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Este nuevo panorama político supone un gran desafío para el Gobierno Nacional y sus apuestas para la implementación de la Paz Total, especialmente en los territorios donde se experimenta una escalada de la violencia y el conflicto. Según la Misión de Observación Electoral (MOE), 166 municipios presentaron algún nivel de riesgo por fraude electoral y violencia, en la que el nivel de riesgo extremo pasó de 40 reportes en el 2019 a 81 reportes en la contienda actual. Lamentablemente, varios de estos riesgos pasaron de ser una advertencia a ser hechos que cobraron vidas y provocaron la suspensión temporal del escrutinio en algunos lugares.
Para ejemplificar los posibles efectos de los resultados electorales en la implementación de apuestas de paz total, vale la pena observar el contexto del Catatumbo y el Sur del Meta. Dos territorios golpeados por la violencia y en donde los resultados favorecieron la elección de nuevos mandatarios, en su mayoría, independientes y de oposición al Gobierno Nacional y a los diálogos adelantados con actores armados
En el departamento del Meta los electores le otorgaron la gobernación a Rafaela Cortés Zambrano del Movimiento Fe y Firmeza (Centro Democrático, el Partido de la U, Conservador, Verde Oxígeno y Creemos), quien ondeó las banderas de una política de seguridad fuerte, agresiva y descentralizada a todas las autoridades regionales del departamento, distanciándose del concepto de Paz Total. Este discurso tuvo eco en los metenses por el contexto departamental de orden público reciente. Entre 2022 y 2023 se han emitido múltiples alertas y reportes de seguridad por el aumento de casos de extorsiones, secuestros, e incluso, órdenes de carnetización de la ciudadanía para el tránsito entre municipios por parte de grupos al margen de la ley.
Previo a la contienda electoral, la Defensoría del Pueblo expidió la Alerta Temprana No. 030-23 notificando que diecinueve municipios del Meta estaban en riesgo extremo y medio. La mayoría de ellos correspondientes al sur del departamento, donde hacen presencia grupos como la Segunda Marquetalia, disidencias de las FARC y grupos armados neoparamilitares, entre otros.
El panorama del Meta es complejo. Si bien se han ejecutado algunos proyectos como los Caminos Comunitarios de la Paz Total, el fortalecimiento de liderazgos femeninos para la sostenibilidad y el impulso de la economía local del territorio, el aumento de la inseguridad y la constante presencia de grupos armados impone límites al avance en la implementación de la Paz, a lo que se suma la sensación ciudadana de abandono por parte del Gobierno Nacional. Si bien es temprano para afirmar cómo será la relación entre la Gobernación y el Gobierno Nacional, en el departamento se espera una fuerte crítica a las decisiones de Petro, ya consideradas como indulgentes, y una exigencia constante de medidas militares como respuesta a la situación de orden público.
En el departamento del Norte de Santander la ciudadanía eligió como gobernador a William Villamizar Laguado, repitente en el cargo por tercera ocasión. Con el apoyo de partidos tradicionales como el Conservador, Cambio Radical y Partido de la U, Villamizar también le apuesta a una política de seguridad agresiva, contraria en sus formas a la propuesta de Paz Total. El contexto territorial está marcado por adversidades de orden público, principalmente en la región del Catatumbo, donde se experimentan confrontaciones y hostilidades. En ese sentido, el Centro de Información e Inteligencia Electoral reportó en el mapa de prevención y seguridad electoral una presencia de grupos ilegales -mayoritariamente lideradas por las Disidencias de las Farc-, que representaban un riesgo en la seguridad y el ejercicio electoral.
A pesar de las adversidades, no hay que desconocer los logros que ha dejado el Acuerdo de Paz en el territorio. La primera Oficina de Paz en Colombia, ubicada en el municipio de El Tarra, apalanca la reintegración efectiva de excombatientes. Esta oficina liderada por 98 personas en proceso de reincorporación se ha convertido en una plataforma para impulsar proyectos productivos en la región y brindar oportunidades a quienes alguna vez portaron las armas.
Ahora bien, con los resultados electorales puede estar en juego esta y otras iniciativas como los recientes diálogos adelantados entre el ELN y el Gobierno Nacional en octubre, los cuales demostraron un compromiso de las partes por buscar soluciones pacíficas. La decisión de suspender las acciones ofensivas conversadas en los espacios refleja una clara voluntad de proteger a la población civil y reducir los efectos del conflicto armado en la zona, cuestión que no debe ser desconocida ni deslegitimada por el gobierno de turno en el territorio.
De ser así, mientras las autoridades regionales y locales de oposición al Gobierno Nacional perpetúen discursos de seguridad beligerantes y anti insurgencia, se afianzarán mandatarios a lo largo del país con baja voluntad política y una fuerte reticencia a trabajar de manera conjunta para implementar los objetivos trazados en el Acuerdo Final de Paz. Este escenario, podría significar un grave retroceso en los adelantos logrados hasta el momento en materia de cese al fuego, mesas instaladas para el diálogo, proyectos de ley para el desarme, desmovilización y reincorporación, entre otros.
Es por esto que, desde Foro hacemos un llamado a las autoridades regionales de estos territorios y el resto del país para que las posturas ideológicas trasciendan las barreras y velen por el bienestar de quienes conformamos la nación. Es a través del diálogo, la colaboración y el compromiso, que los nuevos gobiernos pueden tejer una relación estrecha con el Gobierno Nacional y aportar a una sociedad que merece garantías para el ejercicio ciudadano y reconoce la no repetición como pilar fundamental en la gobernanza de los territorios.