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Mientras la presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), la juez argentina Silvia Fernández de Gurmedi, no ahorra calificativos a la hora de reconocer las bondades de la JEP, su Fiscal General, la abogada gambiana Fatuo Bom Bensouda, fija su mira en el acuerdo que puso fin al conflicto armado con las Farc y en el futuro jurídico de los altos mandos de nuestras Fuerzas Militares.
En una reciente entrevista a la agencia de noticias Efe, al cumplirse tres lustros del Estatuto de Roma, Fernández dijo que "el proceso colombiano, efectuado en el marco de un país que ha ratificado el Estatuto (de Roma) y que es parte de la CPI, ha demostrado que paz y justicia pueden ser compatibles".
Por su parte, Bensouda escribió un artículo para la revista Semana donde fija su posición sobre los acuerdos y deja entrever su descontento con el modelo de justicia transicional. El epílogo lo resume todo: “La paz echa raíz con más fuerza cuando se planta con firmeza en el terreno de la justicia”.
¿Discrepancias en la cúpula de la CPI? Todo parece indicar que sí. Muchos se preguntarán por qué sucede esto. Trataré de sintetizar una hipótesis a la luz de las noticias relacionadas con los derroteros del tribunal en nuestro país. Un indicio: Colombia es la única nación latinoamericana bajo su lupa.
Pensada como solución posterior a los tribunales ad hoc para la antigua Yugoeslavia y Ruanda, la CPI es un verdadero fiasco de la justicia internacional. Con un presupuesto que superó los 153 millones de euros para cubrir investigaciones y enjuiciamientos en 2016, verbigracia, los tentáculos del tribunal apenas han llegado a los conflictos armados de países del África subsahariana como Congo, Uganda, República Centroafricana, Kenia, Malí, Costa de Marfil y Sudán por el caso Darfur.
Dada su génesis, Bensouda sabe que su prestigio está en juego, máxime cuando en 15 años de funciones, la CPI sólo ha dictado dos sentencias condenatorias: la primera contra Thomas Lubanga Dyilo y la segunda contra Germain Katanga -uno y otro por la situación en la República del Congo-.
Ahí está el quid del asunto: ella quiere dirigir la mirada de la CPI fuera de África.
En este entramado de intereses, Bensouda ha encontrado un aliado estratégico en el hemisferio. Me refiero al chileno José Manuel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch.
Ambos se apoyan en un argumento común: en la versión final del acuerdo de paz se eliminó toda referencia directa al correspondiente artículo 28 del Estatuto Roma, el cual versa sobre la responsabilidad del mando. Curioso que ninguno esgrime estos mismos argumentos al recontar las actuaciones de los cabecillas de las Farc.
Bajo esta interpretación maniquea, se ha dicho que 23 generales y coroneles retirados y activos podrían ser llevados a los estrados del tribunal internacional acusados de “ejecuciones extrajudiciales”. Afirmación bastante lejana de la realidad jurídica, dada la competencia del tribunal internacional y la inexistencia del tipo penal en Colombia.
Ustedes se preguntarán de dónde sale el listado tan detallado de estos oficiales. Ahí aparece la mano de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General y su actual testigo estrella, el coronel Robinson González del Río. Esta especie de Klause Barbie a la colombiana prendió su ventilador para redimirse ante la Fiscalía que antes lo perseguía y ahora lo escucha embelesada.
Quizás algunos de los oficiales señalados por González del Río sí podrían ser llamados a declarar ante la justicia, pero antes deberán ser vencidos en juicio. Les asiste el derecho al debido proceso. ¡Amanecerá y veremos!