El desafío de la seguridad en la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia

Desde la posesión del nuevo gobierno han sido reiteradas las ocasiones en las cuales el presidente, haciendo mención del Acuerdo Final de Paz de La Habana (Cuba), ha sostenido que la implementación integral de este acuerdo es la base sobre la cual se edifica un proyecto de cambio. La materialización de la política de Paz Total y, con esto, el proyecto de que Colombia sea realmente una Potencia Mundial de la Vida implica que el aval de este pacto especial, consignado ante el Consejo Federal Suizo en Berna, no solo pasa por la obligación estatal de cumplir a cabalidad lo contenido en él, sino que también tiene el deber de reconocer a la otra parte firmante.

Pese a tener todo el reconocimiento a la luz del derecho internacional, el trato indigno al que ha sido sometida la población firmante en proceso de reincorporación en los últimos periodos presidenciales, incluyendo las múltiples obstrucciones por parte de funcionarios públicos, solo puede ser catalogado como una ignominia. En la época del exfiscal Néstor Humberto Martínez, se fraguaron entrampamientos contra el proceso y se desnaturalizó parte de lo pactado, especialmente en relación con la Unidad Especial de Investigaciones creada en La Habana. Esto no solo no fue llevado a la instancia de implementación, sino que también se cercenó la autonomía en la investigación judicial, lo que impidió emprender actuaciones en cualquier jurisdicción, como, por ejemplo, las investigaciones por compulsas de copias provenientes de Justicia y Paz. Además, se suma a esta actuación la asfixia administrativa.

Tal será el lastre dejado por Martínez Neira que, el próximo 20 de septiembre, la dirección de la Unidad Especial y el Fiscal General de la Nación son convocados a Audiencia ante la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP) en el trámite de medidas cautelares en favor de los firmantes de paz. En criterio de la jurisdicción, los informes presentados desde el mes de agosto de 2022 por esta unidad son repetitivos y no cumplen con la orden emitida de elaborar un plan de acción que dé cuenta real sobre el esclarecimiento de los crímenes contra la paz con base en los estándares internacionales, el impacto efectivo en el proceso de desmantelamiento de las estructuras criminales detrás de estos hechos y la superación del estado actual de impunidad.

De manera simultánea, la Corte Constitucional en menos de un mes ha emitido dos Autos, ordenando a la Unidad Nacional de Protección que brinde medidas efectivas para la población firmante, especialmente en los 15 espacios de reincorporación calificados de alto riesgo y a las candidaturas del partido Comunes, surgido del Acuerdo Final de Paz.

A pesar de los pronunciamientos en favor de la Paz vistos en las acciones humanitarias de los Acuerdos de Caracas, los Espacios de Conversación socio-jurídica en Buenaventura y el Acuerdo para la Instalación de la Mesa con Estado Mayor Central (EMC), aún brillan por su ausencia compromisos reales y explícitos respecto a garantizar la vida y la integridad de liderazgos sociales y, especialmente, de los y las firmantes de Paz. Es incomprensible privar de la vida a una mujer por el solo hecho de no cumplir con el horario impuesto por el grupo armado, como sucedió con Blanca Libia Marín en La Plata, Huila; o el atentado contra la vida de Marino Molina, firmante del Acuerdo, un día antes de iniciar el proceso de diálogo, o continuar viendo cómo muchos jóvenes se desangran en enfrentamientos entre grupos en el departamento de Arauca.

Pero tampoco el dolor y el desconsuelo pueden ser utilizados con otros fines políticos. La Defensoría del Pueblo, que, cabe decir, tuvo poca contundencia al denunciar los crímenes contra firmantes en el gobierno de Duque, hoy pretende reiterar y presentar como propias unas medidas cautelares ya solicitadas en 2020 ante la CIDH por parte del partido político surgido del Acuerdo. Antes de hacer anuncios públicos, sería importante consultar a la representación de la parte directamente afectada.

Mantener la ilusión en la culminación definitiva de las violencias en el país sigue siendo la premisa y dependerá necesariamente de la voluntad política de quienes dialogan, de toda la institucionalidad del Estado y de la sociedad que, sin mezquindades y lejos de cualquier cálculo político o electoral, prioricemos la vida.

Desde la posesión del nuevo gobierno han sido reiteradas las ocasiones en las cuales el presidente, haciendo mención del Acuerdo Final de Paz de La Habana (Cuba), ha sostenido que la implementación integral de este acuerdo es la base sobre la cual se edifica un proyecto de cambio. La materialización de la política de Paz Total y, con esto, el proyecto de que Colombia sea realmente una Potencia Mundial de la Vida implica que el aval de este pacto especial, consignado ante el Consejo Federal Suizo en Berna, no solo pasa por la obligación estatal de cumplir a cabalidad lo contenido en él, sino que también tiene el deber de reconocer a la otra parte firmante.

Pese a tener todo el reconocimiento a la luz del derecho internacional, el trato indigno al que ha sido sometida la población firmante en proceso de reincorporación en los últimos periodos presidenciales, incluyendo las múltiples obstrucciones por parte de funcionarios públicos, solo puede ser catalogado como una ignominia. En la época del exfiscal Néstor Humberto Martínez, se fraguaron entrampamientos contra el proceso y se desnaturalizó parte de lo pactado, especialmente en relación con la Unidad Especial de Investigaciones creada en La Habana. Esto no solo no fue llevado a la instancia de implementación, sino que también se cercenó la autonomía en la investigación judicial, lo que impidió emprender actuaciones en cualquier jurisdicción, como, por ejemplo, las investigaciones por compulsas de copias provenientes de Justicia y Paz. Además, se suma a esta actuación la asfixia administrativa.

Tal será el lastre dejado por Martínez Neira que, el próximo 20 de septiembre, la dirección de la Unidad Especial y el Fiscal General de la Nación son convocados a Audiencia ante la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP) en el trámite de medidas cautelares en favor de los firmantes de paz. En criterio de la jurisdicción, los informes presentados desde el mes de agosto de 2022 por esta unidad son repetitivos y no cumplen con la orden emitida de elaborar un plan de acción que dé cuenta real sobre el esclarecimiento de los crímenes contra la paz con base en los estándares internacionales, el impacto efectivo en el proceso de desmantelamiento de las estructuras criminales detrás de estos hechos y la superación del estado actual de impunidad.

De manera simultánea, la Corte Constitucional en menos de un mes ha emitido dos Autos, ordenando a la Unidad Nacional de Protección que brinde medidas efectivas para la población firmante, especialmente en los 15 espacios de reincorporación calificados de alto riesgo y a las candidaturas del partido Comunes, surgido del Acuerdo Final de Paz.

A pesar de los pronunciamientos en favor de la Paz vistos en las acciones humanitarias de los Acuerdos de Caracas, los Espacios de Conversación socio-jurídica en Buenaventura y el Acuerdo para la Instalación de la Mesa con Estado Mayor Central (EMC), aún brillan por su ausencia compromisos reales y explícitos respecto a garantizar la vida y la integridad de liderazgos sociales y, especialmente, de los y las firmantes de Paz. Es incomprensible privar de la vida a una mujer por el solo hecho de no cumplir con el horario impuesto por el grupo armado, como sucedió con Blanca Libia Marín en La Plata, Huila; o el atentado contra la vida de Marino Molina, firmante del Acuerdo, un día antes de iniciar el proceso de diálogo, o continuar viendo cómo muchos jóvenes se desangran en enfrentamientos entre grupos en el departamento de Arauca.

Pero tampoco el dolor y el desconsuelo pueden ser utilizados con otros fines políticos. La Defensoría del Pueblo, que, cabe decir, tuvo poca contundencia al denunciar los crímenes contra firmantes en el gobierno de Duque, hoy pretende reiterar y presentar como propias unas medidas cautelares ya solicitadas en 2020 ante la CIDH por parte del partido político surgido del Acuerdo. Antes de hacer anuncios públicos, sería importante consultar a la representación de la parte directamente afectada.

Mantener la ilusión en la culminación definitiva de las violencias en el país sigue siendo la premisa y dependerá necesariamente de la voluntad política de quienes dialogan, de toda la institucionalidad del Estado y de la sociedad que, sin mezquindades y lejos de cualquier cálculo político o electoral, prioricemos la vida.