La escuela es una conjunción de voluntades de quienes consideran que el mejor camino para la transformación social, intelectual y afectiva es la educación; pero no la educación tradicional para la domesticación, el sometimiento y la obediencia, sino aquella que libera, cultiva y permite a las personas, especialmente a los niños y niñas conocer su realidad y transformarla.
En la conmemoración del 9 de abril, Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del Conflicto Armado, se puso en marcha la estrategia denominada ´La educación abraza a las víctimas del conflicto armado´. Esta valiosa iniciativa de la Unidad para las víctimas, el Ministerio de Educación, Edupaz y el Instituto Colombo-Alemán para la Paz (CAPAZ), busca “consolidar el papel protagónico de la niñez y la juventud en el marco de la no repetición del conflicto armado y el de la escuela como escenario transformador de construcción de memoria, convivencia y reconciliación”. Desde luego que iniciativas y programas como este son bienvenidos, siempre será necesario llamar a la reflexión, facilitar el diálogo, para superar el conflicto armado y sus nefastas consecuencias, siendo primordial el reconocimiento de los derechos de las víctimas, su lucha y sus historias de vida.
Cuando se valora que mediante la educación es posible la concientización para lograr un cambio social que conduzca al respeto de los derechos humanos, a erradicar la discriminación y las brechas de desigualdad, acudir a la comunidad educativa es sin duda un camino idóneo y seguro. Sin embargo, para no caer en la educación verbosa, en la palabrería, en esa que es sonora, asistencialista, que no comunica, sino que hace comunicados, como lo explica Paulo Freire en su libro ´La educación como práctica de la libertad´, es apremiante acompañar, defender a los estudiantes, profesores y padres de familia, en aquellos municipios donde la acción de los violentos no cesa y por el contrario se ha recrudecido.
Importante la participación de más de ocho mil establecimientos educativos en la jornada del 9 de abril y un calendario de actividades con tres fechas especiales para 2024; no obstante, la intervención del Gobierno y de las autoridades tiene que estar inexcusablemente dirigida a cambiar la concepción tradicional de la educación: la que se identifica con un recito donde se dicta clase, con unos profesores neutrales que no pueden disentir de nadie, donde no se habla de política, para mantener el statu quo. A lo anterior no se le puede llamar escuela, la situación en nuestro país es grave, esa comunidad educativa está atemorizada, sometida al querer de los poderosos quienes defienden sus intereses, amenazados por los grupos armados y las organizaciones criminales; de esta manera se impide una verdadera educación, pues no se permite la crítica, el libre examen, la comprobación, el estudio que haga posible una apertura intelectual y democrática incluso para oponerse al gobierno de turno.
Hace pocos días se informó sobre la inauguración en la Vereda El Triunfo, Municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá, de un colegio internado agropecuario y ambiental que tendrá como nombre ´Gentil Duarte´ en homenaje a quien fue cabecilla de las disidencias de las FARC. La forma como se promocionó la inauguración, las contradicciones entre las autoridades municipales, departamentales y nacionales sobre este acontecimiento, permite poner sobre la mesa un ejemplo de la vulnerabilidad en que se encuentra la comunidad educativa en diferentes municipios de Colombia. Lo anterior se hizo públicamente, distorsionando lo acordado en el Cuarto Ciclo de Diálogos de Paz entre el Gobierno y el Estado Mayor Central, teniendo como protagonista a un grupo armado al margen de la ley; el rechazo del Ministerio de Educación y de muchos colombianos está justificado.
Ser maestro o maestra en las zonas de conflicto armado, en la ruralidad, es una profesión que implica peligro; el reconocimiento que esta delicada labor merece, se diluye entre la indiferencia y el incumplimiento de las promesas de los gobernantes. Por eso, ese sinsentido de la escuela acrítica, de la educación identificada con la palabra permitida y la iniciativa censurada, es la que pervive en los lugares más apartados de nuestro país, propiciando la repetición y la revictimización. Conforme al Derecho Internacional Humanitario, la comunidad educativa no puede ser constreñida ni vinculada por los actores armados.
La escuela es una conjunción de voluntades de quienes consideran que el mejor camino para la transformación social, intelectual y afectiva es la educación; pero no la educación tradicional para la domesticación, el sometimiento y la obediencia, sino aquella que libera, cultiva y permite a las personas, especialmente a los niños y niñas conocer su realidad y transformarla.
En la conmemoración del 9 de abril, Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las víctimas del Conflicto Armado, se puso en marcha la estrategia denominada ´La educación abraza a las víctimas del conflicto armado´. Esta valiosa iniciativa de la Unidad para las víctimas, el Ministerio de Educación, Edupaz y el Instituto Colombo-Alemán para la Paz (CAPAZ), busca “consolidar el papel protagónico de la niñez y la juventud en el marco de la no repetición del conflicto armado y el de la escuela como escenario transformador de construcción de memoria, convivencia y reconciliación”. Desde luego que iniciativas y programas como este son bienvenidos, siempre será necesario llamar a la reflexión, facilitar el diálogo, para superar el conflicto armado y sus nefastas consecuencias, siendo primordial el reconocimiento de los derechos de las víctimas, su lucha y sus historias de vida.
Cuando se valora que mediante la educación es posible la concientización para lograr un cambio social que conduzca al respeto de los derechos humanos, a erradicar la discriminación y las brechas de desigualdad, acudir a la comunidad educativa es sin duda un camino idóneo y seguro. Sin embargo, para no caer en la educación verbosa, en la palabrería, en esa que es sonora, asistencialista, que no comunica, sino que hace comunicados, como lo explica Paulo Freire en su libro ´La educación como práctica de la libertad´, es apremiante acompañar, defender a los estudiantes, profesores y padres de familia, en aquellos municipios donde la acción de los violentos no cesa y por el contrario se ha recrudecido.
Importante la participación de más de ocho mil establecimientos educativos en la jornada del 9 de abril y un calendario de actividades con tres fechas especiales para 2024; no obstante, la intervención del Gobierno y de las autoridades tiene que estar inexcusablemente dirigida a cambiar la concepción tradicional de la educación: la que se identifica con un recito donde se dicta clase, con unos profesores neutrales que no pueden disentir de nadie, donde no se habla de política, para mantener el statu quo. A lo anterior no se le puede llamar escuela, la situación en nuestro país es grave, esa comunidad educativa está atemorizada, sometida al querer de los poderosos quienes defienden sus intereses, amenazados por los grupos armados y las organizaciones criminales; de esta manera se impide una verdadera educación, pues no se permite la crítica, el libre examen, la comprobación, el estudio que haga posible una apertura intelectual y democrática incluso para oponerse al gobierno de turno.
Hace pocos días se informó sobre la inauguración en la Vereda El Triunfo, Municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá, de un colegio internado agropecuario y ambiental que tendrá como nombre ´Gentil Duarte´ en homenaje a quien fue cabecilla de las disidencias de las FARC. La forma como se promocionó la inauguración, las contradicciones entre las autoridades municipales, departamentales y nacionales sobre este acontecimiento, permite poner sobre la mesa un ejemplo de la vulnerabilidad en que se encuentra la comunidad educativa en diferentes municipios de Colombia. Lo anterior se hizo públicamente, distorsionando lo acordado en el Cuarto Ciclo de Diálogos de Paz entre el Gobierno y el Estado Mayor Central, teniendo como protagonista a un grupo armado al margen de la ley; el rechazo del Ministerio de Educación y de muchos colombianos está justificado.
Ser maestro o maestra en las zonas de conflicto armado, en la ruralidad, es una profesión que implica peligro; el reconocimiento que esta delicada labor merece, se diluye entre la indiferencia y el incumplimiento de las promesas de los gobernantes. Por eso, ese sinsentido de la escuela acrítica, de la educación identificada con la palabra permitida y la iniciativa censurada, es la que pervive en los lugares más apartados de nuestro país, propiciando la repetición y la revictimización. Conforme al Derecho Internacional Humanitario, la comunidad educativa no puede ser constreñida ni vinculada por los actores armados.