Uno de los grandes negocios de la guerra en Colombia ha sido la tierra. Solo hay que revisar el auge de proyectos agroindustriales, minero-energéticos y de infraestructura en las dos últimas dos décadas, para entender la magnitud de este botín. Palma, cereales, petróleo, carbón, megapuertos y mucho más. Y aunque uno que otro político o empresario con mala suerte ha sido investigado o condenado, la justicia sigue siendo incapaz de señalar las responsabilidades de las élites regionales y nacionales que participaron en este proceso de consolidación económica a partir del despojo de las víctimas.
Las declaraciones de Benito Osorio a la JEP muestran cómo el paramilitarismo, es decir, la alianza entre personajes como los hermanos Castaño, empresarios, la clase política, militares y otros empleados del Estado, despojaron a campesinos y comunidades étnicas para hacer negocios con sus tierras. Varios desmovilizados lo dijeron con nombres y apellidos en el proceso de Justicia y Paz, y ahora, los pocos ‘civiles’ condenados por estos hechos en la justicia ordinaria vuelven a contarlo, para salir de la cárcel y ganar los beneficios que les puede dar la JEP.
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No solo Osorio ha abierto la boca. También comenzó a hacerlo Jaime Blanco Maya, el único empresario condenado por participar en la alianza paramilitar que dejó tantos muertos en el Cesar. Blanco Maya es clave para esclarecer la participación de los políticos del departamento y de la carbonera Drummond y sus altos directivos en repetidas violaciones a derechos humanos y el despojo de tierra en ese departamento. Aunque hay varios indicios que los señalan desde hace más de una década, apenas en diciembre de 2020 la Fiscalía acusó formalmente al expresidente de la compañía en Colombia, Augusto Jiménez Mejía y a José Miguel Linares Martínez, el presidente actual.
A la espera de ser admitido por la JEP también está el ganadero Edward Mattos Barrero, hermano del mediático empresario Carlos Mattos, que tanta prensa ha mojado en estos días. Edward fue capturado en 2020 por homicidio y ha sido señalado en varias ocasiones de pertenecer al entramado paramilitar del Cesar, así como de participar en el homicidio de una jueza. También ha sido señalado de ser testaferro de don ‘Mario’, específicamente en la hacienda El Secreto, en Mapiripán, Meta.
Seguramente, el ganadero podría aportar información sobre los vínculos de su hermano Carlos y la élite del Cesar con el Bloque Juan Andrés Álvarez de las AUC y el rol del prófugo Diego Rivas Ángel, que también ha sido señalado de ser testaferro de don Mario y era propietario de las tierras vecinas a El Secreto. Este último es hermano de Jaime Eduardo Rivas, secretario general del Ministerio de Agricultura en los primeros años del gobierno Uribe.
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Pero lamentablemente la JEP no tiene dientes para investigar a quienes aparecen mencionados en estas declaraciones. Luego de perder el plebiscito de 2016, el Congreso y luego la Corte Constitucional modificaron los acuerdos entre el gobierno y las FARC, y le quitaron la potestad de investigar y juzgar a actores del conflicto diferentes a excombatientes de esa guerrilla y de miembros de la fuerza pública. Los únicos civiles que pueden entrar a esta jurisdicción, son los que se postulen voluntariamente y, por supuesto, los únicos que lo han hecho han sido los pocos que tienen condenas en la justicia ordinaria.
Quien sigue siendo la encargada de investigar a estos sospechosos de siempre es la Fiscalía, que hasta ahora ha hecho un pobre trabajo con las miles de compulsas de copias de procesos que le ha enviado el sistema de Justicia y Paz. A 2020, este sistema de justicia transicional había registrado 2.311 compulsas por menciones a terceros civiles y 1.835 por agentes del Estado no combatientes, de las cuales no ha pasado prácticamente nada en la Fiscalía. A mediados de 2020, solo había 44 de estos procesos que habían llegado a un juicio.
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Seguramente la Comisión de la Verdad entregará más luces sobre el rol de políticos, empleados públicos y empresarios en el despojo de tierras a las víctimas del conflicto. Pero es clave que algún día se conozca desde la justicia, las responsabilidades individuales de tanto personaje de las élites locales y nacionales, que han utilizado al Estado para sacarle un enorme lucro a las tierras de campesinos, indígenas y afros. Y es más importante, todavía, que esta situación deje de pasar de una vez por todas.