No podemos caer en la falsa idea de que no se puede implementar el Acuerdo de Paz hasta que no existan plenas garantías de seguridad territorial, o pretender que cuando se implemente integralmente lo pactado, llegará dicha seguridad a los territorios que por décadas han sufrido la brecha institucional y el abandono estatal.
Han transcurrido cuatro años desde el vil asesinato de Jorge Iván Ramos Camacho, conocido como Mario Morales, un reconocido guerrillero de las extintas FARC-EP en la región del Magdalena Medio, quien había emprendido el arduo camino de la construcción de la paz tras la firma del Acuerdo de La Habana. Después de recorrer durante años, entre canciones vallenatas, el río Caribona y sus afluentes como La Ahuyama y el Arizá, Mario fue destacado por coordinar quizás uno de los mayores retos de la implementación del Acuerdo: el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).
En cumplimiento de los compromisos derivados de los decretos gubernamentales, Mario, junto con otros destacados miembros de la extinta guerrilla, se dirigió hacia la vereda Palma Chica del municipio de Santa Rosa, en el sur de Bolívar, con el fin de ubicar las coordenadas de la finca “Caño Oso”. Según las investigaciones, al emprender el camino hacia dicho predio, fue abordado por integrantes del Frente de Guerra Darío Ramírez del ELN, comandados por Santiago, quienes lo asesinaron vilmente en estado de indefensión. Su crimen sigue en la impunidad.
La violencia continuó en varias regiones del país, pese a los ingentes esfuerzos del nuevo gobierno por detenerla. Esta nueva ola no se enmarca en lo que muchos consideran una violencia clásica entre grupos insurgentes que atentan contra el orden constitucional vigente del Estado; esta es una guerra por el control de las economías ilegales en los territorios, donde participan grupos paramilitares, disidencias, algunas antiguas organizaciones guerrilleras que aún poseen un tinte político y donde solo se benefician directamente grupos transnacionales.
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Tal fue lo premeditado del incumplimiento por parte de gobiernos anteriores, que uno de los puntos del Acuerdo, el punto cuatro sobre solución al problema de las drogas ilícitas, que podría ser el catalizador de estas nuevas violencias, no se implementó. Solo después de siete años y tras la malversación de sus fondos, recibió recientemente el respaldo del gobierno nacional para implementar la política pública por medio de la junta de direccionamiento estratégico del PNIS, con la inversión de al menos un billón de pesos que espera cumplir en un plazo de un año con las casi cien mil familias que se vincularon a este programa.
Las posibles soluciones a los conflictos que persisten parecieran tener fórmulas agotadas; las mesas de negociación se encuentran congeladas o siguen dando vueltas sin llegar al fondo y se avanza poco, mientras los grupos armados hacen malabares entre la coca, la tala indiscriminada y la minería ilegal para mantener o disputar el control de varias regiones. Es necesario replantear el método para lograr la paz completa, pues el presidente entiende que la gobernabilidad es el futuro de la nación y, aunque parezca obvio, el gobierno ha recurrido a su principal instrumento, el Acuerdo Final, para garantizar el éxito de la apuesta política por materializar el anhelo de paz en Colombia.