El despojo de tierras en el departamento de Magdalena

Por: Equipo de Autoridades Locales del Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria

Aunque se reconoce su existencia, no ha sido caracterizada la red compuesta por grupos sociales, políticos y actores armados, que permitieron la transferencia masiva de tierra durante la ola de violencia paramilitar que tuvo lugar en el departamento de Magdalena entre los años 1997 y 2007. Si bien se conocen casos en los que la institucionalidad se cruzó con los actores armados: una mujer que, con sombreros alones y revólver al cinto, manejó la contratación en varios municipios; un despojador que explotó los inmuebles hurtados con fondos públicos; y un alcalde reelecto después de haberse desmovilizado, entre otros perfiles, aún falta identificar a muchas personas que participaron en la construcción de un tejido que permitió el despojo de una cantidad desconocida de tierra.

En este escenario, el último reporte publicado por el Observatorio de Restitución y Regulación de Derechos de Propiedad Agraria, Despojo paramilitar en el Magdalena: el papel de las élites económicas y políticas, evidencia que, en el caso de la Costa Caribe, dicha operación contó con el apoyo de redes sociales e institucionales complejas, que no se han desenmarañado del todo.  

La presencia del Bloque Norte en el departamento de Magdalena durante ese período, estuvo mediada por la presencia de múltiples acuerdos y coaliciones, que distintas voces hicieron visibles (para el caso, los autores acudieron a la revisión de sentencias judiciales, versiones de desmovilizados, publicaciones periodísticas y entrevistas a funcionarios, campesinos y líderes gremiales, entre otros actores), lo que permitió reconocer los modos de accionar y los perfiles de quienes intervinieron en los despojos. Se trató de sujetos que no reconocían barreras. La coerción fue acompañada con diversas artimañas jurídicas y administrativas, que posibilitaron la apropiación de la tierra, sin importar el estado legal de los inmuebles. Así cayeron predios en proceso de adjudicación, territorios adjudicados, propiedades privadas y hasta ocupaciones sin legalizar.

Como muestra la investigación, la violación de los derechos de propiedad rural no fue la misma en todo el departamento. Por el contrario, las regiones que hoy registran la mayor cantidad de solicitudes de restitución de tierras, como sucede en el centro y el norte del Magdalena, fueron las más afectadas por este fenómeno. Uno de los factores que propiciaron esta concentración fue la relación de los comandantes con determinadas élites rurales. 

Vigencia del reporte

En Colombia existieron distintas unidades paramilitares que se diferenciaron por la forma de controlar el territorio. En el caso de las unidades del Bloque Norte presentes en el departamento de Magdalena, el despojo fue el resultado de una estrategia planificada y sistemática, cuyo reconocimiento público está aún en disputa. Para el caso basta recordar los encuentros llevados a cabo en San Alberto (Cesar) y Sabanas de San Ángel (Magdalena) en 2016, protagonizados por opositores al proceso de restitución de tierras, encabezados por el entonces procurador de la nación, Alejandro Ordóñez, y el presidente de la Federación de Ganaderos, José Félix Lafaurie.

Este es un hecho que no debe pasar desapercibido, dado que este reporte se publica ad portas de la posesión de nuevas autoridades nacionales y regionales. El próximo gobierno deberá nombrar directores en las entidades que regulan la tenencia de la tierra en Colombia y si algo ilustra la experiencia en el departamento de Magdalena, es que una errática designación puede traer consecuencias catastróficas para los campesinos. Sobresale el lamentable ejemplo del ex gerente del INCORA en este departamento, José Fernando Mercado Polo, quien con la ayuda de comandantes paramilitares, favoreció a terceros con tierras de personas desplazadas mediante maniobras administrativas como la revocatoria de resoluciones y las adjudicaciones irregulares. 

Lo dicho no sólo aplica para las autoridades agrarias. El informe que otras autoridades, como las ambientales y municipales (no se debe olvidar, por ejemplo, que hubo alcaldes que ejercieron un papel protagónico como directores del orden público y jefes de la función de policía administrativa), también facilitaron el enriquecimiento de determinados actores en connivencia con los grupos armados. En suma, el trasfondo del documento apunta a problemas sin resolver: el desconocimiento de la magnitud del despojo de tierras que tuvo lugar en la Costa Caribe, la falta de identificación de quienes se beneficiaron del mismo y la existencia de víctimas que esperan hacer efectivo, algún día, su derecho a la restitución.