asociadas a economías ilegales, lo cual limita los anhelos de la paz urbana y convivencia social. Por lo tanto, las promesas de campaña deben materializarse en la formulación e implementación de políticas públicas, capaces de comprender, intervenir y resolver las diferentes formas de violencia que padecen los ciudadanos en los contextos de barrio y ciudad.

El primer reto consiste en alinear las políticas públicas de seguridad y convivencia de las ciudades colombianas bajo el enfoque de seguridad humana promovido por las Naciones Unidas e incorporado por el gobierno del cambio de Francia Márquez y Gustavo Petro, en el plan nacional de desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida 2022- 2026″. Este enfoque concibe la seguridad humana (una mirada que realza la dimensión humana, el entorno y su relación con el medio ambiente), como un componente esencial del régimen democrático para proteger la vida, honra y bienes de los colombianos. Adicionalmente, plantea que es un mecanismo para proteger a los ciudadanos y la sociedad en el marco del estado social de derecho.

Pero aun este alineamiento no se deja ver. Los mandatarios locales, como Carlos Fernando Galán, Federico Gutiérrez, Alejandro Eder y Alejandro Char, decidieron hacer uso de enfoques y rumbos completamente diferentes al gobierno nacional. Sus apuestas de política pública están centradas en la gobernanza de la seguridad, lo que han denominado políticas de mano dura: combate a las economías del crimen, la teoría de las ventanas rotas para mejorar el espacio público y por esta vía desestimular el desorden y la inseguridad, mejorar la percepción de seguridad. Y el cómo de estas estrategias, está centrado en la presencia disuasiva de la fuerza pública; para lo cual prometen aumentar el pie de fuerza. Otra vez una vieja fórmula que no ha dado resultados, y otra vez una resistencia a entender la seguridad desde una perspectiva de control territorial y nuevas formas de convivencia social, incluyendo la regulación de los conflictos.

El segundo reto de los gobiernos locales consiste en la formulación de políticas públicas sostenidas y de largo aliento en las ciudades. Actualmente, los gobiernos locales carecen de políticas de larga duración o presentan fallas en su proceso de implementación (como el caso de Bogotá), se persiste en recetas mágicas, improvisación y discrecionalidad por parte de los gobernantes en materia de seguridad y paz urbana. Insisten los nuevos gobiernos en avanzar en acciones de corta duración, con el espejo retrovisor a cuestas, negando cualquier posibilidad de continuidad de las acciones o de las intervenciones ya probadas, las cuales – además – representaron la inversión de importantes recursos.

Los nuevos jefes de la seguridad, Secretarios/as de Despacho, representan elites políticas y económicas, que ponen sus énfasis en la disuasión de los delitos como el homicidio y los hurtos, sin avanzar en políticas de mayor integralidad y comprensión de las conflictividades urbanas violentas. En sociedades proclives a las violencias, así como a la estigmatización y polarización social, los esfuerzos por la convivencia en ocasiones son muy livianos, la experiencia muestra que los énfasis de las medidas públicas se centran en la contención, consenso y participación del mayor número de ciudadanos posible, en la construcción de propuestas de paz territorial en ciudades, pero con escasos recursos presupuestales.

El tercer reto consiste en construir indicadores de paz urbana y convivencia social, a la fecha, los borradores de planes de desarrollo de Bogotá (Bogotá camina segura), Medellín (Medellín creemos en vos), Cali (Recuperemos Cali) y Barranquilla (Hagámoslo juntos) presentan ideas, propuestas, estrategias e indicadores de paz urbana tímidos y pocos claros. Estas situaciones están relacionadas con varios aspectos: a) la escasa consolidación de políticas públicas de paz urbana; b) la ausencia investigación, análisis y sistemas de seguimiento que den cuenta de la disputa del territorio urbano por parte de bandas y grupos criminales; c) limitada participación de la ciudadanía en la construcción de propuestas de convivencia social y d) ausencia de políticas públicas que reconozcan como el conflicto y la violencia urbana tiene una afectación diferenciada de poblaciones (mujeres, jóvenes, población LGTBIQ+ y grupos étnicos) y , por ende deben existir acciones diferenciadas.

Avanzar en la construcción de estos retos facilita la tarea gubernamental, con intervenciones desde adentro de las ciudades y los gobiernos, lo que implicaría una amplia participación ciudadana y una energía que permita afrontar la tarea de la seguridad no desde grupo especializado de expertos, desde técnicos que en ocasiones han centrado sus esfuerzos en las violencias más visibles, sin avanzar en lograr acuerdos y consensos con los vecinos y las comunidades en materia de seguridad y paz.

*Columna de la Fundación Foro Nacional por Colombia, escrita por Bairon Otálvaro Marín, profesor Universidad del Valle y socio de Foro Suroccidente.

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