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El 20 de agosto, día del desplazamiento forzoso de la comunidad firmante del ETCR Miravalle, estuvo antecedido por la luna azul o superluna, señal de que el astro se vestía de gala para despedir a quienes fueron sus cómplices durante décadas en un territorio lleno de historias, esas de luchas y resistencias, que han caracterizado a la región del Pato, en el Caquetá.
La ocasión no era para menos, luego de más de siete años y medio de haberse firmado el Acuerdo Final de Paz de La Habana entre el Estado colombiano y las extintas FARC-EP, esta comunidad compuesta por 49 núcleos familiares que integran a 92 personas, 58 de ellas hombres y 34 mujeres, incluyendo 28 menores de edad, se ve obligada a desplazarse forzosamente, tras las amenazas recibidas por las estructuras disidentes presentes en el territorio y, más concretamente, tras la publicación de un comunicado emitido por las estructuras al mando de Calarcá donde se daba un periodo de 45 días para que esta población en proceso de reincorporación abandonara la región.
Esta situación lamentable no es nueva, pues esta misma estructura fue la protagonista del desplazamiento forzoso de las comunidades firmantes del ETCR Georgina Ortiz en el municipio de Vista Hermosa, Meta, afectando a 648 personas de las cuales 288 son mujeres, 125 niñas y niños entre 0 y 5 años, 11 personas afros y 59 indígenas junto a 311 firmantes del acuerdo. También aconteció con la comunidad firmante del ETCR Mariana Páez del municipio de Mesetas, nuevamente en el Meta, compuesta por 132 familias integradas por 238 personas, 75 de ellas menores de edad y 106 firmantes.
El martes , desde tempranas horas de la mañana se procede a una nueva fase de este desplazamiento forzoso, caracterizada por la caravana humanitaria compuesta de más de 60 vehículos entre carros, motos, camionetas, turbos y camiones, todos ellos cargados, no solo de los innumerables artículos propios de tal situación, sino también de los sueños, recuerdos y todo tipo de emociones propios del momento. La comunidad firmante, aquella que hiciera dejación de armas en cumplimiento de lo pactado, con el fin de enfrentar la vida en sus territorios, cargados de ganas de aportar a la construcción de paz, ahora, huye de la guerra ajena que se ha apropiado de esta región. En un par de ocasiones vi algunos de ellos dirigiendo su mirada al horizonte como queriendo llevar consigo las últimas imágenes de esos paisajes cargados de historias vividas y seguramente de la nostalgia propia de las historias que esperaban vivir en él.
La ARN lideró de muy buena manera este proceso, acompañada por diferentes actores del orden local, regional y nacional en su apuesta por dar un trato digno a la situación que allí se vive, algo que merece ser reconocido. Los gobiernos anteriores no solo se negaron a reconocer la condición de desplazamiento forzoso de otras comunidades firmantes que han corrido igual suerte, sino que han sido indiferentes administrativa y humanamente hablando. Así lo vivieron en el gobierno de Santos los ETCR de Anorí y El Gallo, y en el gobierno de Duque lo sufrieron las comunidades firmantes del ETCR Urías Rondón ubicado en la región del Yarí.
La reincorporación atraviesa grandes dificultades para su materialización efectiva y exige grandes esfuerzos para lograr encauzarla de forma correcta, ya que no fue concebida como una apuesta asistencialista para quienes estuvimos alzados en armas contra el Estado colombiano. Por el contrario, la reincorporación, tanto en la letra como en el espíritu del acuerdo, está diseñada para hacer de la población firmante actores políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales, comunitarios y demás en la construcción del proyecto de país propuesto en el Acuerdo de La Habana. La reincorporación implica el reconocimiento de la alta parte contratante del acuerdo como un actor con capacidad, competencia y obligación de velar por la implementación integral de lo acordado. Somos guardianes de cada uno de los 6 puntos, el capítulo étnico y el enfoque de género y diversidad que integran lo pactado.
Hablar del proceso de reincorporación comprende no solo denunciar las amenazas permanentes de las que somos objeto, o de los 433 asesinatos hasta hoy registrados, más los desplazamientos, señalamientos y estigmatización, sino que también implica reconocer que con todo esto se pone en riesgo la implementación integral del Acuerdo, su sentido reparador y transformador.
El gobierno del cambio, aquel que surge de una gran suma de voluntades y en especial del nuevo contexto político fruto del acuerdo, tiene la enorme responsabilidad, la histórica responsabilidad de ser consecuente con este clamor popular por avanzar en la superación definitiva de la violencia estructural en todas sus dimensiones. Un paso indispensable en esta dirección es la de definir con claridad y efectividad las líneas rojas que blinden a las comunidades, sus procesos organizativos y territorios, así como a la población firmante y también sus procesos organizativos, frente al accionar de las organizaciones armadas que hoy se disputan y reconfiguran en diferentes territorios. De lo contrario, la paz total no pasará de ser una buena voluntad o campaña de gobierno sin hechos reales o tangibles que nos permitan desatar el poder transformador de la paz firmada.
*Exintegrante de las FARC y firmante del Acuerdo de Paz de 2016