Desaparecer en Colombia

Por: Adriana Muro Polo

“Aunque deriva de la misma raíz latina, ‘veritas’, la verificación se relaciona con la verdad no como un sustantivo sino como un verbo, designando un proceso abierto, continuo y colectivo”

Proyecto Huellas de la Desaparición.

El próximo 30 de agosto se cumplen 11 años de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Un día que surge desde la preocupación de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) frente a miles de desapariciones que en distintos contextos han marcado la vida de miles de familias que buscan a sus seres queridos durante décadas. En América Latina varios países siguen enfrentando la desaparición en tiempo real, si bien los contextos, modus operandi y actores complejizan el fenómeno, la verdad respecto a este crimen de lesa humanidad, sigue siendo un principio clave para aportar a la erradicación de la práctica en la región. Los por qué, los cómo y los quienes son hilos fundamentales para comprender dicha práctica.

Para ello, las Comisiones de la Verdad son mecanismos para instaurar narrativas que se acerquen a la realidad sobre los hechos que generan desapariciones, para hacer visibles las historias de quienes buscan, derribar mentiras, así como reconocer y dignificar a las víctimas. En Colombia, el Informe de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición (CEV), profundizó sobre el fenómeno de la desaparición forzada en el marco del conflicto armado y la evolución de la práctica en el país.

La estadística y el cruce de información de distintas bases de datos construidas en las últimas décadas jugaron un papel inédito para conocer y comprender la magnitud de la desaparición de personas. El proyecto desarrollado por la CEV, la Jurisdicción Especial para la Paz y el Grupo de Análisis de Datos en Violaciones a Derechos Humanos realizó un trabajo titánico para sistematizar y cruzar toda la información disponible sobre graves violaciones a derechos humanos. El proyecto integró 112 bases de datos aportadas por 42 instituciones del Estado, organizaciones de víctimas y de la sociedad civil. Lo anterior, permitió obtener 26 millones de registros. Específicamente en el tomo Hasta la guerra tiene límites, los datos arrojaron que 121.768 personas fueron desaparecidas forzadamente entre 1985 y 2016. No obstante, ante el subregistro que existe la estimación del universo de personas es de alrededor de 210 mil víctimas. Esto equivale a llenar por lo menos, cinco veces el estadio de Nemesio Camacho “El Campín”.

(Lea: Los retos del nuevo Congreso frente a la agenda del gobierno Petro)

Los responsables de las desapariciones forzadas ejecutadas fueron actores armados como: agentes estales, paramilitares, las FARC-EP, el ELN y otros perpetradores que se desconocen. La Comisión reconoce que existe un 54% de incertidumbre para endilgar responsabilidad. Sin embargo, sostiene que los principales responsables de estas vulneraciones fueron los grupos paramilitares con 63.029 víctimas representando el 52% de los casos, las FARC-EP con 29.410 personas desaparecidas con el 24% de los casos, seguido a este grupo se encuentra la categoría de responsables múltiples con 10.448 víctimas que representan el 9% y agentes estatales responsables de la desaparición forzada de 9.359 víctimas, que equivalen al 8% del total de víctimas de desaparición. Los departamentos más afectados fueron Antioquia, Valle del Cauca, Meta, Bogotá y Norte de Santander.

¿Por qué y a quién han desaparecido en Colombia? La respuesta resulta compleja y multifactorial entre los años setenta y la primera década del 2000 pero con una capacidad de amoldar la práctica a distintos contextos. El informe de la CEV nos da algunas luces sobre cómo evolucionó esta vulneración pluriofensiva y como incluyó móviles de carácter político y contrainsurgente pero también, factores asociados a personas defensoras de derechos humanos, líderes comunitarios y sindicales, así como en contra de personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad como trabajadoras sexuales, habitantes de calle, personas de la comunidad LGBTIQ+ y personas usuarias de drogas. Estas últimas atendieron también a un control de territorio por parte de los grupos armados. La información recopilada también da cuenta del impacto de las políticas estatales que en diferentes momentos facilitaron y potencializaron dicha práctica como la Doctrina de Seguridad Nacional durante el gobierno de César Turbay Ayala y de la Política de Seguridad Democrática del gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

La tecnología también fue clave para construir casos emblemáticos de desaparición forzada en el país. A los informes de la CEV se suman proyectos como Huellas de la Desaparición un esfuerzo construido junto con la agencia de investigación Forensic Arquitecture quienes, a partir de análisis geoespacial, datos e imágenes satelitales estudiaron tres casos: el Palacio de Justicia, Urabá y el territorio Nukak. En estos tres casos el objetivo fue concentrarse en las personas que fueron desaparecidas, así como en los territorios y los ecosistemas en donde ocurrieron los hechos. Un relato que busca construir memoria sobre los dolores, pero también sobre la verdad de lo ocurrido.

(Vea: ¿Qué hacemos con el informe final de la Comisión de la Verdad?)

El trabajo realizado por la CEV visibiliza el impacto que esta practica tuvo en el conflicto y los silencios que durante años sepultaron la verdad de los hechos. Las recomendaciones dejan también enormes retos para el Estado y, en general, los mecanismos de justicia transicional para evitar que la desaparición siga ocurriendo en el país, se logré la identificación de 25 mil cuerpos, se garantice el trato digno a miles de familias y la reparación integral del daño. Hasta encontrarles.