Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Uno de los rasgos de los procesos de paz contemporáneos es la progresiva inclusión de la participación de la sociedad civil durante la fase de negociación. La experiencia y la literatura advierten sobre su importancia (ver los trabajos de Pfaffenholz, entre otros) por al menos tres razones: ayuda a entender las causas y el prolongamiento del conflicto de manera incluyente; los ciudadanos se convierten en un pilar esencial para legitimar la negociación y hacer control social de las estrategias para superar la violencia; y se articulan intereses y demandas específicos, ampliando, así, los de las partes negociadoras.
El proceso de negociación que está a punto de iniciar entre el gobierno nacional y el Eln, luego de la liberación del político chocoano Odín Sánchez, no es ajeno a esta evolución. De hecho, el aspecto central del Acuerdo de Diálogos para la Paz, que contiene una agenda de seis puntos, es la participación de la sociedad civil, que no será solo de tipo consultivo, sino que tendrá la capacidad de incidir directamente en la mesa.
No obstante, este aspecto ha levantado más dudas que certezas. A pesar de las propuestas que diferentes sectores han elaborado (cabe destacar la de RedProdepaz, por ejemplo), aún es una gran incógnita cuál va a ser la metodología, cómo y quiénes van a sistematizar los aportes, y lo más importante, cuándo se pasará del diálogo a la negociación, a juzgar por las recientes declaraciones de Silvana Guerrero, del equipo negociador del Eln: “En base a esos diálogos se acordarán las negociaciones”, dijo.
También están quienes se preguntan por los tiempos de esa participación. En las negociaciones el tiempo importa. Si bien no se trata de imponer plazos inamovibles, es cierto que un marco temporal muy amplio para el diálogo de la sociedad civil, en el que se definirán las “transformaciones para la paz”, necesita límites. Si esto no ocurre se puede caer en un dilema: sin tiempos, el diálogo puede extenderse sin fin, el proceso perder ímpetu y apoyo político y popular; pero con tiempos rígidos, diversos sectores se podrían sentir excluidos y los temas serían tratados sin profundidad, lo que desembocaría en un acuerdo atractivo en el papel, pero sin fundamento a la hora de su implementación. En esta medida, los tiempos cargan con una dosis de estrategia de negociación y otra de realismo político.
Finalmente, esta participación va a tratar temas como el minero-energético y el de degradación ambiental, que quizá ubicará el rol de la sociedad civil como uno de los más activos en la historia de los procesos de negociación en Colombia. No sólo porque habrá sectores que, mediante un diálogo informado, presentarán serias demandas al sector privado sobre el impacto ambiental de sus operaciones, sino también al Eln por sus ataques sistemáticos contra la infraestructura petrolera.
Así las cosas, ¿la participación servirá para llegar a consensos que permitan avanzar en la agenda y pensar en una implementación que logre las transformaciones para la paz? O, ¿será la plataforma para una nueva batalla de posiciones irreconciliables que sólo nos llevarán a un diálogo interminable y poco fructífero?
*Por: Eduardo Álvarez Vanegas. Coordinador de Dinámicas del conflicto y negociaciones de paz de la Fundación Ideas para la Paz. Twitter: @ealvarez80