Escuchar al presidente Iván Duque en su visita a España y posteriormente ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York generó tres sensaciones: la primera, que se trataba de un candidato a la presidencia y no del presidente que cumplió tres años en el cargo; la segunda, que los graves problemas que tiene el país son atribuibles a otros gobernantes; y la tercera, que su impronta es claridad hacia afuera y oscuridad hacia adentro.
En España, dijo que Juan Manuel Santos “hubiera podido ahorrarse muchos traumas” para Colombia, ya que “el haber puesto la paz como un concepto electoral no le hizo bien al país”. No se comprende qué quiso decir con esas expresiones estólidas, pero lo evidente es que ni el actual presidente ni su partido de gobierno han podido concebir que el Acuerdo de Paz es una gran consecución política y social, que ya hace parte de la historia grande de nuestro país.
Tampoco se entiende cómo después de cincuenta y cinco años de conflicto armado y ante los intentos fallidos de los expresidentes Pastrana y Uribe por negociar con los grupos guerrilleros, especialmente con las Farc, se quiera desconocer a quien indiscutiblemente lideró el Acuerdo final y lo hizo realidad. Ese odio visceral y traumático, resulta contrario a los anhelos ciudadanos por el logro y el mantenimiento de la paz.
Desconocer el Acuerdo de Paz, deslegitimarlo, atacar a la Jurisdicción Especial para la Paz, poner obstáculos en la implementación y avanzar lentamente hicieron parte de la campaña a la presidencia del señor Duque y ha sido una constante durante su gobierno. En su intervención en la Asamblea de la ONU, dijo que el Acuerdo de Paz con las Farc es frágil, aunque señaló que tiene progresos significativos en el proceso de reincorporación de los excombatientes y logros de la paz con legalidad. Vale recordar que el Acuerdo de Paz tiene solidez política y jurídica, dado que en su edificación participaron los miembros de las Farc, un grupo armado y revolucionario con una larga existencia y dominación territorial; también concurrieron el pueblo colombiano y las ramas del poder público, no solo el gobierno de entonces. Sin embargo, el Acuerdo se debilita si no se cumple con lo pactado. Aunque se quiso mostrar otra cara en la ONU, la realidad es distinta.
Ante los ojos del mundo está la tragedia humanitaria que se vive todos los días en Colombia con la matanza de líderes sociales y exmiembros de las Farc; el desplazamiento forzado permanente de miles de personas; la precariedad en la atención social a las comunidades y a quienes dejaron las armas; la reforma agraria y la redistribución de tierras que está en veremos, pues avanza lentamente y con obstáculos; el mandato constitucional de proteger a las personas en su vida, honra y bienes, es ilusorio. Pero la respuesta fácil, evasiva y ligera siempre está a la mano: esto es culpa de las disidencias, de los grupos criminales, del narcotráfico y de la dictadura de Maduro. Se ha repetido lo mismo durante tres años de gobierno, la culpa es de los demás.
Este gobierno no admite sus errores, ni las críticas, ni se autoevalúa; tampoco escucha, ni dialoga. Muestra de ello es creer que las fumigaciones con glifosato son una gran estrategia; el aumento de penas y la creación de delitos es forma idónea de acabar con la criminalidad; el envío de tropas como solución a las demandas sociales y de inversión de las comunidades más olvidadas del país; la defensa férrea de instituciones con serios cuestionamientos sobre violaciones a los derechos humanos y la exaltación de funcionarios cuestionados.
El tratamiento del Gobierno de Colombia a los venezolanos es consecuente con los instrumentos internacionales y ciertamente hay una tragedia humanitaria que convoca la solidaridad de los pueblos; pero al menos los canales de comunicación consulares deberían restablecerse. Aunque se quiera marcar las diferencias, el Gobierno de Colombia y el de Venezuela tienen similitudes, basta con mirar las posiciones respecto a la protesta social y a las recomendaciones de la CIDH. Finalmente, ¿quién le está haciendo daño al país? ¿la fragilidad está en el Acuerdo de Paz o en el actual Gobierno?
Escuchar al presidente Iván Duque en su visita a España y posteriormente ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York generó tres sensaciones: la primera, que se trataba de un candidato a la presidencia y no del presidente que cumplió tres años en el cargo; la segunda, que los graves problemas que tiene el país son atribuibles a otros gobernantes; y la tercera, que su impronta es claridad hacia afuera y oscuridad hacia adentro.
En España, dijo que Juan Manuel Santos “hubiera podido ahorrarse muchos traumas” para Colombia, ya que “el haber puesto la paz como un concepto electoral no le hizo bien al país”. No se comprende qué quiso decir con esas expresiones estólidas, pero lo evidente es que ni el actual presidente ni su partido de gobierno han podido concebir que el Acuerdo de Paz es una gran consecución política y social, que ya hace parte de la historia grande de nuestro país.
Tampoco se entiende cómo después de cincuenta y cinco años de conflicto armado y ante los intentos fallidos de los expresidentes Pastrana y Uribe por negociar con los grupos guerrilleros, especialmente con las Farc, se quiera desconocer a quien indiscutiblemente lideró el Acuerdo final y lo hizo realidad. Ese odio visceral y traumático, resulta contrario a los anhelos ciudadanos por el logro y el mantenimiento de la paz.
Desconocer el Acuerdo de Paz, deslegitimarlo, atacar a la Jurisdicción Especial para la Paz, poner obstáculos en la implementación y avanzar lentamente hicieron parte de la campaña a la presidencia del señor Duque y ha sido una constante durante su gobierno. En su intervención en la Asamblea de la ONU, dijo que el Acuerdo de Paz con las Farc es frágil, aunque señaló que tiene progresos significativos en el proceso de reincorporación de los excombatientes y logros de la paz con legalidad. Vale recordar que el Acuerdo de Paz tiene solidez política y jurídica, dado que en su edificación participaron los miembros de las Farc, un grupo armado y revolucionario con una larga existencia y dominación territorial; también concurrieron el pueblo colombiano y las ramas del poder público, no solo el gobierno de entonces. Sin embargo, el Acuerdo se debilita si no se cumple con lo pactado. Aunque se quiso mostrar otra cara en la ONU, la realidad es distinta.
Ante los ojos del mundo está la tragedia humanitaria que se vive todos los días en Colombia con la matanza de líderes sociales y exmiembros de las Farc; el desplazamiento forzado permanente de miles de personas; la precariedad en la atención social a las comunidades y a quienes dejaron las armas; la reforma agraria y la redistribución de tierras que está en veremos, pues avanza lentamente y con obstáculos; el mandato constitucional de proteger a las personas en su vida, honra y bienes, es ilusorio. Pero la respuesta fácil, evasiva y ligera siempre está a la mano: esto es culpa de las disidencias, de los grupos criminales, del narcotráfico y de la dictadura de Maduro. Se ha repetido lo mismo durante tres años de gobierno, la culpa es de los demás.
Este gobierno no admite sus errores, ni las críticas, ni se autoevalúa; tampoco escucha, ni dialoga. Muestra de ello es creer que las fumigaciones con glifosato son una gran estrategia; el aumento de penas y la creación de delitos es forma idónea de acabar con la criminalidad; el envío de tropas como solución a las demandas sociales y de inversión de las comunidades más olvidadas del país; la defensa férrea de instituciones con serios cuestionamientos sobre violaciones a los derechos humanos y la exaltación de funcionarios cuestionados.
El tratamiento del Gobierno de Colombia a los venezolanos es consecuente con los instrumentos internacionales y ciertamente hay una tragedia humanitaria que convoca la solidaridad de los pueblos; pero al menos los canales de comunicación consulares deberían restablecerse. Aunque se quiera marcar las diferencias, el Gobierno de Colombia y el de Venezuela tienen similitudes, basta con mirar las posiciones respecto a la protesta social y a las recomendaciones de la CIDH. Finalmente, ¿quién le está haciendo daño al país? ¿la fragilidad está en el Acuerdo de Paz o en el actual Gobierno?