El futuro sin tierras para los campesinos

David Franco Mesa y Milton Valencia-Herrera.

En diferentes ocasiones utilizamos este espacio para informar a la opinión pública sobre los constantes incumplimientos del Gobierno Nacional en la implementación del Acuerdo Final de Paz (AFP) como el retraso en la creación de la jurisdicción o especialidad agraria y el incumplimiento del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) a través de estrategias jurídicas dignas de tinterillos. También hemos mostrado los incumplimientos en otros espacios, particularmente en algunos debates de control político en la Cámara de Representantes. Por invitación del representante Ciro Fernández Núñez, de la Comisión Quinta Permanente, el Observatorio de Tierras de la Universidad del Rosario participó el 17 de noviembre de 2021 en un debate sobre el Subsidio Integral de Acceso a Tierras (SIAT), una de las estrategias contempladas en el Acuerdo Final de Paz para garantizar el acceso a las 3 millones de hectáreas prometidas en el punto de la Reforma Rural Integral.

Sin ser una sorpresa para nadie, pasados 5 años no es posible afirmar que se haya entregado subsidio alguno, porque la información que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) ofrece no discrimina entre los nuevos subsidios SIAT y solicitudes bajo modalidades anteriores que hasta ahora se están resolviendo. Pero, oh sorpresa, este no es el único incumplimiento. El avance en la entrega de créditos especiales para el acceso a tierras tampoco es alentador. A continuación le explicaremos al lector la paupérrima actuación de un gobierno que parece estar haciendo todo lo posible por no cumplir con lo pactado.

Tres mecanismos, tres incumplimientos

Para cumplir con la meta de los 3 millones de hectáreas se crearon tres mecanismos o rutas: (i) la entrega de tierras provenientes del Fondo de Tierras Para la Reforma Rural Integral (ii) el SIAT y (iii) créditos especiales de compra. Vamos casi a la mitad del partido y, según información de la ANT, solo se han entregado 235.101 hectáreas (el 7,84%) con corte a junio de 2021 para el primer mecanismo, 0 hectáreas compradas con subsidios SIAT a corte de noviembre de 2021 para el segundo mecanismo y 298 créditos (sin información del número de hectáreas) para compra de tierras a corte de octubre de 2021 para la tercera ruta de acceso a tierras. Los últimos dos mecanismos hacen parte de las operaciones del mercado, como las denomina Albertus (2015).

El SIAT, como subsidio de acceso a tierras, se reglamentó a través del Decreto 1330 de 2020 del 6 de octubre, es decir casi cuatro años después de la firma del AFP (24 de noviembre de 2016). Fue necesaria la interposición de una acción de cumplimiento por parte del representante Ciro Fernández Núñez para que el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural expidiera dicha normativa. A grandes rasgos, el SIAT pretende financiar (i) el valor del predio por adquirir, (ii) el monto de los gastos notariales y de registro, (iii) los gastos de subdivisión del bien, en los casos que proceda, y (iv) el proyecto productivo. Ahora bien, los valores (i), (ii) y (iii) son definidos por la Agencia Nacional de Tierras que es la máxima autoridad de las tierras de la Nación y que tiene por objeto ejecutar la política de ordenamiento social de la propiedad rural formulada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. En cambio, el valor del proyecto productivo es determinado por la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) que es responsable de gestionar el desarrollo agropecuario y rural en cumplimiento de los objetivos del Sistema Nacional de Reforma Agraria. Sin embargo, tanta maravilla se ha quedado en letra muerta.

Frente al último mecanismo, el acceso a tierras a través de créditos, se implementó a través de las Líneas Especiales de Crédito (LEC). Estas son un instrumento financiero que se originó en la Ley 1133 de 2007 como estrategia para apoyar la competitividad del sector agropecuario. Luego de la firma del AFP, la Comisión Nacional del Crédito Agropecuario (CNCA) -organismo encargado del financiamiento y manejo de riesgos del sector agropecuario- introdujo formalmente la LEC para acceso y gastos de formalización de tierras de la mano de Finagro, establecimiento de crédito vinculado al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) que actúa como entidad de segundo piso. En otras palabras, corresponde a Finagro otorgar los recursos destinados por el MADR para las LEC en condiciones de fomento a las entidades financieras. Las entidades financieras a su vez prestan el dinero a las personas que cumplan con los requisitos establecidos en la resolución 18 de 2019 del CNCA del 18 de diciembre. Nuevamente es evidente la reglamentación tardía de los LEC para cumplir con lo establecido en el acuerdo de paz, en esta ocasión 3 años para expedir la normativa requerida. Según información obtenida por el Observatorio de Tierras a través de un derecho de petición, se han tramitado 298 créditos, sin información sobre el número de hectáreas entregadas.

En conclusión, a corte del 30 de abril del 2021 se han entregado 2.245 hectáreas a campesinos sin tierra o con tierra insuficiente, pues el resto corresponde hectáreas tituladas a grupos étnicos o entidades de derecho público. El panorama a futuro tampoco es alentador, pues según la Procuraduría General de la Nación del 1.190.331 de hectáreas ingresadas al Fondo de Tierras con corte al 31 de marzo de 2021, solo un 2% no presenta ocupaciones previas. El resto de tierras presenta ocupaciones previas o se trata de formalizaciones de propiedad privada que no deberían contabilizarse, pues claramente no cumplen con el criterio de entregar tierra a los campesinos sin tierras o con tierras insuficientes. En ese sentido, el manejo de la información y la contabilización de las cifras deja mucho que desear.