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El problema de consumo de drogas en el país tuvo una propuesta específica como política pública durante el gobierno de Andrés Pastrana (Rumbos, 1999), la cual se basó en la evaluación de los centros de atención existentes, y en el diseño de políticas nacionales de prevención y de tratamiento. Esto permitió que el consumo problemático de drogas empezara a verse como un problema de salud pública con alto riesgo de aumentar su impacto negativo. Las políticas diseñadas en ese entonces permitieron que se empezara a conocer la oferta de servicios de tratamiento en el país a través del diseño e implementación de estudios de campo. En el año 2004 el ministerio publicó el Diagnóstico Situacional de las instituciones de tratamiento, el cual ha permitido observar el fenómeno creciente e identificar distintos problemas en el acceso a los servicios y los tipos de tratamiento que se ofrecen, y la evolución de la oferta en general.
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Para comprender el problema actual es importante señalar que la atención de los trastornos mentales debido al consumo de sustancias psicoactivas no estuvo cubierta por el plan obligatorio de salud (POS) desde la promulgación de la Ley 100 en 1994 hasta la entrada en vigencia de la ley 1566 de 2012. Debido a la falta de cubrimiento del diagnóstico de síndrome de dependencia a sustancias, no hubo práctica clínica del personal de salud que trabajaba bajo los parámetros del cubrimiento del POS. En la práctica, la formación del personal de salud no tuvo la opción de implementar los tratamientos sobre el estado del arte de las adicciones en ese momento.
El modelo de atención del ministerio de salud presentado al país a finales del año 2016 permitió a las EPS iniciar la contratación con las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) que ofrecían el tratamiento de rehabilitación bajo el estado del arte de las adicciones con el que contábamos. Sin embargo, las características de consumo en Colombia eran - y son - muy diferentes a las que se presentan en el hemisferio norte, como en Estados Unidos, Canadá y los países de la Unión Europea, en donde se han realizado las investigaciones para lograr dicho estado del arte. Las atenciones que mayoritariamente se ofrecían en Colombia durante el periodo señalado (1994-2016) se basaban en el modelo de Comunidad Terapéutica (CT) el cual nunca ha tenido sustento en la evidencia, dentro de los parámetros de las ciencias de la salud, y obedecían a tradiciones orales sobre la base de algunos principios de Alcohólicos Anónimos con la gran diferencia que seguían una relación de poder piramidal dentro de las instituciones y consideraban que los tratamientos por la fuerza eran una necesidad; de alguna forma reemplazaban la idea de cárcel como castigo al consumo de drogas. El reto en ese entonces era lograr vincular a la oferta privada de las comunidades terapéuticas a los parámetros de la ley 1566 y al modelo de atención. Esto implicaba que estas instituciones tenían que cumplir los parámetros de habilitación del ministerio y de las secretarias de salud para ofrecer servicios como IPS lo cual en la mayoría de los casos no se ha cumplido.
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Se entendía que desaparecer la oferta que no cumpliera los parámetros de la ley era inconveniente en muchos aspectos. La cultura de la atención de las adicciones había sido construida sobre la base de la presencia de las CT y modificar los principios que la regían en la práctica, se comprendía que era una tarea que llevaría mucho tiempo. El gran inconveniente en este aspecto es la idea - aún presente en la sociedad colombiana – que los tratamientos bajo internación son la única opción viable, y, por lo tanto, en la mayoría de los casos todavía se ofrecen como única opción.
Ahora bien, la oferta de servicios sin el cumplimiento de la reglamentación de salud encontró dentro de las necesidades del país otro camino para permanecer vigentes: el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) y las necesidades de protección a menores del Instituto de Bienestar Familiar (ICBF). Para este tipo de atenciones existe un “paraguas” legal que ha llevado a que las instituciones no tengan que cumplir los parámetros del ministerio de salud y su cubrimiento lo haga el Estado por fuera del sistema de salud y la vigilancia requerida. Esta realidad es muy compleja y resolverla llevará mucho tiempo, ya requiere muchos esfuerzos interinstitucionales que sabemos que genera controversias y choques conceptuales sobre el fenómeno del consumo de drogas. Existen distintas iniciativas gubernamentales actuales, y de anteriores gobiernos, que buscan mejorar el estado actual de este tipo de oferta. Sin embargo, la política de drogas promulgada por el gobierno actual no le da prioridad a la ambigüedad con la que el Estado aborda los problemas derivados de las adicciones, y deja en segundo renglón a las personas y familias que lo padecen.
Por el contrario, el enfoque de la política en cuanto a consumo le da más visibilidad a los opioides, en especial a la heroína, que no tienen alta prevalencia de uso en el país y a la vez no están relacionadas con la demanda de servicios de salud, como tampoco para el SRPA ni para el ICBF. En Colombia la regulación de los opioides ha sido exitosa en muchos aspectos, a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos y otros países. Para el caso de los opioides, el esfuerzo debería concentrarse en evaluar y fortalecer la regulación si es necesario.
La priorización del tema de los opioides en el país ante la crítica anterior fue presentada durante el periodo del gobierno de Juan Manuel Santos como una ventana de oportunidad para generar consciencia de la importancia de la reducción de daños en el abordaje del consumo problemático y del consumo en general, lo cual era comprensible a principios de la década anterior, pero de ninguna manera en este momento. Los problemas del consumo en Colombia son otros y la política actual vuelve a caer en esa gran equivocación que puede generar mayores problemas a los actuales.
Desafortunadamente, existe en el país la idea de que los tratamientos para las adicciones resuelven el trastorno de forma definitiva. Ha sido difícil comprender que los trastornos mentales por consumo de sustancias (adicción, síndrome de dependencia, o consumo problemático) son crónicos y requieren tratamientos continuos, a largo plazo, como es el caso de la hipertensión arterial o la diabetes, y, por lo tanto, necesitan en ocasiones tratamientos bajo internación, pero fundamentalmente necesitan ofertas de servicios ambulatorios y de seguimiento a nivel social y comunitario.