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La política de paz total anunciada por el gobierno de Gustavo Petro produjo, indudablemente, mucho optimismo. Pese a los auspiciosos comienzos de muchos de los procesos de paz que se adelantaron con este marco, dos años después, esta política parece estar agotada.
La idea de la paz total, en un sentido general, era correcta por dos razones. Pese a que los variados grupos en armas que existen en Colombia tienen naturalezas diferentes, existen razones de carácter político y socioeconómico detrás de la persistencia del conflicto que necesitan ser abordadas como país para facilitar la construcción de paz.
La política de negociar con unos grupos y no con otros, a su vez, ha exacerbado muchas veces la violencia en el pasado, y generado las condiciones para que excombatientes se reciclen de una estructura en otra.
Sin embargo, una idea vaga no es una política. A medio camino del gobierno de Petro, una serie de limitaciones conceptuales y metodológicas impiden que se puedan producir los avances esperados para la paz total.
Primero, el concepto de paz total nunca fue definido con claridad, quedando como un concepto nebuloso y esquivo, el cual, al escarbarle la superficie, no tiene mayor sustancia de fondo. Hubo muchos discursos sobre el tema, pero nunca se definieron objetivos generales ni específicos, ni sus alcances.
Nunca hubo tampoco una estrategia a mediano y largo plazo para la construcción de paz, ni una metodología clara que se adaptara a la naturaleza de los diversos grupos con los cuales se quería avanzar en este terreno.
La falta de estrategia a largo plazo se traduce en una serie de medidas cortoplacistas -frecuentemente anunciadas por redes sociales como X (antes Twitter)- que buscan mostrar avances de carácter mediático.
Algunas de estas medidas, como la promoción activa de la fragmentación de los grupos que negocian (entre ellos ELN y EMC de las FARC-EP), generan más complicaciones que beneficios a largo plazo. En estas condiciones, el gobierno pareciera actuar por impulso y de manera inconsistente, recurriendo frecuentemente a la improvisación, quedando a merced de las presiones contradictorias de diversos grupos de interés.
Ha habido escasa pedagogía en torno a la paz, pese a que instituciones como el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Comisión de la Verdad, o a su momento la Comisión Histórica del Conflicto y de sus Víctimas, han hecho contribuciones significativas para comprender la matriz estructural, socioeconómica en que se asienta el conflicto.
Sin embargo, la política de paz total carece de una narrativa sólida en torno a las causas del conflicto y su persistencia. Esto se traduce en posiciones oficiales erráticas e inconsistentes frente a múltiples temas cruciales, sobre todo frente al tema de los cultivos de uso ilícito. Una cosa es el Petro de los discursos en la ONU sobre el fracaso de la guerra contra las drogas, y otra el que implementa esa misma guerra (que reconoce fracasada) en el Cauca.
Existe, además, una disonancia cognitiva entre las partes dentro del marco de la paz total. Por una parte, hay desconocimiento importante por parte del gobierno de los grupos con los cuales se negocia o se pretende negociar.
La discusión sobre la naturaleza política o no de los grupos, está cruzada por una serie de consideraciones moralistas que obscurecen más que aclaran el debate -particularmente en la noción equívoca de que política y actividades ilícitas son mutuamente excluyentes.
Tampoco el gobierno parece conocer bien las capacidades militares y sociopolíticas de sus adversarios, como lo demuestra la intervención en El Plateado, Cauca, donde Petro seguramente esperaba que la población lo iba a recibir con los brazos abiertos, cosa que obviamente no ocurrió.
Por parte de los grupos armados también existe un desconocimiento enorme respecto a la naturaleza de este gobierno, así como de los límites de maniobra que tiene (muchos de ellos originados en las debilidades propias de la coalición de gobierno), y de las posibilidades reales de cambio que existen en el actual contexto. Sin lugar a duda, la retórica de Petro no ayuda, al presentar su gobierno como una revolución, así sea sólo en el sentido lírico de la palabra. Un poco más de humildad sobre lo que este gobierno realmente puede lograr no vendría mal.
También están los problemas de orden metodológico en torno a la Paz Total. Las negociaciones han sido conducidas de manera aislada unas de otras, pese a que los temas de las agendas son similares, sino idénticos, entre ellas. Las delegaciones negociadoras parecieran actuar en total ignorancia de lo que ocurre en las diversas mesas. En vez de Paz Total, parece que estamos ante una política de “paces parciales”, incapaz de pensarse más allá de los “territorial”, en la cual se evidencia la ausencia de una visión de conjunto, nacional, para la superación del conflicto en base a agendas claras. A esto hay que sumar los problemas evidentes de los mecanismos de verificación y monitoreo de los ceses al fuego bilaterales, y la ausencia de esfuerzos para lograr ceses al fuego multilaterales, que es lo que requiere un conflicto con una proliferación de actores como el colombiano. Otro problema grave es la ausencia de canales eficaces para tramitar los problemas entre las partes que inevitablemente surgirán en procesos de negociación de un conflicto tan complejo como el colombiano, y la predilección de las más altas esferas del gobierno de tramitar estas diferencias por comunicados impulsivos en redes sociales. Si a esto sumamos la poca capacidad de ejecución e implementación del gobierno, el panorama en lo metodológico es devastador.
Ante el desgaste de la Paz Total, erosionada por la falta de objetivos, claridades conceptuales y métodos, las inercias institucionales arrastran al gobierno a abrazar la contrainsurgencia de las pasadas décadas, como argumentaba hace poco Jorge Mantilla. En realidad, los objetivos y métodos de la Misión Cauca y la Operación Perseo se distinguen en muy poco de los programas de Consolidación Territorial de la Seguridad Democrática. Así, parece que la Paz Total puede terminar siendo el preludio de una política de Guerra Total, por este gobierno o por el próximo. Lo más trágico de todo, es que prácticamente la totalidad de los grupos hoy existentes tenían, y quizás aún tienen, voluntad de avanzar en la paz. Pese a las indudables dificultades que enfrentaron los varios ceses al fuego bilaterales, éstos lograron reducir significativamente los niveles de violencia. El recrudecimiento del conflicto en varios rincones del país, particularmente en el suroccidente colombiano, nos recuerda que un cese imperfecto es preferible a la guerra frontal.
Queda poco tiempo para abordar estos problemas conceptuales y metodológicos de la Paz Total, pero si en lo que queda de gobierno se sientan las bases para generar estas claridades, entonces no habrá sido todo en vano y se podrá, por fin, pensar en la paz como una política de Estado sólida y no como una consigna para manosear en las campañas electorales.
José A. Gutiérrez, profesor e investigador del Centro de Derechos Humanos Aplicados de la Universidad de York.